Si bien en las últimas semanas ha perdido algo de su brillo, Ernesto Talvi es uno de los protagonistas de esta campaña electoral. Después de su triunfo en la interna colorada cultivó un discurso centrista y al que denominó progresista. Pero ¿qué es lo que efectivamente propone?
El programa. Veamos el programa de gobierno de Ciudadanos 2020‑2025, titulado “Un pequeño país modelo”. Para dejar claro qué considera más importante, el programa arranca hablando del déficit fiscal. Propone la creación de una regla fiscal que ayudaría a que en el futuro no fueran necesarios más ajustes. En el corto plazo, deja claro que es necesario un ajuste fiscal, sobre el que dice poco. Una lectura del programa parece proponer un ajuste gradualista centrado en medidas de mediano plazo. En un eventual gobierno de coalición blanco‑colorado habría que pensar cómo esto se armoniza con la propuesta de shock de Luis Lacalle Pou, basada en una ley de urgencia, con cientos de artículos, para las primeras semanas de gobierno.
En cualquier caso –siempre de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos–, la regla fiscal implicaría retirar de la autoridad del gobierno y el Parlamento la decisión sobre la magnitud del gasto del Estado y transferirla a un Comité Fiscal independiente, compuesto por integrantes de los sectores privado, público y académico. En otras palabras: una de las decisiones más importantes que toma un Estado (cuánto gastar) quedaría supervisada por una entidad no elegida popularmente.
Más aun: “los ahorros generados a partir de la implementación de esta regla (…) deberán ser volcados a un Fondo de Estabilización Fiscal que se invertirá en activos externos líquidos y de bajo riesgo”. Es decir, las recaudaciones del Estado que excedan lo previsto, por ejemplo, por un mejoramiento de la situación económica, no podrían ser usadas en políticas redistributivas, servicios públicos ni inversiones en sectores nacionales, sino en inversiones en el exterior “de bajo riesgo”, lo que probablemente quiere decir “recomendadas por empresas calificadoras”. Se descarta, por cierto, enfrentar el déficit aumentando los impuestos a los sectores más ricos.
En el terreno financiero, Talvi propone afianzar la independencia del Banco Central, desacoplando la elección de sus autoridades de los períodos de gobierno, además de varias medidas de relativa desregulación. Esto está acompañado de la apertura de los fondos de las Afap a más rubros de inversión y de los capitales de las empresas de derecho privado que son propiedad del Estado y amplían el margen de acción del capital. Así se explica en el programa: “Tras la crisis financiera de 2008, los bancos centrales han sido mucho más activos en regulación y control. Sin embargo, diversos estudios entienden que existe ‘sobrerregulación’ o ‘inflación regulatoria’, lo que puede afectar la competitividad del sector”.
En política comercial, el énfasis está en flexibilizar el Mercosur, para salir a buscar tratados de libre comercio, que, como es sabido, no solamente se refieren a cuestiones arancelarias, sino que implican compromisos del Estado en todo tipo de temas y concesiones importantes frente a los intereses empresariales, muchas veces comprometiendo a los Estados a no modificar determinadas normativas y llevando controversias a tribunales internacionales.
En cuanto a la seguridad social, se propone transformar la lógica de aportes al Bps, individualizándolos en cuentas personales, haciéndolos más parecido a una Afap. Propone, además, un nuevo sistema, menos rígido, para fijar el monto y la edad jubilatoria. Si bien el programa no proyecta cuánto ahorro produciría este nuevo sistema, es de esperar que redunde en una reducción de beneficios. Se plantea, además, revisar e incrementar el control “de las prestaciones por incapacidad y los seguros por enfermedad, que en los últimos años han sido utilizados de forma abusiva, implicando un aumento importante de las erogaciones por estos conceptos”. A esto se suma la eliminación de regulaciones que dan ventajas a República Afap sobre las privadas.
El programa propone transformaciones importantes en el Estado. Para empezar, busca reducir sustancialmente el número de trabajadores. Sin embargo, no se trata, en líneas generales, de un programa antiestatista, sino que propone un Estado hiperactivo al servicio de los intereses empresariales, creando estímulos, mercantilizando, cambiando regulaciones. Es un Estado más vigilado, más controlado, más querellable, más fácil de presionar desde fuera. Pero también con un poder más concertado en el Poder Ejecutivo, más compacto, que reduce los márgenes de deliberación y política en el interior de los diferentes regímenes de autonomía que existen hoy en día.
