El 15 de noviembre de 2019 es la fecha clave para comenzar a devanar la enredada madeja que se ha ido formando en los últimos años en Chile. Esa madrugada la clase política, de derecha, de centro y unos pocos miembros de la izquierda, anunciaron la realización de un plebiscito mediante una declaración denominada «Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución».
«En Chile ninguna Constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo», rezaba una carta pública firmada por 262 profesores y profesoras de derecho y ciencia política, publicada por CIPER dos días después de la firma del acuerdo. «Tener la posibilidad de crear una Constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra república», agregaba la misiva, que desconsideraba el hecho de que la nueva carta debería ser aprobada por dos tercios de los constituyentes.
Había que romper amarras con la herencia de la dictadura, que en 1980 hizo aprobar una Constitución bajo el terrorismo de Estado cabalgado por Augusto Pinochet, y el acuerdo parecía un buen camino.
ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHES
Entre los diez firmantes del acuerdo no figuraban los comunistas ni las organizaciones que habían apoyado la revuelta lanzada a mediados de octubre por los estudiantes secundarios y apoyada por millones de chilenos que tomaron las calles sorprendiendo a un país acostumbrado al orden y reacio a ocupar las grandes alamedas.
Cada uno de los diez firmantes representaba a un partido. Menos uno, que lo hizo a título individual: Gabriel Boric, que militaba en Convergencia Social, integrante del Frente Amplio. No consultó a nadie, ni siquiera a sus más cercanos. Dijo que se había logrado «un buen acuerdo», posible «gracias a la movilización social» (CNN, 15-XI-19).
Su actitud generó honda crisis en la izquierda: cientos de militantes renunciaron a Convergencia Social, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, el vicepresidente de su partido, Cristián Cuevas Zambrano, y el movimiento Izquierda Libertaria se retiró del Frente Amplio.
En la foto donde se rubrica el acuerdo, Boric es la única figura que no pertenecía a la clase política, lo que fue celebrado por los políticos de todos los colores, pero duramente cuestionado por el Partido Comunista y casi la totalidad de las fuerzas de izquierda. Convergencia Social sancionó a Boric congelando su militancia, pero poco dio marcha atrás. La principal crítica era que no había consultado a sus compañeros, pero otras voces destacaron que, a menos de un mes de lanzada la revuelta, que comenzó el 18 de octubre como protesta contra el alza del boleto (con decenas de muertos, cientos de ojos estallados y miles de hospitalizados), no era conveniente sentarse a negociar con la derecha.
ENTUSIASMO CONSTITUYENTE
Un año después, el 78 por ciento de los chilenos votó a favor de redactar una nueva Constitución, un paso previo a elegir los constituyentes, con una participación del 50 por ciento, pese a las restricciones de la pandemia. Muy alta si se tiene en cuenta que la participación venía decayendo hasta alcanzar un mínimo del 36 por ciento en las municipales de 2016.
Tan importante como el Apruebo fue la elección del organismo que la redactará: una convención compuesta por 155 ciudadanos, con carácter paritario entre hombres y mujeres, propuesta que alcanzó un 79 por ciento de los votos.
Casi todo el movimiento social se encaminó detrás de la Convención Constituyente, desarmando una parte de las más de 200 asambleas y cabildos que se habían formado al calor de la revuelta.
Los resultados de la elección de los 155 constituyentes enseñaron un nuevo mapa político y dieron alas al optimismo de la izquierda. La primera minoría correspondió a la derecha unida (37 bancas), seguida de cerca por la coalición Apruebo Dignidad (comunistas y Frente Amplio con 28 escaños). La Lista del Pueblo, formada por movimientos sociales de base, cosechó 26 cargos, seguida muy de cerca por la alianza de los partidos de centro (socialistas, Partido por la Democracia y Democracia Cristiana con 25), correspondiendo los demás a los independientes y a los diez pueblos originarios, que tuvieron 17 escaños reservados.
El dato más sobresaliente fue el hundimiento de la Democracia Cristiana, el partido hegemónico desde el fin de la dictadura, que ahora tuvo apenas dos constituyentes frente a siete de los comunistas. La elección de la lingüista mapuche Elisa Loncón como presidenta de la Convención es un hecho simbólico que refuerza, por un lado, el papel de ese pueblo en el futuro del país, pero también un intento por mostrar los cambios en curso.
Sin embargo, los datos siempre tienen una segunda lectura posible. ¿Hacia dónde emigrarán los votos de la histórica Democracia Cristiana, que fue clave de gobernabilidad pero también pieza decisiva en el golpe de 1973? ¿La rápida desintegración de la Lista del Pueblo favorece a la izquierda, sus votos se desperdigan entre los demás partidos o van a la abstención?
EL IRRESISTIBLE ASCENSO DE LA NUEVA DERECHA
Luego de haber votado constituyentes en abril, hubo una nueva convocatoria a principios de julio para definir los candidatos de cada coalición. En la izquierda Boric venció al comunista Daniel Jadue, luego de una ríspida campaña entre ambos. En la derecha Sebastián Sichel, independiente, venció con holgura a experimentados políticos como Joaquín Lavín y Mario Desbordes, mostrando que ese sector también buscaba caras nuevas.
Pocos contaban en aquel momento con el notable crecimiento del derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, defensor de la dictadura de Pinochet, que en el último mes duplicó la intención de voto en las encuestas, desplazó a Sichel, que partía como favorito, y amenaza con vencer a Boric, de Apruebo Dignidad, por lo menos en primera vuelta.
El escenario está polarizado, con las opciones centristas, como la de la socialista Yasna Provoste, lejos de alcanzar la segunda vuelta. Lo que suceda en diciembre, cuando se dirima el balotaje, es claramente impredecible.
En todo caso, vale anotar que si bien la derecha no consiguió el tercio de la Convención Constituyente, como se lo proponía, para bloquear cambios de fondo, sí lo puede hacer a través de la militancia activa de la clase media y del empresariado, que tan importante papel han jugado en la historia para bloquear a la izquierda.
Uno de los pensadores más lúcidos del país, el historiador Gabriel Salazar, se muestra, sin embargo, optimista. Observa que la porción de la población organizada y que participa en cabildos y conversatorios «está usando actualmente una serie de conceptos y términos muy superiores a los que manejábamos nosotros en la época de Salvador Allende», porque «ha habido un desarrollo de la capacidad de análisis histórico-político y un desarrollo de los conceptos que tienen que ver con la soberanía popular y su expresión en el proceso constitucional» (Radio UChile, 17-XI-21).
Más allá del resultado del domingo 21 en las urnas, cree que el punto crucial llegará cuando la Convención deba discutir temas ríspidos: «Si nos quedamos con los tratados de libre comercio, que son los verdaderos pilares del modelo neoliberal, o no». A la vista de lo sucedido con las constituciones aprobadas en la región (desde la colombiana de 1991 hasta las de Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009, pasando por la venezolana de 1999), parece poco probable que el doble proceso en curso permita soñar con cambios de fondo. Por eso sentencia: «Si no hay ningún cambio profundo y si los nuevos gobiernos se dedican a torpedear solapadamente, maliciosamente, el proceso constituyente, la posibilidad de un estallido grande yo creo que está y va a ser una amenaza si no se responde en profundidad a lo que el pueblo ha manifestado claramente que quiere».
