La logística y la lógica

Al volante va Elena, productora agroecológica que todos los sábados organiza una feria al frente de su casa, en Villa Sara, pueblo casi contiguo a la ciudad de Treinta y Tres, al sur del río Olimar. En el asiento de atrás, Soraya, vuelta a la capital olimareña después de 40 años trabajando en el ámbito de la salud en Montevideo, cuenta historias de militancia sindical y evalúa que la movilización ante la sequía de 2023 fue un antes y un después para los movimientos ambientales, porque entonces los problemas del agua en Uruguay golpearon de lleno a la población concentrada en la capital. Con Elena y Soraya, de la generación del 63, viaja también Kianá, tres décadas menor y estudiante de la Licenciatura en Gestión Ambiental en el Centro Regional Universitario del Este (CURE), de la Universidad de la República. Es una pequeña muestra, bastante representativa, de la composición de la Asamblea Hue Mirī en defensa de la laguna Merín: intergeneracional, mayormente feminizada y con trayectorias de militancia plurales ancladas tanto en el territorio como en la academia.

Kianá va explicando cómo funcionan los cultivos de arroz que predominan en la zona y, a la vez, cómo los tacuruses que pululan en algunos tramos de la ruta 17 eran utilizados por los indígenas para la construcción de los cerritos de indios, patrimonio cultural en el que la asamblea pone especial cuidado. Ya en La Charqueada, la estudiante identifica las especies del frondoso monte nativo que se extiende a ambos márgenes del río y que llena los sentidos al cruzar el puente que conecta con el pueblo Cebollatí, en el departamento de Rocha. Las nativas, las invasoras, las que sirven de alimento para los animales.

La Charqueada, que formalmente se llama General Enrique Martínez, es el pueblo más cercano al puerto y nodo logístico que la empresa Cinclus SA pretende instalar a 8 quilómetros de la desembocadura del Cebollatí en la laguna Merín. El pueblo está 11 quilómetros aguas arriba de donde se instalaría el puerto y, entre su población, cuenta con familias de pescadores artesanales, algunas formalizadas ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, otras no. «Al que no vive del río el puerto no lo va a afectar», dice a Brecha uno de esos pescadores. Desde la asamblea, sin embargo, advierten el impacto social que sobre el pueblo podría tener el período de construcción de las obras y, luego, la intensificación del tránsito de personas, con actividades ilícitas como la trata, la explotación laboral y sexual o el tráfico de sustancias ilegales, de los que no faltan antecedentes en emprendimientos similares. Según pudo reconstruir este semanario, el alcalde de La Charqueada se ha arrimado a los pescadores anunciando las mejoras que les podrían llegar de concretarse el puerto y el nodo logístico. Esa es toda la participación que se les ha dado en un proyecto que ya lleva más de dos años en elaboración.

«Algo escuché. Pienso que puede ser bueno», dice un joven comerciante del rubro gastronómico al ser consultado por la iniciativa. No está enterado de que para la mañana siguiente está convocada una audiencia pública sobre el tema. Desde la Hue Mirī le dejan un folleto con su visión del asunto y lo invitan a participar. «El puerto no va a salir», afirma, con escepticismo, un septuagenario poblador local, luego de explicar pormenorizadamente el proceso tradicional para hacer carbón con leña de monte y resumir su vida de siete oficios, entre los que se cuenta haber sido empleado de Arrozal 33, donde se perdieron «en un incendio» sus años de aportes jubilatorios. «Desde chico escucho que dicen que van a hacer un puerto, pero nunca se hace», concluye el hombre. Un repaso de las intenciones históricas de construir una hidrovía en la laguna Merín a cargo de Edison González Lapeyre –de los expertos más reconocidos en derecho marítimo y portuario del Uruguay– parece darle la razón.