Esto puede verse muy en particular en las empresas públicas. No hay una privatización directa, pero sí una reducción drástica de su margen de acción y su dimensión política. Propone fortalecer la Ursea y la Ursec frente a los entes, enfatizando la separación entre la regulación y la administración de los servicios públicos, debilitando la capacidad de decisión de las empresas del Estado. Además, se propone establecer “una política de financiamiento para todas las empresas públicas que fije que una proporción no menor de su financiamiento deba ser canalizado a través de programas de emisión de obligaciones negociables”, es decir, una capitalización privada de las empresas públicas. También se proponen medidas que tiendan a la liberalización de los mercados de energía eléctrica, combustible y telecomunicaciones. En cuanto a la inversión pública, propone fortalecer y facilitar la participación público‑privada y otros mecanismos que borronean la línea entre lo público y lo privado, o, mejor dicho, tienden al control privado de lo público.
En cuanto a las relaciones laborales, se propone una “modernización del sistema”. Observado en detalle es, en realidad, una serie de medidas que reducen sistemáticamente el poder negociador de los trabajadores y sus organizaciones frente a las empresas. En primer lugar, plantea legislar “para que los trabajadores de una empresa que libremente resolvieron no afiliarse a organización sindical alguna recuperen el derecho a negociar colectivamente”. Dicho de otra manera: se busca desestimular la afiliación a sindicatos, debilitar su posición como interlocutores y tender a una negociación empresa por empresa.
En este sentido, se propone habilitar que las empresas puedan descolgarse de las pautas salariales teniendo en cuenta factores que van desde el lugar donde esté ubicada la empresa hasta las dificultades de cada empresa, dispersando así la negociación y debilitando la posición de fuerza de los trabajadores. Se proponen también sistemas de prevención de conflictos que “deban ser aplicados antes de la adopción de medidas gremiales”, pero no queda claro cuáles serían ni en qué medida infringirían la libertad de los trabajadores de definir autónomamente sus formas de organización y lucha. Además, directamente se plantea eliminar el derecho a ocupar los lugares de trabajo.
Para la educación, Talvi propone en buena medida seguir las propuestas de Eduy21, es decir, la autonomía de los centros y la evaluación estandarizada, lo cual puede implicar perfectamente un primer paso gradualista que siente las bases para un futuro sistema de vouchers. La propuesta de crear 136 liceos modelo, que, parece, están inspirados en el Jubilar y el Impulso (que Talvi contribuyó a fundar), implicaría un avance del financiamiento público de instituciones privadas a través de exenciones impositivas.
En cuanto a los contenidos educativos, hay un énfasis en la enseñanza (escuelas, liceos y universidades) de habilidades para el emprendedurismo. Se anuncia, para dentro y fuera de la educación, un “Estado colaborando en forma organizada y efectiva con las distintas ramas del ecosistema para impulsar el desarrollo de una cultura emprendedora fuerte y dinámica”. Es decir: un Estado empeñado en transformar la cultura del país hacia una mayor legitimación y extensión de prácticas y actores empresariales. Un país donde todo sea una empresa y todos piensen su vida y su realidad en términos empresariales.
La ideología empresista es asumida de una manera radical. Un ejemplo de algo misterioso es la “revisión de la normativa en zonas francas para facilitar el régimen work from home”, que no está explicada, pero parece habilitar que las personas puedan trabajar desde cualquier lugar en régimen de zona franca. Se propone también crear una “entidad enfocada a aplicar las ciencias del comportamiento para la mejora de políticas públicas”, para producir nudges (pequeños estímulos cotidianos para la transformación del comportamiento) a lo largo y ancho del Estado.
En cuanto a la cultura, el enfoque es principalmente mercantil. En un recuadro, por ejemplo, se señala que “la difusión y la presencia de nuestros artistas en otros mercados es fundamental para el desarrollo de este sector”. El compromiso con las ideas de mercado llega a todas las áreas. En cuanto al medioambiente, para mitigar el cambio climático y la contaminación, se proponen “mercados de emisiones” y una academia más ligada al mundo emprendedor, incluidos los think tanks en el concepto de academia.
