Para las condiciones en que se vive en Francia actualmente, con una segunda ola de covid-19 tanto o más arrasadora que la primera, fue mucha gente: entre 10 mil y 25 mil personas sólo en París. Y varios miles más en Marsella, Montpellier, Rouen, Le Havre y otras ciudades. Fue el sábado, y la manifestación estaba convocada por unas 60 organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, la Liga de los Derechos Humanos y asociaciones de juristas y sindicatos, sobre todo de periodistas; también por grupos políticos de la oposición de izquierda y chalecos amarillos. Lo que reunía a toda esa gente era el rechazo de la Ley de Seguridad Global, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, aprobada esa misma noche por el Parlamento. Una ley calificada de liberticida por los manifestantes y que se distingue de otras de similar tenor porque en uno de sus artículos, el 24, prohíbe tomar imágenes de los rostros de policías y los gendarmes durante las protestas callejeras, sobre todo, claro está, cuando están reprimiendo: repartiendo palazos, lanzando gases a altura de hombre o mujer, disparando unas balas de goma, otras llamadas LBD 40 o granadas GLI F4.
Desde hace bastante tiempo los métodos que utiliza la Policía francesa para reprimir manifestaciones no son demasiado distintos de los denunciados con profusión en los últimos tiempos en Estados Unidos. La aparición de los chalecos amarillos, hace justo dos años, llevó esa represión al paroxismo. De no haber sido por las imágenes (fotos, filmaciones) tomadas en esas manifestaciones no sólo por periodistas, sino también por participantes en las marchas y anónimos varios, poco se hubiera sabido acerca de la magnitud de la violencia policial, negada por el gobierno y algunos medios de comunicación. Y hubo en esas protestas centenares de heridos, muchos de ellos muy graves, que perdieron dedos, manos, ojos, por el tipo de armas empleadas y por la forma en que las utilizan los agentes. Poco se hubiera sabido, igualmente, de casos muy similares al del negro estadounidense George Floyd, asesinado meses atrás a manos de un policía blanco que se le sentó encima y lo ahogó, un método de «apaciguamiento de revoltosos» impartido en las escuelas de formación de policías franceses (tanto han enseñado los uniformados de aquel lado del Atlántico a sus pares del mundo desde sus épicas batallas coloniales en Argelia, en Indochina…)
La Ley de Seguridad Global es uno más de los dispositivos represivos adoptados últimamente en París en el contexto de la «amenaza terrorista», pero lo del artículo 24 ha sorprendido hasta a quienes niegan la deriva hacia el iliberalismo del gobierno de Macron. Lo que dispone esa norma es que cualquier persona que tome imágenes que puedan «afectar el bienestar físico o psicológico de un agente de Policía» durante manifestaciones callejeras, del tipo que sean, puede recibir una multa de 45 mil euros o una pena de un año de cárcel. En las discusiones parlamentarias, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el texto excluía a los periodistas, siempre y cuando se acreditaran previamente en la propia Policía para cubrir tal o cual manifestación. Las sociedades de periodistas y las direcciones de medios (desde Le Monde hasta L’Humanité) respondieron que en esas condiciones no cubrirían manifestación alguna y argumentaron que ellos mismos se valían de imágenes captadas por freelancers, documentalistas o ciudadanos de a pie.
En la manifestación del sábado una reportera del programa televisivo Envoyé spécial, que aquí se puede ver subtitulado en TV5, lo ejemplificó. Se llama Élise y dijo: «Yo hice varias investigaciones sobre la violencia policial y ahora ya no podré hacerlas. La materia prima de estos reportajes son las imágenes tomadas por amateurs, porque es muy raro que un periodista pueda captarlas justo cuando desembarca con su cámara al hombro» (Mediapart, 21-XI-20). También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Global atentaban contra derechos fundamentales, en especial, contra la libertad de información (Le Huffpost, 16-XI-20).