González Lapeyre celebró en una columna de 2021 que hubiera un principio de acuerdo entre los entonces presidentes Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro para promover un «corredor fluvio-lacustre que permitirá conectar terminales en el río Tacuarí y en el río Cebollatí, con puertos brasileños a través de la laguna Merín y la laguna de los Patos», un proyecto apoyado por las sucesivas administraciones frenteamplistas con hitos importantes en la de José Mujica y en la segunda de Tabaré Vázquez. Según su relato, el proyecto fue formulado originalmente hace más de 50 años por la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, que entonces integraban Carlos Manini Ríos (el tío del líder de Cabildo Abierto) y el propio González Lapeyre, entre otros. La columna recuerda también que en 2001 se le concedió a la empresa Timonsur SA una porción del álveo (una porción pública de costa) del Cebollatí y la autorización para prestar servicios portuarios en La Charqueada, y menciona el proyecto de Fadisol SA para construir una terminal portuaria más al norte, en el río Tacuarí, límite entre los departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo (Libertas, 12-III-21).

Fadisol SA es la empresa del uruguayo Carlos Foderé y, de acuerdo con una nota de El País (27-IV-26), ya ha obtenido un álveo público, permisos ambientales y de la Administración Nacional de Puertos. Su iniciativa empezó en 2005 y la ilusión de su promotor, al igual que la del Cebollatí, se vio renovada con la reciente adjudicación por parte del gobierno brasileño de la licitación para dragar los canales San Gonzalo y Sangradouro, que conectan la Merín con la laguna de los Patos.

«La idea» de la comisión mixta «era poder transportar, desde la zona Este del país, en convoyes de barcazas de poco calado, los productos uruguayos al Brasil y los de ese país al nuestro, a un costo sensiblemente inferior al que resulta cuando el traslado se efectúa por tierra», sintetizaba en su columna González Lapeyre. Y esa idea no ha cambiado demasiado, aunque tiene sus variantes. En la zona se ha extendido exponencialmente el modelo extractivista de grandes plantaciones forestales y sojeras, y se ha sumado la cementera brasileña Cielo Azul, que tiene una fábrica en Treinta y Tres y podría exportar clínker (un componente para fabricar cemento y hormigón) por las eventuales terminales portuarias de la Merín y sus afluentes. Sobre ese modelo, sus beneficiarios reales y prometidos, su compatibilidad con actividades alternativas como el turismo de bajo impacto, la pesca artesanal o la agroecología, y la preservación del patrimonio natural y cultural de la zona, giró buena parte de la audiencia pública para recategorizar el suelo en el que pretende instalarse el Nodo Logístico Cebollatí (NLC).

LA AUDIENCIA

Mientras guían la recorrida por La Charqueada, las integrantes de Hue Mirī colaboran en la coordinación de una camioneta que traerá a 15 personas desde Rocha para participar en la audiencia pública que tendrá lugar al otro día (el miércoles 4 de noviembre) en la sede del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en Villa Sara. Traerá desde docentes y estudiantes del CURE hasta la hija de una familia de pescadores de Barra de Valizas. También llegarán, desde el norte, pequeños productores de la Isla Patrulla y pescadores de la propia laguna Merín. Algunos viajarán organizados, otros por cuenta propia.

En la mañana del martes, otro grupo se encarga de presentar ante la Intendencia de Treinta y Tres un recurso jurídico que solicita por la ley de acceso a la información pública la entrega de un cúmulo de datos faltantes en la documentación divulgada por la comuna sobre el proyecto. A la vez, pide que se suspenda la audiencia y el trámite del Programa de Actuación Integrada Complementario (PAIC) del NLC, por no estar dadas las condiciones legales para la recategorización del suelo en cuestión.

Pero la audiencia, de todas formas, sucede. Se trata de una instancia pública y abierta que debe convocarse de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible cuando un gobierno departamental quiere cambiar la categoría de un suelo. En este caso, el padrón donde se ubicaría el nodo logístico –el 10.976– está categorizado como suelo rural productivo con atributo de potencialmente transformable a suburbano logístico, conforme a las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Treinta y Tres. «Este atributo constituye una previsión para una posible transformación del sector, pero no modifica por sí mismo la categoría vigente ni establece la ordenación particular necesaria para su desarrollo», aclara la Memoria de Información del proyecto, uno de los tres documentos que la intendencia puso a disposición de la ciudadanía. La modificación es clave para que el emprendimiento sea habilitado.

