La brecha en la vacunación entre países ricos y países pobres se ha ensanchado hasta convertirse en un abismo. Como señaló la semana pasada en The Guardian el divulgador científico Stephen Buranyi: «De las dosis ya administradas, aproximadamente la mitad ha ido al 16 por ciento más rico de la población mundial. […] Según el análisis de The Economist y el Centro para el Desarrollo Mundial, es probable que las naciones del Sur global no alcancen un estado de vacunación generalizada hasta 2023».
Ese no es un problema para personas como Bill Gates, cuya posición de estrella de la salud pública mundial se basa en ser multimillonario. En una entrevista con el medio británico Sky News el domingo 25, aseguró: «La tasa de mortalidad real en los países más pobres ha sido bastante baja. Los lugares donde quieres tener vacunados a todos los mayores de 60 –Sudáfrica, Brasil– se convertirán en una prioridad en los próximos tres o cuatro meses, tan pronto como Estados Unidos pase a una posición de sobreabundancia». Traducción: los países pobres deberían estar agradecidos de esperar por las sobras.
Pero en lugares como India, por ejemplo, se informa a diario de cientos de miles de casos nuevos. Este lunes, los 352.991 nuevos casos en ese país rompieron el récord diario mundial. Los hospitales se quedaron sin suficiente oxígeno, camas de CTI y suministros. La cosa está que arde en todas partes. Sin embargo, la realidad que Gates y los directores ejecutivos de las principales farmacéuticas quieren que la población mundial acepte es que pueden pasar años para que el suministro de vacunas llegue a la mayor parte del mundo. Mientras tanto, desde la sociedad civil se denuncia que la desigualdad en el acceso a la inmunización se convertirá en un apartheid mundial de vacunación (véase «Que te cure Lola», Brecha, 15-I-21) y se permitirá, así, que el virus mute y se propague.
ALMAS CARITATIVAS
Gates es un impulsor clave de la iniciativa global COVAX, un proyecto voluntario para comprar vacunas para los países en desarrollo. Está encabezado por la GAVI (siglas en inglés de Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización), un proyecto de la Fundación Bill y Melinda Gates. Aunque el COVAX ha sido elogiado internacionalmente por su misión humanitaria y la iniciativa puede ser un paso adelante con respecto al imperante «nacionalismo de vacunas», deja deliberadamente en su lugar los mecanismos de mercado y protección de patentes de los que dependen las compañías farmacéuticas. Hasta ahora, el COVAX ha entregado sólo 38 millones de dosis.
El verdadero problema es el suministro. Y la forma de incrementarlo, insisten Buranyi y centenares de organizaciones sociales, es liberar las patentes y el know how tecnológico necesario para aumentar la producción en todo el mundo (véase «La ideología del miedo», Brecha, 26-II-21). Presumiblemente, esto no lo harán ni las compañías farmacéuticas –que pueden perder miles de millones de dólares si se les escapa el control oligopólico de la producción de vacunas (sólo en 2021, de acuerdo a sus propias declaraciones, Pfizer espera ganar hasta 30.000 millones; Moderna, 20.000 millones, y Astrazeneca, unos 2.000 millones, por ejemplo)– ni los autoproclamados filántropos multimillonarios como Gates, que han hecho su fortuna precisamente gracias a las leyes de propiedad intelectual.
Pero la responsabilidad de que se les haya dejado al frente de la emergencia actual es, en todo caso, de los gobiernos de Estados Unidos y otros países ricos. En la entrevista con Sky News, Gates bromeó sobre el tema: «no tenemos un gobierno mundial», dijo, que pueda ignorar o pasar por encima de lo que deciden Estados Unidos y Reino Unido. Y tiene razón: no tenemos un gobierno mundial. Lo que sí tenemos son instituciones internacionales por medio de las cuales las naciones ricas, encabezadas por Estados Unidos, sabotean activamente cualquier esfuerzo por impulsar la equidad en la producción y la distribución de vacunas. Sudáfrica e India han propuesto que, mientras dure la pandemia, se renuncie a las patentes y otras restricciones de propiedad intelectual a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A pesar de tener el apoyo de más de 100 países, hasta ahora ese esfuerzo ha sido bloqueado por las mismas naciones ricas que están acaparando el suministro de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).
Mientras, como han informado diversos medios, incluido The New York Times la semana pasada, las compañías farmacéuticas como Pfizer piden a los gobiernos que compran sus vacunas que pongan activos soberanos –reservas bancarias en el exterior, edificios de embajadas y bases militares, por ejemplo– como garantía para proteger a las empresas de las demandas civiles que puedan surgir a raíz de su propia negligencia (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21).
