El 29 de octubre, ante la Asamblea General de la ONU, el embajador de Israel en ese organismo, Gilad Erdan, rompió en pedazos una copia del informe anual del Consejo de Derechos Humanos que la alta comisionada Michelle Bachelet había presentado ese día. Diez días antes, el viceprimer ministro y ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, había decretado que seis organizaciones de la sociedad civil palestina −entre las que se encuentran las más importantes ONG de derechos humanos− son «terroristas». Sin mostrar ninguna prueba, las acusó de ser un brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y de desviar fondos de donantes internacionales hacia ese partido político.
Aunque la medida se basa en una draconiana ley antiterrorista aprobada en 2016, tiene antecedentes muy anteriores a la moda legislativa surgida en Occidente tras los atentados del 11 de setiembre: Israel siempre ha mantenido a la población palestina bajo régimen militar, primero en el territorio ocupado en 1948 y luego en el ocupado en 1967, donde, según Human Rights Watch, ha ilegalizado más de 400 grupos, incluidos todos sus partidos y todo grupo que resista la ocupación colonial.
LOS SEIS GRUPOS «TERRORISTAS»
Al-Haq (fundada en 1979) fue la primera organización de derechos humanos en Palestina/Israel y en el mundo árabe. Afiliada a la Comisión Internacional de Juristas y a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), tiene estatuto consultivo en la ONU y fue la principal impulsora de la investigación contra Israel abierta en la Corte Penal Internacional, en la que uno de los principales acusados es, justamente, Benny Gantz, comandante del Ejército durante el brutal ataque a Gaza de 2014. Shawan Jabarin, director de Al-Haq, comentó la ironía en conferencia de prensa: «Gantz dice que somos un grupo terrorista cuando él mismo es un criminal de guerra».
DCI-P (rama palestina de Defensa de la Niñez Internacional, fundada en 1991) defiende a unos 200 niños al año en los tribunales militares israelíes, y desde el año 2000 ha documentado el asesinato de más de 2.200 niños palestinos. Su trabajo de incidencia ante el Congreso de Estados Unidos −con campañas como «No way to treat a child»− ha impulsado proyectos de ley para recortar la ayuda militar a Israel.
Addameer (fundada en 1991) es la principal organización de apoyo a las y los presos políticos palestinos, mediante la defensa legal, la incidencia política y la elaboración de informes sobre la situación en las prisiones israelíes. Su oficina fue allanada y saqueada por el Ejército israelí en 2001, 2012 y 2019.
La UAWC (siglas en inglés de Unión de Comités de Trabajo Agrícola, fundada en 1986 y miembro de la Vía Campesina) apoya a miles de agricultores y pescadores con proyectos productivos y técnicos. En especial, los ayuda a cultivar y defender sus tierras en la crítica zona C: los dos tercios de Cisjordania que Israel controla militarmente y pretende anexar para sus colonias.
La UPWC (Unión de Comités de Mujeres Palestinas, fundada en 1980) es una organización de base presente en todo el territorio ocupado que busca empoderar a las mujeres para defender sus derechos en la sociedad palestina y resistir la colonización israelí, y brinda capacitación para crear cooperativas de producción, formación para la participación política, así como ayuda legal y psicológica a quienes sufren la represión.
El Centro Bisan (fundado en 1989) es una pequeña ONG de investigación que produce informes críticos tanto sobre la pobreza resultante de la asfixia económica israelí como sobre las políticas neoliberales impulsadas por la Autoridad Nacional Palestina. También elabora propuestas para impulsar la autonomía económica palestina.
ESCALADA DE ATAQUES
El decreto estuvo precedido de una serie de agresiones. El 29 de julio, tropas israelíes irrumpieron en las oficinas de DCI-P y de Bisan y destruyeron equipamiento y robaron computadoras. «No dejaron ninguna orden [de allanamiento] ni una lista de las cosas que confiscaron», dijo a la prensa Ubai Aboudi, director de Bisan. Ese mes también la sede de la UAWC fue atacada y clausurada por seis meses.
En junio los soldados habían invadido y saqueado la sede de otra organización histórica: HWC (Comités de Trabajo para la Salud, fundada en 1985), que ofrece prevención y atención en todo el territorio ocupado (la única con una clínica para mujeres con cáncer). En abril habían sido detenidos Walid Abu Ras (responsable de finanzas) y Juana Ruiz (cooperante española encargada de proyectos internacionales), y en julio fue detenida Shatha Odeh, la directora de HWC. También se los acusa de desviar fondos al FPLP. Unas 130 organizaciones de 40 países condenaron su detención y pidieron a la Organización Mundial de la Salud que exigiera su liberación.