Previamente, la comuna abrió la puesta de manifiesto, un período de 30 días para recibir valoraciones de la ciudadanía sobre la iniciativa de recategorización, al que también obliga la ley. Hue Mirī presentó entonces un documento de 37 páginas, con cuatro capítulos, de análisis crítico sobre las dimensiones jurídico-normativas, participativa y de consulta previa, ambiental y de bienes comunes, y socioeconómica, que identifica faltas sustanciales en todos los aspectos del proyecto. Pero a poco de iniciada la audiencia, quedó claro que «las autoridades» (las comillas se justificarán más adelante) no lo habían leído ni lo tendrían en cuenta para el intercambio.

Quien quiera ver el registro completo de cinco horas y media del encuentro puede hacerlo en el canal INIA Uruguay en vivo, en YouTube, o en la cuenta de Instagram de la radio comunitaria Ulmá de Punta del Diablo. Lo que sigue es un resumen a cargo de este semanario.

Al inicio, empezó hablando una de las cuatro personas que se ubicaron en el escenario del auditorio del INIA (donde había, por lo menos, cien personas). Sin presentarse, agradeció a los presentes y, «antes de darle la palabra a los técnicos que han sido los responsables de la elaboración de este PAIC», hizo una breve síntesis, de cuatro minutos, para dar marco a la convocatoria y situar en qué etapa está el proyecto. Aclaró que no se trataba de una instancia resolutiva, que la recategorización del suelo debe dirimirse en la junta departamental y que, si bien van de la mano, el cambio de categoría y la aprobación del proyecto son dos procesos distintos. La última palabra sobre el puerto y el nodo logístico, dijo, la tiene el Ministerio de Ambiente (MA), que, «en este caso en particular, no tengo dudas de que lo va a categorizar como categoría C», sostuvo. Esa categoría se aplica a proyectos que puedan producir impactos ambientales negativos significativos –se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación– y que requieren un estudio de impacto ambiental completo.

Tras la breve introducción, el primer orador cedió la palabra a «los técnicos», y así comenzó a hablar un segundo orador, que se presentó como Mauricio Fioroni, abogado. Dijo que se dedica desde hace muchos años a los temas de ordenamiento territorial y ambiente y que la mayoría de las veces le ha tocado estar en las audiencias «del lado que está hoy el público». Su intervención inicial duró unos 40 minutos y expuso algunas características del proyectado nodo logístico. Por ejemplo, que requeriría 6 quilómetros de caminería para que ingresen hasta la zona de carga los camiones con los productos, que por el río circularían barcazas de 90 metros de eslora, 14 metros de manga y 3 metros de calado, y por tanto se requerirían dragados «puntuales» a 3,30 metros de profundidad, cuya agresividad se podría «mitigar» y «compensar». También dijo que el proyecto prevé «zonas de amortiguación y preservación» y que el nodo estará zonificado: en la zona de logística se prevé instalar silos de hasta 30 metros de altura, con una capacidad de almacenamiento de 8 mil metros cúbicos, y en la de oficinas, edificios de hasta diez metros. El muelle, en tanto, tendría 220 metros de largo (aunque para la primera instancia se prevén 60 metros). El abogado mencionó impactos en el paisaje, «alguna turbidez» en las aguas producto del dragado, posibles afectaciones sobre la fauna y un plan de manejo para la afectación social durante las obras. Luego improvisó cómo funcionaría el intercambio con el público. Pidió que los oradores dijeran su nombre y a quién representaban y que, de ser posible, no hablaran más de tres minutos. Como el auditorio se divide en tres sectores, eligió uno para empezar. No tuvo suerte. Justo allí estaba la representante de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del MA.