Se trata de un programa que reivindica políticas específicas de género, discapacidad, situación de calle, primera infancia, deporte, migración y voluntariado, y que en sus propuestas de seguridad no tiene un sesgo punitivo. No se mencionan ni el aborto, ni la ley trans ni el matrimonio igualitario. Se proponen cambios en la ley que legaliza el cannabis y la derogación de la ley de medios.
Neoliberalismo, progresismo y batllismo. El programa se articula en tres ejes: el crecimiento de la libertad del capital para invertir e intervenir en más espacios de la sociedad; una tendencia a la individualización y el pensamiento sobre cada persona como un empresario de sí, y una retirada de la política y la decisión democrática en varios terrenos económicos y sociales.
Esto último es especialmente importante para entender la filosofía en la que se basa este programa. La regla fiscal, la independencia del Banco Central, la reducción de la autonomía de las empresas públicas y los tratados comerciales van en la misma dirección: la de la vieja idea liberal de que los asuntos importantes tienen que estar lo más lejos posible de las instituciones elegidas por voto popular. Por estas razones, se trata de una propuesta decididamente neoliberal. Todo se soluciona con mercados, sistemas de evaluación, gestión de calidad.
Sin embargo, esto no es el punitivismo desbocado de Jorge Larrañaga, ni la retórica de la Guerra Fría de Julio María Sanguinetti, ni la xenofobia de Edgardo Novick, ni la amenaza militar de Guido Manini Ríos, ni la derecha cristiana que pulula en el Partido Nacional. Es otra cosa, más sutil pero más radical, que plantea cambios muy profundos en la sociedad. No se trata de hacer retroceder el Estado ni de eliminar políticas sociales, sino de usarlos para crear una sociedad más mercantil, a través de regulaciones, estímulos, etcétera. No se trata, entonces, de una política conservadora sino transformadora. El neoliberalismo se transformó, ya no es del Consenso de Washington, y quienes pretenden enfrentarlo deberían ir tomando nota.
Claro que el crecimiento del mercado, las regulaciones empresistas, el retroceso de los derechos de los trabajadores y la libertad del capital producen desigualdad y precariedad, pero es importante entender cuáles son las políticas concretas para poder discutir lo que implican más allá de repetir la palabra “privatización”. Los políticos a menudo mienten, pero este no parece ser el caso. Talvi está mostrándonos lo que implica una agenda neoliberal completa, profunda, realista, coherente y compleja, que no va por los caminos que la izquierda uruguaya está acostumbrada a disputar.
Talvi reivindica el batllismo y el progresismo. Y algo de eso hay. No sólo en sus posturas liberales sobre asuntos culturales. Que Talvi coquetee con el imaginario progresista es el espejo de lo lejos que llegó la incorporación de ideas neoliberales en el progresismo. No se puede negar que la agenda de Talvi tiene puntos de contacto con lo que han hecho los gobiernos frenteamplistas, especialmente el actual. En este sentido, por ejemplo, el candidato frenteamplista Daniel Martínez señaló la falta de cultura emprendedora como uno de los principales problemas del país. Pero tampoco se puede negar que el programa de Talvi implica una tremenda profundización de los elementos más neoliberales del progresismo y un ataque directo a sus elementos más tendientes a la protección de las organizaciones de trabajadores, la redistribución y la capacidad de control estatal de la economía.
¿De qué batllismo estamos hablando, entonces? Como ya muchos han dicho, no del de José Batlle y Ordóñez, sino del de su sobrino nieto Jorge Batlle. Talvi, de hecho, fue uno de los principales constructores del revisionismo histórico que intentaron presentar a Batlle como un visionario y la crisis de 2002 como un evento casi fortuito y, en todo caso, bien manejado. Claro, olvida que la crisis fue una consecuencia de políticas de desregulación financiera y apertura económica indiscriminadas y que sus efectos sociales fueron agravados terriblemente por los tremendos ajustes fiscales forzados por Batlle. Lograr transformar aquella catástrofe provocada por su partido, su ideología y su mentor en un capital político es un logro espectacular, que muestra los límites a los que pueden llegar las renarraciones de la historia.
En resumen, ¿cuál es la propuesta de Talvi? Que más cosas sean mercados, que más cosas sean empresas, que más cosas se compren y se vendan, para que las puedan comprar los que tengan más plata. Que las empresas y sus dueños tengan más poder en la sociedad. En fin, lucha de clases.