No tuvo mejor salida el ministro Darmanin que retrucar todas estas críticas con un estilo muy LUC: «Tal vez la libertad de prensa pudiera estar bajo ataque, pero los policías y los gendarmes también» (Le Monde, 20-XI-20). Y respondió, evasiva tras evasiva, cuando se le cuestionó sobre la discrecionalidad dejada a los propios policías para evaluar cuándo se está afectando su «bienestar físico o psicológico». En la manifestación del sábado, abundaron también las referencias a las pesadillas orwellianas: «Big Macron is watching you», «2020 es el nuevo 1984». Y así. Al día siguiente, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, declaró: «La situación aquí en Francia está pasando de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada».
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De George Orwell se han popularizado sobre todo las críticas al totalitarismo, convenientemente identificadas con los regímenes de tipo soviético. Se lo ha reducido casi que a 1984 y, en todo caso, a Rebelión en la granja. En enero se cumplieron 70 años de su muerte y la ocasión se prestó para que desde las tiendas más diversas se lo intentara recuperar, incluidos referentes mediáticos de la derecha liberal, como el diario francés Le Figaro. Pero Orwell fue, antes de todo, un socialista libertario que combatió en la guerra civil española junto con los milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista y en su país se identificó, hasta su muerte, con una organización ubicada a la izquierda del laborismo, el Independent Labour Party. Tanto como demolió el autoritarismo de la antigua URSS y sus émulos, fustigó el liberalismo económico: pulverizó el pensamiento de su contemporáneo Friedrich Hayek, maestro de las Margaret Thatcher, los Chicago boys y los Connie Hughes del planeta entero, y en libros como El camino a Wigan Pier, a partir de crónicas sobre la vida de los mineros del norte de Inglaterra (que compartió) y la evocación de sus años juveniles en la Birmania colonizada por los ingleses, donde ejerció como funcionario del imperio, comenzó a plasmar su idea de un socialismo que conjugara «justicia y libertad». «Sentía que tenía que romper no sólo con el imperialismo, sino con cualquier forma de dominio del hombre sobre el hombre», escribió en esa obra, publicada en 1936, antes de su experiencia española. Y también: «Quería hundirme para hallarme de verdad entre los oprimidos, ser uno de los suyos y pelear contra los tiranos».
De la democracia liberal, a pesar de su admiración por el «patriotismo» y el compromiso antinazi de Winston Churchill, no pensaba nada demasiado bueno. Edwy Plenel, director del portal francés Mediapart, recordó en un artículo publicado en marzo pasado que en su prefacio de 1945 de Rebelión en la granja, «que permaneció por mucho tiempo inédito, Orwell mencionaba como “uno de los fenómenos típicos” de su época “el debilitamiento general de la tradición liberal occidental”». Esa constatación, señaló Plenel, convocante a la marcha del sábado pasado en París, «vale también, y cómo, para nuestro siglo, un siglo en el que el liberalismo político ha sido derrotado por un liberalismo autoritario que impone la ley de hierro del dinero y las mercancías y ha logrado colocar el poder estatal al servicio de una pequeña minoría de privilegiados». El traductor y docente Philippe Jaworski, que estuvo al frente de la entrada de Orwell, en octubre, a la colección francesa de La Pléiade, lo describió en distintas entrevistas como un panfletario en el mejor sentido de la palabra, «el mayor del siglo XX en su país, heredero directo de los protestantes radicales de la revolución inglesa del siglo XVII, un denunciante de escándalos y tiranías». Lo movía la búsqueda de «la fraternidad» y «lo sublevaba la opresión, el abuso de autoridad –en las colonias, contra la clase obrera–, sin olvidar las mentiras del poder político y los medios de comunicación. Había en él un sentimiento de la precariedad de nuestra humana condición y lo inspiraba una suerte de ley moral que conminaba a la rebelión aunque se supiera que todo estaba ya perdido».
