A raíz de la publicación de la nota «El pozo», de Rosario Touriño, en Brecha el 13 de marzo de 2026, considero necesario aportar mi versión de los hechos.
La propia nota señala que Brecha procuró obtener mi posición y no obtuvo respuesta. Corresponde, entonces, que esta respuesta permita incorporar información y documentación que considero sustantiva para comprender adecuadamente lo ocurrido.
En primer lugar, corresponde precisar el destino del monto de 100 mil dólares mencionado en la nota. Ese monto corresponde al financiamiento de las actividades previstas en el convenio entre Ancap y la Facultad de Ciencias (FCIEN) y no constituye una remuneración personal para mí. El proyecto involucra a investigadores, docentes, técnicos y estudiantes de distintas instituciones, y los fondos se destinan al desarrollo de las actividades previstas, incluida la contratación de jóvenes investigadores. Varios de los investigadores participantes, entre ellos quien suscribe, no perciben remuneración alguna con cargo al convenio.
En segundo lugar, es importante diferenciar claramente el proyecto Uruguay Sub-200 del convenio Ancap-FCIEN. Se trata de proyectos diferentes, con objetivos, financiación y mecanismos de trabajo propios. Uruguay Sub-200 fue una campaña científica internacional destinada a ampliar el conocimiento sobre el margen continental uruguayo y sus ecosistemas. No fue realizada por encargo de Ancap ni de una empresa petrolera, ni tuvo por objeto generar información para ellas. Tampoco formó parte del convenio Ancap-FCIEN.
También corresponde precisar un aspecto central referido a las cláusulas de confidencialidad. La propia nota recoge que, durante el tratamiento del convenio por la Universidad de la República (Udelar), se señaló que su redacción definitiva debía interpretarse conforme al régimen jurídico de acceso a la información y, específicamente, a las normas que garantizan el acceso a la información ambiental. La nota recoge, asimismo, la posición expresada en el Consejo Directivo Central de la Udelar en cuanto a que esas obligaciones legales impiden interpretar las cláusulas de confidencialidad como una restricción al acceso público a la información ambiental. Por ello, la sola existencia de esas cláusulas no puede equipararse, sin más, a que los resultados científicos producidos mediante el convenio queden sustraídos del conocimiento público.
Existe, además, un elemento documental que considero imprescindible incorporar a esta discusión. El Ministerio de Ambiente tiene publicado oficialmente el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de perforación exploratoria offshore de APA Exploration en el bloque OFF-6.
Dentro de ese documento se encuentra el informe Relevamiento de información para el componente biótico de la zona del área de exploración bloque OFF-6 en la ZEE uruguaya, fechado en noviembre de 2025. El informe explica que su finalidad fue aportar información para la caracterización biológica del área de exploración de APA, como insumo para su Estudio de Impacto Ambiental. Señala, asimismo, que el trabajo se realizó sin campañas de campo, mediante la recopilación y análisis de información científica y técnica existente. Entre los técnicos participantes de ese informe figuran investigadores pertenecientes al Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.
Este antecedente muestra que la relación entre actividad académica, independencia científica
y proyectos vinculados con la exploración de hidrocarburos no se limita al convenio Ancap-FCIEN. Por esa razón, considero que estas situaciones deben ser examinadas mediante criterios institucionales generales, coherentes y transparentes.
La cronología resulta, además, relevante: el informe técnico elaborado para APA está fechado en noviembre de 2025, mientras que en diciembre de ese mismo año se cuestionó institucionalmente el convenio Ancap-FCIEN precisamente en relación con la participación universitaria en actividades vinculadas a la exploración de hidrocarburos.
No sostengo que la participación de investigadores en un estudio de impacto ambiental sea, por sí misma, indebida. Tampoco sostengo que la participación en un convenio con un organismo estatal implique falta de independencia científica. Lo que sostengo es que ambos hechos deben ser conocidos y analizados bajo el mismo estándar de transparencia.
A la luz de la documentación oficial actualmente disponible, considero necesario completar la información presentada en «El pozo». La discusión no puede reducirse a quién promovió un convenio, cuánto dinero involucró o qué opiniones existieron dentro de un instituto universitario. También debe conocerse qué proyectos se desarrollaron, quiénes participaron, en qué fechas, con qué objetivos y bajo qué condiciones institucionales.
(Leticia Burone. Doctora en Oceanografía y ex profesora adjunta del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.)
Es saludable recibir, aunque sea siete meses después de publicado el artículo en cuestión, la versión de la doctora Burone. No se necesita invocar un derecho de réplica –cuyo plazo está a todas luces vencido– para que este semanario cultive su tradición de publicar textos firmados por personas aludidas en sus artículos. Como la propia doctora menciona, antes de la publicación se procuró obtener su mirada a través de un mensaje enviado a su celular personal que no tuvo respuesta alguna.
Varias de las consideraciones de la remitente exceden a la autora: es tarea de la Facultad de Ciencias y de la Universidad de la República dirimir hasta qué punto garantiza la difusión abierta del conocimiento científico sobre asuntos de tanta importancia y que pueden comprometer seriamente la integridad de los ecosistemas nacionales, así como la determinación del alcance ético de sus convenios con el sector privado o los desarrolladores estatales de actividades con comprobado riesgo ambiental. Lo que sí es pertinente aclarar es que Brecha dio cuenta de un probado conflicto universitario vinculado a este tipo de convenios –que pudo corroborar en expedientes públicos y con distintas fuentes consultadas– por considerar que el asunto era de alto interés público, en un contexto de intensa movilización socioambiental a raíz, precisamente, de la nueva ronda de exploración de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo. También presentan interés informativo algunas de las aclaraciones complementarias de Burone, que parecen aludir a actuaciones de otros actores universitarios.
Por último, cabe precisar que en las líneas por mí escritas nunca se planteó que el monto de 100 mil dólares aportado por Ancap ofició de remuneración de Burone. Si bien en el texto se recogieron opiniones generales sobre los dilemas de precariedad laboral que muchas veces implican estos convenios para los jóvenes investigadores, no se ingresó –por no ser el objetivo periodístico de este artículo en particular– en la distribución interna en su unidad académica de los ingresos vertidos por el ente público en el proyecto que Burone lidera, más allá de remitir a un comunicado público de la Red Unión de la Costa.
Rosario Touriño