La funcionaria le pidió «a la intendencia departamental y al equipo consultor si pueden presentar el Informe Ambiental Estratégico, que es el documento principal de la evaluación ambiental estratégica», el trámite que el proyecto tiene en curso en el MA. La necesidad de esa presentación «es lo establecido en el decreto 221, en el artículo 7», remarcó. Se trata del decreto que reglamentó en 2009 la ley de ordenamiento territorial. El artículo en cuestión dice: «En la audiencia pública […] la autoridad departamental responsable del proceso deberá incluir el Informe Ambiental Estratégico en la presentación que se realice». La representante de la Dinacea pidió que hubiera «una presentación del informe clara donde se analicen a detalle todos los problemas ambientales de la zona, las características, los objetivos de protección ambiental, el estudio de alternativas» y «por qué se eligen» unas medidas «y no otras». Pidió también que se presentara alguna imagen con la zonificación del predio que «facilite a las personas la comprensión del proyecto», más allá de la disponibilidad previa de los textos del estudio.

Pero el abogado respondió que «el informe ambiental fue publicado y nosotros ahora, por una cuestión de orden, no podemos desarrollarlo en extenso. Hemos dado los titulares. Si alguien tiene algo específico que quiera preguntar lo puede preguntar y nosotros, si lo podemos responder, lo vamos a responder», contestó. Luego aclaró que la persona responsable de la elaboración del informe no estaba presente y que, en todo caso, contestarían más adelante por escrito, pero «no podemos ir al detalle de todos los documentos porque, si no, se pierde el sentido de la audiencia. La idea es que justamente nos aporten ustedes las inquietudes», sostuvo. En consecuencia, la gran pantalla que ofrecía el auditorio del INIA mantuvo fija en las cinco horas de audiencia una misma diapositiva con datos generales del NLC.

Ante tal respuesta a la autoridad ambiental presente en la sala, y ante el incumplimiento flagrante de lo dispuesto por la ley, la audiencia bien podría haberse suspendido hasta que la intendencia estuviera en condiciones de dar respuestas. Pero continuó. «Yo no creo que tú pienses que es como un examen y que yo voy a estar acá contestando preguntas, detalles […]. Ese no es el objeto de la audiencia», se permitió decir el abogado a la representante del MA, en el primero de muchos deslices.

Luego tomó la palabra Camila Gianotti, arqueóloga, docente del CURE e integrante de Hue Mirī. Gianotti se sumó a la petición del MA y luego pasó a exponer los fundamentos para plantear «la inviabilidad jurídica» del PAIC del nodo logístico. Empezó por el decreto 228, de 2025, que incluyó entre los humedales de importancia ambiental a los bañados del Este, dentro de los cuales se encuentra totalmente comprendido el padrón previsto para el puerto y nodo logístico. El decreto prevé una excepción a la que se aferran la intendencia y la empresa privada, referida al decreto 229/004, que aprobó un plan especial de regulación hídrica para los bañados de Rocha. Pero la posición oficial es difícil de respaldar, dado que este año, en junio, se aprobó otro decreto, el 128/026, que declaró «no transformables, los sectores de suelo comprendidos o que comprendan […] padrones, o parte de ellos, alcanzados por la declaración de Humedales de Importancia Ambiental e inscriptos en el registro creado» por el decreto 228 –de este último fueron borrados, y luego reincorporados, los bañados de Carrasco, donde se proyecta un emprendimiento inmobiliario (véase «El descarte», Brecha, 10-VII-26).

Ese registro de los padrones por parte del MA todavía no se ha completado, y por ahí también los promotores del proyecto buscan una salida que lo haga viable. Sin embargo, el área delimitada por el decreto comprende el padrón del nodo logístico sin lugar a dudas. Por si fuera poco, se trata, además, de sitios protegidos por el convenio Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, firmado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar), ratificado por Uruguay. La antropóloga las definió como «capas de protección jurídica» que imposibilitan la recategorización del suelo.