LIBERAR LAS PATENTES
Durante meses, diversos activistas y organizaciones civiles han estado pidiendo al presidente estadounidense, Joe Biden, que apoye, en la interna de la OMC, la exención temporal al pago de patentes. Se trata de una demanda que está sobre la mesa desde octubre del año pasado y volverá a ser discutida el miércoles 5 de mayo.
La presión sobre Biden está empezando a venir también desde el mainstream. La junta editorial de The New York Times abogó la semana pasada por compartir las patentes y el know how tecnológico, e incluso The Economist instó esta semana al presidente a rechazar el «egoísmo en materia de vacunas». El 16 de abril, a través de Twitter, Adar Poonawalla, director del mayor fabricante de vacunas del mundo, el Instituto Serum de India, suplicó a la Casa Blanca para que levante el embargo que pesa sobre la exportación de materias primas desde Estados Unidos, lo que permitiría una mayor producción de vacunas en el país asiático.
Biden ha comenzado a ceder en algunas cosas, al comprometerse a, por ejemplo, enviar generadores de oxígeno y materiales para producir la vacuna de Astrazeneca en India. El gobierno estadounidense ha prometido enviar al extranjero algunas dosis que le sobran (y que no están aprobadas para ser usadas en Estados Unidos), ya sea a través del COVAX o de acuerdos bilaterales. De todos modos, son medidas que no están ni cerca a la altura del momento.
UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA
El gobierno de Estados Unidos tiene tanto el poder como los mecanismos legales para forzar a las compañías farmacéuticas a liberar las patentes. El primer paso sería dejar de obstaculizar la exención de patentes en la OMC. Biden también podría otorgar las licencias obligatorias de aquellas vacunas financiadas con fondos públicos a los fabricantes de medicamentos que tengan la capacidad de producirlas. La mayoría de las vacunas contra la covid-19 usan tecnología de proteína de punta estabilizada, desarrollada por Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) a partir de fondos públicos. De hecho, en junio NIH reclamó la propiedad conjunta de la vacuna producida por Moderna.
El gobierno de Estados Unidos podría también ayudar a facilitar la transferencia de tecnología entre los fabricantes de medicamentos y compartir conocimientos y propiedad intelectual a través del Fondo de Acceso Tecnológico de la Organización Mundial de la Salud. También podría invertir mayores recursos para aumentar la capacidad de producción en todo el mundo. La iniciativa estadounidense Operation Warp Speed, por ejemplo, ya logró «aumentar y ampliar 23 instalaciones de fabricación en sólo seis meses», según un informe publicado en diciembre por la ONG Public Citizen. El peso económico y político de Estados Unidos le permitiría combinar estas medidas y convertir las vacunas contra la covid-19 en un bien público mundial. Este tipo de acción es extremadamente popular entre la población de ese país, como reveló en febrero una encuesta de Data for Progress y Oxfam Estados Unidos. Lo que se interpone en ese camino, sin embargo, es el compromiso del gobierno de Biden con la industria farmacéutica, sus lobbies y sus ganancias.
Se trata de una industria que se beneficia enormemente de estrictos derechos de patente y de una cuantiosa financiación estatal libre de condiciones (véase «Asaltantes con patente», Brecha, 5-II-21). A menudo se dice que este es un esquema necesario; de lo contrario, se repite, las empresas no tendrían el incentivo para colaborar y hacer investigaciones arriesgadas. Pero lo cierto es que las empresas farmacéuticas suelen gastar una parte muy pequeña de sus ingresos en investigación y desarrollo (no más de entre el 15 y el 20 por ciento, cuando no mucho menos, como ha informado The Financial Times, 8-X-15). Y, cuando lo hacen, rara vez es para desarrollar vacunas, que son un producto menos rentable que otros tipos de tratamiento y requieren de investigación a largo plazo e inversión sostenida.
Mientras tanto, mientras se sigue confiando en la buena voluntad de las empresas farmacéuticas o en la mano invisible del mercado, se profundiza una crisis sanitaria y económica catastrófica, que ya se ha cobrado más de 3 millones de vidas y ha sumido a aproximadamente 150 millones de personas en la pobreza. Los cielos de Delhi hoy están cubiertos por el humo de docenas de crematorios improvisados. «La gente simplemente se muere, se muere y se muere», dijo a The Guardian (28-IV-21) Jitender Singh Shanty, encargado de coordinar más de 100 cremaciones por día. No parece un momento para andarse con vueltas.
(Publicado originalmente en Jacobin con el título «Release the Vaccines». Traducido al español por Brecha.)
