Entre febrero y marzo de este año, 200 personas enfermas de covid-19 murieron en Brasil durante un estudio científico irregular con una sustancia llamada proxalutamida, que está siendo estudiada para combatir el cáncer de próstata. Escrito y leído así, es aterrador. Y de hecho lo es. Pero en un país con constantes noticias aterradoras, dirigido por un ser que venera la muerte, este caso fue, digamos, minimizado. Celebrados por la familia Bolsonaro y ampliamente divulgados por las redes sociales bolsonaristas, los resultados del estudio fueron publicados en marzo como positivos y promisorios, ya que quienes murieron habían sido medicados con placebo, supuestamente, lo que demostraría la eficacia de esta sustancia «milagrosa» que habría logrado disminuir en un 90 por ciento las muertes entre quienes la habían recibido. En momentos en que la defensa de la cloroquina perdía fuerza, la proxalutamida pasó a ser el nuevo remedio salvador de los bolsonaristas.
Sin embargo, una denuncia reciente de la Comisión Nacional de Ética en Investigaciones (CONEP) levanta contundentes cuestionamientos sobre aspectos éticos y metodológicos del estudio. En diálogo con Brecha, su coordinador y firmante de la denuncia, Jorge Venâncio, afirmó que la investigación médica fue realizada «transgrediendo enteramente las normas éticas en investigación». Venâncio dice que nunca vio nada parecido en el país. El conjunto de errores metodológicos es tan grande, cuenta, que puede causar que el trabajo no tenga ningún valor científico sustancial. Así, estaríamos frente a una investigación que causó la muerte de 200 personas sin lograr ningún resultado práctico. En un comunicado, la Red Bioética de la Unesco consideró que este «podría ser uno de los episodios de infracciones a la ética en investigaciones y de violación de los derechos humanos de los voluntarios más graves y serios de la historia de América Latina».
En teoría, el estudio devenido experimento era de doble ciego, o sea, ni los investigadores ni los pacientes sabían quién estaba tomando qué. Pero para la CONEP existen fuertes indicios de que esto no fue respetado. Según el organismo, las informaciones brindadas por los responsables no permiten comprender directamente la causa de las muertes, por lo que no se puede descartar la posibilidad de que haya habido intoxicaciones. Y si no fueron por intoxicaciones, fueron por omisiones. Ante tantas muertes, afirma Venâncio, el médico debería haber suspendido la investigación: «No tiene ningún sentido que se haya quedado mirando cómo morían 200 pacientes». En el texto, la CONEP denuncia la gravedad ante la «diferencia tan grande de muertes entre los dos grupos de estudio (proxalutamida / placebo) sin que se haya interrumpido la investigación para averiguar las razones de estas muertes». Ante los hechos, era necesario romper el secreto clínico para averiguar si estaban relacionadas al medicamento investigado. Y si, según los responsables, la sustancia utilizada con los pacientes estaba teniendo tantos efectos milagrosos, ¿por qué permitir la muerte de tanta gente a la que se le suministraba el placebo? Venâncio sentencia: «En todos los escenarios posibles hay hechos gravísimos que deben ser aclarados. Ante tantos problemas, el investigador tenía la obligación de suspender la investigación, y en caso de que esa sustancia tuviera efectos tan milagrosos, todos los pacientes deberían haber comenzado a recibirla». Otro elemento a considerar: los documentos enviados a la CONEP hablan de insuficiencia renal y hepática como causa de los fallecimientos. Según la Comisión, tasas elevadas de esas complicaciones son observadas en pacientes gravemente enfermos en terapia intensiva, por lo que se sospecha que en los ensayos fueron incluidos estos pacientes, a pesar de que las autorizaciones para el estudio no los contemplaba.
Por otra parte, la autorización estaba restringida a la ciudad de Brasilia, pero el estudio fue realizado en el estado de Amazonas, y luego exportado sin ninguna autorización a Río Grande del Sur y Santa Catarina. Y hay más: la identidad de los integrantes del Comité Independiente que debía fiscalizar la investigación es desconocida y no fue aportada por los investigadores a la CONEP, que afirma que ni siquiera tiene certeza de que ese comité realmente existió.
Las flagrantes inconsistencias metodológicas y la absoluta negligencia con la vida humana podrían inducirnos a pensar que el experimento con proxalutamida fue un caso aislado de desapego por la ciencia. Pero no. El hecho tiene las huellas digitales del bolsonarismo. El responsable del estudio es el endocrinólogo Flávio Cadegiani, acusado este miércoles junto a Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Cadegiani es señalado como uno de los integrantes del llamado «gabinete paralelo» del Ministerio de Salud, grupo de médicos y charlatanes cercanos a Bolsonaro encargado de promover el «tratamiento precoz» con cloroquina, ivermectina y otras sustancias comprobadamente ineficaces contra el virus, y de dar sustento teórico al ataque contra las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas. Curiosamente, el estudio principal, ejecutado en los hospitales de la red privada Samel del estado de Amazonas, fue patrocinado por la enigmática empresa norteamericana Applied Biology, especializada en tratamientos para la calvicie, de la cual Cadegiani es director clínico, que es socia de la empresa china Kintor Pharmaceuticals, dueña de la patente de la proxalutamida. Según consta en la denuncia enviada a la fiscalía, la única persona que firma los informes del supuesto Comité Independiente es una integrante del grupo Applied Biology, lo que representa un nítido conflicto de intereses.
Otro de los responsables del estudio es el médico bolsonarista Ricardo Ariel Zimerman, uno de los más notorios defensores de la cloroquina en las redes sociales, idealizador de cócteles de remedios sin eficacia que integraron el «kit covid» que el gobierno federal envió a los estados. Zimerman coordinó con Cadegiani los estudios en hospitales de Río Grande del Sur y Santa Catarina, cuyos resultados son desconocidos para el CONEP. En agosto, Cadegiani escribió en su Twitter que «determinados tipos de deficiencias de las instituciones no pueden frenar el avance de una investigación estrictamente ética e incluso obligatoria desde el punto de vista moral, teniendo en vista los resultados».
Después de las denuncias, la Agencia de Vigilancia Sanitaria suspendió la importación de la proxalutamida en el mes de setiembre. El Ministerio Público Federal abrió una investigación civil sobre el ensayo clandestino de Porto Alegre.
«Estos hechos están relacionados con la negación de la ciencia, que tiene dos caminos: puede ser realizada abiertamente, cuando las personas niegan las vacunas y cosas por el estilo (esto se ve bastante en Brasil en los últimos tiempos), y también cuando se hace de cuenta que se está haciendo ciencia», afirma Venâncio, y agrega: «En este caso da la sensación de que estaban haciendo tratamiento disfrazado de investigación». Una nota publicada este miércoles por la edición brasileña de El País relata otro caso en el que Cadegiani recetó dosis inéditas de proxalutamida sin ninguna autorización. Estos casos se suman a las gravísimas denuncias reveladas por la CPI contra la mutualista Prevent Senior, acusada de falsificar certificados de defunción para esconder muertes por covid-19 mientras llevaba a cabo un estudio para probar la eficacia de la cloroquina sin consentimiento de los familiares, y obligaba a sus propios médicos a recetarla.
Todavía no hay un veredicto judicial sobre estos experimentos criminales. Pero en el vapuleado campo de la ética, el veredicto es claro: el presidente y sus aliados no solamente negaron y atacaron la ciencia, sino que la vaciaron y manipularon al servicio de su proyecto político y sus intereses mezquinos. Son los mercaderes de la muerte.