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¿Qué más perdida de antemano que una revuelta contra un ogro panóptico que todo lo controla y desde la opacidad más brutal? La pregunta se la planteó la semana pasada una manifestante parisina, que, a pesar de esa sensación, ahí estaba, «porque si no, para qué mierda vivir». En la concentración del sábado, los periodistas de Mediapart desfilaron bajo una pancarta que decía: «La democracia muere en la oscuridad», aludiendo a una frase que The Washington Post comenzó a inscribir en la portada de sus ediciones digitales y en papel desde 2017, con los primeros ataques de Donald Trump a la prensa «fake». Son coincidencias de eslóganes. No es que haya muchos vasos comunicantes entre el portal izquierdizante francés y el diario liberal estadounidense cercano a los demócratas. Por ejemplo: Mediapart ha tomado abiertamente partido por todos esos whistleblowers o «lanzadores de alertas» que han revelado documentación secreta de la maquinaria de guerra y dominación estadounidenses (los Julian Assange, los Edward Snowden, las Chelsea Manning), a los que The Washington Post utilizó en su momento, pero hasta ahí nomás: cuando la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias apretaron las clavijas, les soltó la mano (véase «La puñalada», Brecha, 23-X-20).
Shoshana Zuboff forma parte de quienes defienden a los lanzadores de alertas. Dice que ayudan a correr los velos que imponen los «vectores del capitalismo de vigilancia», a los que identifica con el ogro panóptico orwelliano: los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), esos gigantes digitales que mueven más dinero y tienen más poder que buena parte de los Estados del mundo. Zuboff es una investigadora que enseña en la muy liberal Harvard Business School y que, aunque no lo acuñó (la precedieron economistas marxistas), sí popularizó el concepto de capitalismo de vigilancia. La era del capitalismo de vigilancia se titula en español su último y monumental libro, en el que expone cómo los GAFAM y afines han sido la vanguardia de un cambio de época, del pasaje del capitalismo industrial a un capitalismo digital, en el que la materia prima a explotar y extraer para convertir en mercancía ya no son la tierra, el subsuelo, los bosques, sino los propios seres humanos. «Nos han escaneado por completo, hasta el más ínfimo detalle, para incluso intentar cambiarnos la conducta», dice. Y también: «Pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, pero Google y esas redes nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de conocimiento registrado, cuando, de hecho, esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado. La mayor paradoja es que su retórica nos ha tratado de persuadir de que la privacidad es algo privado. Que decidimos cuánta información personal damos a Google o Amazon y podemos controlar ese intercambio. Pero el hecho real es que no es privada, es pública. Cada vez que doy a estas compañías algo de información personal, su interfaz les permite obtener tantos datos más de mi experiencia de los que no soy consciente. Hasta captar las microexpresiones de mi cara que predicen mis emociones y mi comportamiento, y así nutrir grandes sistemas de inteligencia artificial que son sistemas de conocimiento y poder desigual» (La Vanguardia, 10-X-20).
Zuboff apunta que esta nueva forma de depredación comenzó a ser desarrollada por Google en 2001, cuando tras el 11 de setiembre saltaron, en Estados Unidos primero y en buena parte de Europa después, todas las barreras de contención. «A las compañías de Internet ya conocidas por su asalto a la privacidad se las dejó que se desarrollaran de manera que invadieran nuestra privacidad porque las agencias de inteligencia en Estados Unidos y Europa, que no pueden recolectar esos datos, los obtendrían de ellas. Así, el capitalismo de vigilancia ha tenido 20 años para desarrollarse sin ninguna ley que lo impida y se ha hecho tan peligroso para la gente, la sociedad y la democracia», añade. China no les ha ido en zaga a las potencias occidentales. Por su propia vía, no les ha ido en zaga. Más bien que no.
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En octubre, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) –Microsoft no figura– de monopolio. Las denunció por cobrar comisiones de usura, imponer condiciones oprobiosas y extraer datos de millones de personas sin control ni permiso alguno. Casi un año y medio le llevó a la subcomisión consultar más de 1 millón de documentos, mantener audiencias con decenas de competidores de los GAFA y armar el rompecabezas de la manera de operar de estas empresas, que ocultan en algoritmos. Las cuatro grandes transnacionales, dice el informe, «se han transformado en un tipo de monopolio que se vio por última vez en la era de los barones del petróleo y los magnates del ferrocarril» y que afecta «la diversidad de las fuentes de información y la libertad de prensa, la innovación y la privacidad»: «Controlan el mercado al mismo tiempo que compiten en él, una posición que les permite escribir unas reglas de juego para los demás mientras ellos juegan con otras o llevar adelante su propia cuasi regulación privada, que no puede ser controlada por nadie, excepto por ellos mismos». Según se consigna, su valor bursátil acumulado supera los 5 billones de dólares, algo menos de un tercio del producto bruto interno de toda la Unión Europea, y ha crecido a medida que la pandemia de covid-19 ha avanzado.