QUIÉN ES QUIÉN

No fue sino hasta las 11.08, transcurridas dos horas y media del inicio de la audiencia, y ante una solicitud de este semanario de que los integrantes de la mesa se identificaran y dijeran a quién representaban, que se puso en negro sobre blanco que el abogado Fioroni, moderador de la audiencia, estaba allí como representante de la empresa promotora. Fioroni representó a empresas panameñas en una disputa jurídica contra el Ministerio de Economía y Finanzas por la propiedad de terrenos fiscales en Maldonado (véase «Un respiro», Brecha, 17-XII-21). Actualmente representa a propietarios de campos a los que se indemnizará por la construcción de la represa de Casupá y fue, según su currículum en LinkedIn, asesor de la exlegisladora nacionalista Carol Aviaga.

Quien lo antecedió en el uso de la palabra fue el encargado del equipo de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Treinta y Tres, el ingeniero Gerardo Caticha. Los otros integrantes de la mesa se identificaron como integrantes de Geoplan Consultores (uno de ellos, Braulio Píriz, es el titular de esa consultora ambiental según su sitio web). Ni Geoplan ni los profesionales presentes figuran en los créditos técnicos del Informe Ambiental Estratégico presentado por la empresa.

Caticha retomó la palabra más adelante en la audiencia. Tuvo un contrapunto con estudiantes del CURE que le dijeron que su bibliografía sobre la ubicación de cerritos de indios (no mencionados en el estudio ambiental del nodo logístico) estaba desactualizada. También hubo tiempo para intervenciones de productores agropecuarios, en especial del arroz, que se pronunciaron a favor del proyecto por su abaratamiento de costos logísticos y porque, sostuvieron, ayudaría a abatir el alto desempleo de la zona. Uno de ellos se refirió groseramente a dos integrantes de Hue Mirī. Al otro día, la asamblea repudiaría en un comunicado sus expresiones por insultantes, descalificadoras y reproductoras de desigualdades que desincentivan la participación de las mujeres en la discusión pública.

También se pronunció a favor del proyecto un representante de la Intendencia de Rocha. El punto no es menor, dado que el nodo logístico se ubicaría frente a la isla del Padre, en la margen rochense del Cebollatí, una zona que la propia comuna de Rocha incorporó como área de conservación y reserva departamental en 2021 por sus especiales características en materia de biodiversidad. Y no faltó quien se definiera como «desarrollista de izquierda», pidiera mayor presencia del Estado en la planificación y sugiriera que el acceso a la hidrovía de la Merín se situara en su extremo sur.

El empresario a cargo de Cinclus SA estuvo presente en el centro del auditorio en estricto silencio hasta que fue convocado a hablar por una de las integrantes de Hue Mirī. Hábil declarante, agradeció a «Mauricio» –el abogado–, «que está recibiendo todos los golpes», porque «yo no estoy preparado para eso». Dijo que es oriundo de Fraile Muerto (Cerro Largo), que recibió insistentemente pedidos para que empiece el proyecto porque «la gente quiere trabajo» (se promete la creación de 60 empleos una vez instalado el NLC), pero que su voluntad ha sido respetar todos los pasos legales y el ambiente. «No sabemos si va a haber puerto […]. Si el daño es muy grande, el MA no lo va a habilitar», concluyó. Ya fuera de la sala, el empresario negó que la empresa Union Agriculture Group (UAG), una de las principales terratenientes del Uruguay y dueña del padrón donde se instalaría el nodo logístico, se fuera a beneficiar del proyecto. Dijo que había un fideicomiso firmado para que UAG se desvincule del nodo a los siete años de su instalación, aunque también mencionó que cobraría un canon por las cargas (véase el recuadro «El empresario»). Sostuvo que hay un fuerte interés de la Corporación Andina de Fomento en concretar el proyecto y que les comunicó a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo nacional que su pensamiento es que el puerto debería ser público. Pero nada de eso está escrito en la documentación. Más bien lo contrario: de concretarse, el puerto en el Cebollatí se le adjudicaría a su empresa en exclusividad por 50 años.