Luego de permanecer detenido durante 13 meses en una cárcel en medio del desierto de Neguev, en Israel, Salah Hamouri, un abogado y militante social franco-palestino, cuyo caso este semanario ha venido siguiendo (véanse “Crónica del ensañamiento con Salah Hamouri”, Brecha 6-X-17; y “Los diez para Salah”, Brecha, 6-VII-18), fue liberado por las autoridades israelíes tras las incesantes presiones de organizaciones sociales, legisladores, partidos, sindicatos y ciudadanos en diferentes partes del mundo.
Apenas se había recibido de abogado, cuando el militante de la Ong palestina Addameer –que apoya y defiende los derechos humanos de presos palestinos– fue detenido el 23 de agosto de 2017 en su casa en Jerusalén este por el Ejército israelí, acusado de pertenecer a “una organización política enemiga”.
Fue mantenido preso todo este tiempo bajo “detención administrativa”, una medida que les permite a las autoridades militares israelíes mantener detenida a una persona sin tener que presentar cargos en su contra, procesarla o dar explicaciones, basta con invocar “razones de seguridad”. La detención de Hamouri se fue prolongando durante meses sin que el abogado de 33 años pudiese defenderse y sin que sus abogados accedieran a su expediente.
El 28 de febrero pasado Hamouri fue convocado a una audiencia judicial, luego de que el ministro del Interior israelí, el ultraderechista Avigdor Lieberman, decretara, el 26 de febrero, la prolongación de su detención administrativa por cuatro meses más. Hamouri denunció que la audiencia era un simulacro de justicia y le pidió a su abogado que se retirara, “por el simple hecho de que la detención administrativa es una práctica ilegal que me priva de mi libertad. No hay ningún cargo presentado en mi contra y mi encarcelación se basa en un expediente secreto que sólo controlan los servicios de inteligencia. No quiero participar de este procedimiento en este lugar donde la justicia está ausente”, declaró. Al mismo tiempo, los alrededor de 450 palestinos en detención administrativa participaban de un boicot contra los tribunales israelíes.
Durante todo el tiempo que Hamouri estuvo detenido, su esposa y su hijo no fueron autorizados a entrar a Israel para visitarlo.
El pasado 30 de setiembre la esposa de Hamouri, la francesa Elsa Lefort, se enteró de que su marido sería liberado tras meses de incertidumbre y luego de que una reunión coordinada con el presidente francés, Emmanuel Macron, fuera cancelada.
La liberación del prisionero no fue el resultado de un fallo judicial, sino de una decisión política del gobierno israelí. Hamouri se encuentra hoy en libertad en Jerusalén, esperando poder reencontrarse con su familia.
Tras el anuncio de la liberación de su esposo, Elsa Lefort emitió un comunicado en el que recordó que “la detención administrativa, tal como es practicada en Israel, es sinónimo de detención arbitraria”, y que si bien su esposo podrá gozar de libertad, todavía “quedan cientos de otros casos similares en las cárceles israelíes: niños, mujeres y hombres”. Señaló también que “miles de presos políticos” –a los que su esposo, gracias a sus estudios de derecho, buscaba ayudar y defender mejor– “permanecen todavía en esas deprimentes cárceles israelíes, y que, sin embargo, no deberían encontrarse allí”.