El informe fue aprobado sólo por los demócratas, pero no es para nada seguro que el gobierno de Joe Biden siga las recomendaciones de la subcomisión, que propone dividir a los GAFA en distintas unidades. Tanto al presidente electo como a su vice, Kamala Harris, se les conoce por sus vínculos con las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley (véase «Una fórmula repetida», Brecha, 21-VIII-20).
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Zuboff no es precisamente anticapitalista y cree que con controles, leyes y regulaciones se puede moralizar el funcionamiento del sistema en general y de estas empresas en especial, que se sienten más impunes que cualquier otra en cualquier otra época. «Los capitalistas de vigilancia son ricos y poderosos, pero tienen un talón de Aquiles: tienen miedo de la ley, temen a legisladores que no están confundidos ni intimidados y, en último término, les tienen miedo a ustedes», dijo ante un auditorio, en noviembre del año pasado, en Berlín (El Diario, 8-XI-19). «Tienen miedo a ciudadanos que estén listos a pedir un futuro digital que podamos llamar nuestra casa», añadió. Los lanzadores de alertas son otro de sus cucos, dijo también.
Franco «Bifo» Berardi es un septuagenario filósofo italiano que no para de reflexionar, desde hace décadas, sobre la evolución continua, y cada vez más acelerada, del capitalismo hacia el horror más absoluto y sobre cómo salir de un sistema cuyo colapso se está llevando consigo al conjunto de la humanidad. Fue también, y sigue siendo, un agitador social, un animador de medios (publicaciones, radios y televisiones asociativas) y, en cierta manera, un militante político. Su último libro, publicado en setiembre en Buenos Aires como El umbral, lo escribió desde el encierro pandémico combinando «crónicas y meditaciones» (tal su subtítulo). Hace unos años Berardi era más optimista sobre la eficacia de la «acción subversiva cuando se desarrolla en la esfera digital, cuando se infiltra en el interior de la dimensión algorítmica del capitalismo». No se hacía ilusiones con que eso bastara: sin una combinación con una «dimensión física, territorial», la rebelión desde las redes era claramente insuficiente, pero pensaba que «las acciones más exitosas en términos de sabotaje del dominio imperial han sido acciones como las de Assange y Snowden, que se desarrollan en la dimensión digital» (entrevista con Amador Fernández Savater, El Diario, 31-X-14). Hoy lo cree menos.
Lo particularmente repugnante de la persecución de Assange y Wikileaks, además de su encarnizamiento y «la violación de las reglas fundamentales de la ética de la información», es su profunda hipocresía, dice Bifo (Comune-info, 15-IV-19). «La acción de Wikileaks, irreprochable desde el punto de vista periodístico, se inspiró en el principio de transparencia. Revelar el secreto, hacer transparente la acción del poder político y militar, es el fundamento de la democracia liberal. Pero con la democracia liberal muerta esa base se está desmoronando», agrega.
El filósofo italiano está igual de convencido que el hacker australiano de que el mundo está volviendo a caer en una época de profunda oscuridad, pero esta vez «por exceso de luz». «La vieja edad oscura, que los europeos llaman Edad Media, fue un efecto de la extrema rarefacción de las interacciones sociales: el reino del silencio. La oscuridad de nuestro tiempo es, en cambio, el efecto de la proliferación ilimitada de fuentes de información y de los flujos de infoestimulantes, de la chispa cegadora de innumerables pantallas», escribe. Revelar secretos, «sacarlos a luz», será más insuficiente que nunca para reducir los daños del sistema, dice. Y en El umbral (el colapso está a la vuelta de la esquina), escribe que en los pliegues del desastre está despuntando una revolución de un tipo desconocido, sólo posible, claro, si el capitalismo no acaba antes con la civilización humana.