Similar suerte corrió Moha-mmed Halabi, representante en Gaza de la ONG estadounidense World Vision. Acusado de desviar fondos para Hamas, está preso desde 2016. Las muchas y rigurosas auditorías probaron la falsedad de la acusación, pero Halabi sigue preso y World Vision tuvo que cerrar su trabajo en Gaza.
MIENTE, MIENTE, QUE ALGO QUEDARÁ
El FPLP −partido de izquierda marxista que integra la Organización para la Liberación de Palestina y tiene representantes en el Legislativo palestino− es el cuco perfecto para criminalizar a las ONG palestinas. Su brazo armado llevó adelante sonadas acciones en los años setenta, y hasta hoy Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran un grupo terrorista (igual que al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela hasta hace poco). Hoy es un partido minoritario en la escena política palestina, dominada por la rivalidad entre Fatah y Hamas, pero sus militantes gozan de respeto y credibilidad entre la población. Es común encontrarlos en gobiernos locales, organizaciones sociales y ONG, sin relación alguna con la lucha armada y menos con acciones «terroristas».
Para Sahar Francis, directora de Addameer, lo que realmente está detrás de la criminalización de las seis ONG es una campaña permanente de Israel y sus aliados para aplastar el trabajo que la sociedad civil viene haciendo en los últimos 15 años para desenmascarar el apartheid. «Nos atacan porque estamos logrando cambiar el paradigma», dijo la semana pasada a +972 Magazine. En 2015, a medida que aumentaba la presión internacional contra Israel, el gobierno asignó millones de dólares al Ministerio de Asuntos Estratégicos, al mando del mismísimo Gilad Erdan, para dirigir una «campaña contra los efectos de la deslegitimación y los boicots a Israel». Una de sus actividades centrales fue acusar de terrorismo a las ONG palestinas y presionar a los gobiernos europeos para que cortaran su financiación.
Durante años de meticuloso cabildeo, el gobierno israelí y grupos financiados por él han calificado el trabajo de derechos humanos palestino de «falso», en el mejor de los casos, y de «antisemita», en el peor. Gracias a esa difamación, la cooperación extranjera ha intensificado su escrutinio de las ONG palestinas, y les ha impuesto condiciones y exigencias que consumen mucho tiempo y energía de su personal. En ninguna de las innumerables auditorías ordenadas se encontró nada que corroborara las acusaciones de Israel. Esta estrategia de deslegitimación y hostigamiento fue meticulosamente analizada en un informe de 64 páginas publicado en abril por el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, un proyecto de la FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
El anuncio de Gantz del 19 de octubre desató una lluvia de declaraciones de repudio y solidaridad con la sociedad civil palestina: de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, de la FIDH y la OMCT, de casi 300 instituciones de la sociedad civil de Estados Unidos y más de 80 internacionales y de ONG, grupos académicos y periodistas israelíes. La alta comisionada Michelle Bachelet condenó el ataque a los grupos defensores de los derechos humanos, que son «socios clave de nuestra oficina», y exigió que el decreto sea revocado. La solidaridad global sigue creciendo con una campaña bajo el hashtag #StandWithThe6, que contrasta con el cauteloso silencio de los gobiernos del mundo.
LA SOLIDARIDAD ¿ALCANZA?
En una declaración conjunta, el Consejo Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos y la Red de ONG Palestinas llamaron a la comunidad internacional a condenar la decisión arbitraria y a exigir al gobierno de Israel que la revoque. Y en conferencia de prensa, las seis organizaciones reafirmaron el compromiso de continuar su trabajo en defensa de los derechos del pueblo palestino. Un mes antes, en una carta desde la prisión, Shatha Odeh afirmó: «Mi detención demuestra la intención (…) de cortar los servicios que prestan las organizaciones de la sociedad civil palestina (…) porque sirven para reforzar la firmeza y la resiliencia del pueblo palestino. Pero ni sus prisiones ni sus políticas opresivas lograrán quebrantar el camino de nuestra legítima lucha».
Como dijo recientemente en +972 Magazine el analista palestino Amjad Iraqi: «las autoridades israelíes están aterrorizadas, no por grupos armados, sino por millones de personas que están exponiendo la verdad sobre la opresión israelí. Tienen razón en tener miedo: es gracias a la movilización de la sociedad civil que los medios están cuestionando el ataque a las ONG y que los diplomáticos están presionando a sus gobiernos para que pasen de la retórica a la acción. A pesar de toda su arrogancia, Israel sigue temiendo que llegue el día en que sus aliados condenen sus políticas por lo que son: persecución política por parte de un régimen de apartheid. Con cada uno de sus actos de chutzpah [descaro], Israel podría estar acercando ese día».
