Al gobierno de Chile y la opinión pública nacional e internacional:
Los abajo firmantes, trabajadores, académicos, intelectuales, activistas, artistas y ciudadanos, condenamos de manera enérgica la suspensión de derechos constitucionales que afectan a la población chilena tras la declaración del estado de emergencia, la represión policial, la salida de los militares a las calles y los toques de queda en diferentes regiones del país.
Tal como lo muestra la historia reciente en varios países de América Latina, la profundización de las brechas sociales, la desigualdad, la pobreza y la violencia estructural han generado un enorme malestar en la sociedad y una creciente deslegitimización del sistema de representación político. Los pueblos del continente, sin embargo, han sabido resistir mediante la lucha social, la solidaridad y la memoria histórica.
Es importante señalar que, si bien las protestas de los últimos días en Chile surgieron ante el alza del pasaje del metro de Santiago, son una respuesta ante una continuidad de abusos estructurales que han afectado la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos abusos están institucionalizados en el sistema previsional de Afp, la precariedad y crisis actual de la salud pública, la precarización de la educación pública escolar, la privatización del acceso al agua y bienes básicos, el consiguiente endeudamiento extremo de las familias e individuos y la contrastante e inmoral acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos. A esto se suman los últimos casos de corrupción de instituciones que habían jugado un papel importante en la sociedad chilena, como las empresas privadas, la clase política, las elites de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Todas estas son dimensiones implicadas en el profundo y furioso malestar que ha estallado en los últimos días y que ha sido criminalizado por el gobierno y los medios de comunicación como manera de desactivarlo. La falta de respuesta de los gobernantes ante las demandas de una población cansada por décadas de medidas unilaterales neoliberales ha terminado en esta movilización social.
Ante esta alarmante situación, expresamos lo siguiente:
— rechazamos el estado de excepción declarado por el gobierno, en razón de que vulnera derechos humanos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por el Estado chileno. El estado de excepción restringe el diálogo y, en muchos casos, profundiza la violencia y agudiza las divisiones sociales;
— rechazamos el enmarque de este conflicto político como una cuestión de delincuencia y de seguridad del Estado. La criminalización de la protesta social es una práctica antidemocrática, ya utilizada profusamente en los tiempos de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur, que intenta borrar el derecho a las legítimas demandas de la sociedad civil.
En consecuencia y en nombre de los principios universales de los derechos humanos y de nuestra memoria histórica, exigimos al gobierno del presidente Sebastián Piñera el cese inmediato de la represión aplicada en el marco del estado de excepción, la inmediata liberación de todas y todos los detenidosy la suspensión de la aplicación de cualquier medida criminalizadora de la protesta, para así abrir de manera urgente un espacio de diálogo y respeto con los distintos sectores sociales involucrados.
Firman casi 4 mil intelectuales y académicos de todo el mundo
