La Legislatura de Chubut había aprobado el miércoles 15, con 14 votos a favor y 11 en contra, una ley que permitía la explotación minera a gran escala en la meseta central de la provincia. Lo logró gracias a un férreo dispositivo policial que impidió a los ciudadanos acercarse al palacio legislativo. Sin embargo, apenas se supo el resultado de la votación, la provincia estalló con manifestaciones callejeras contrarias a la ley.
El proyecto ya había sido rechazado en diciembre de 2020, pero aún conservaba estado parlamentario e incluso un dictamen favorable a nivel de comisiones, por lo que era esperable una maniobra como la consumada por los legisladores en la noche del 15. A pesar de que, según diferentes encuestas, la megaminería concita un aplastante rechazo entre la mayoría de la población de la provincia, la nueva ley contaba con la bendición del gobernador Mariano Arcioni, el lobby minero de la empresa Pan American Silver, el apoyo de los sindicatos de camioneros, la aprobación de algunos intendentes y la presión del gobierno nacional, representado por el ministro de Producción, Matías Kulfas, y por el propio presidente, Alberto Fernández.
Sin embargo, movilizada tanto en las ciudades de la costa atlántica como en los pueblos cordilleranos, la sociedad chubutense logró en la calle una victoria contundente contra la dirigencia de todos los partidos representados en la legislatura provincial: la ley minera fue finalmente derogada por unanimidad en la sesión virtual del martes 21 por el mismo Parlamento que la había aprobado el miércoles 15.
NO A LA MINA
«En las noches del miércoles, jueves y viernes, las principales ciudades de la provincia padecieron una cacería de parte de la Policía provincial», asegura a Brecha Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas del Chubut. En la mañana del viernes 17, el abogado Fernando Cabaleiro, de la asociación ambientalista Naturaleza de Derechos, presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la brutal represión de la Policía chubutense contra los manifestantes. «Solo la primera noche hubo 15 heridos de bala y 40 detenidos, finalmente liberados», agrega a este semanario Viviana Moreno, de la histórica asamblea de Esquel. «Los comercios de distintas ciudades de la provincia, en lugar de exhibir ofertas de sus productos, colocaron carteles con los nombres o las fotos de los 14 diputados que votaron la ley, a quienes consideramos traidores», remarca la activista.
Los reclamos ciudadanos no son nuevos ni parecen caprichosos. En 2003, un 81 por ciento de los votantes de la localidad de Esquel se pronunció en contra de los proyectos de minería a cielo abierto en la zona. A partir de ese plebiscito, Chubut cuenta con la ley 5001, que prohíbe la megaminería con uso de cianuro. Desde aquel mismo momento, los proyectos mineros y las sucesivas autoridades provinciales y municipales buscaron la forma de eludir la norma. A lo largo de los años, sin embargo, la oposición popular a los proyectos se mantuvo constante y organizada en asambleas vecinales en cada pueblo y ciudad de la provincia. En junio de 2018, todas las asambleas chubutenses confluyeron en un encuentro en Puerto Madryn, en el que reclamaron la salida de las iniciativas mineras anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri y los preacuerdos firmados con la empresa rusa Rosatom para la explotación de uranio en la meseta central.
Al año siguiente, el actual gobernador, Mariano Arcioni, llegó al poder gracias a la alianza de su partido provincial, Chubut Somos Todos, con el Frente de Todos. Su padrino político fue el actual titular de la Cámara Nacional de Diputados, Sergio Massa. Arcioni prometía entonces que la minería no sería parte del menú económico de inversiones que la provincia ofrecería. Luego cambió radicalmente de idea e intentó la aprobación de una ley prominera en diciembre de 2020 (véase «Embestida extractivista», Brecha, 26-II-21). Sin éxito, como ahora.
RIQUEZA PATAGÓNICA
De acuerdo a la norma aprobada la semana pasada y derogada este martes, los departamentos (municipios) de Gastre y Telsen quedaban habilitados para diversos proyectos mineros a gran escala. El más importante es el conocido como Proyecto Navidad: en su yacimiento hay plata, plomo y cobre en una extensión de 1.000 quilómetros cuadrados. Su principal inversor es la Pan American Silver, que opera minas de plata en Perú, México, Bolivia, Canadá y Guatemala. La empresa internacional plantea una inversión de 1.200 millones de dólares en los próximos diez años.
También se habilitaba la explotación de nuevos minerales y sustancias químicas, como el uranio, codiciado por el consorcio Rosatom. En 2014, a partir del hallazgo de yacimientos de uranio en la meseta central de Chubut, Vladimir Putin aterrizó en Buenos Aires y firmó varios acuerdos de cooperación con el gobierno de Cristina Fernández, entre ellos uno referido a energía nuclear. El 7 de diciembre pasado, el Fondo Ruso de Inversión Directa y la plana mayor del gobierno argentino iniciaron una semana de actividades conjuntas y a la cabeza de la agenda estuvieron las posibilidades de inversión en el sector energético.
Una semana después de esas deliberaciones, Alberto Fernández encabezó una reunión de gabinete en la ciudad de Monteros, en la provincia de Tucumán, donde advirtió sobre la necesidad de explotar los recursos naturales del país: «Argentina solo explota el 40 por ciento de su riqueza minera. Piensen en todo el potencial que supone esa riqueza en las provincias cordilleranas». La ley minera chubutense fue votada al día siguiente.
FINAL CANTADO
El saldo material de estas idas y vueltas es la casa de gobierno de Chubut incendiada, la Legislatura con destrozos y el edificio del Poder Judicial consumido por el fuego, al punto de que se perdieron 754 archivos de causas judiciales en trámite y con sentencia. La CIDH ya admitió el recurso presentado por los ambientalistas ante la represión recibida, por lo que el gobierno provincial quedó bajo la lupa por posibles violaciones a los derechos humanos en defensa de una ley que finalmente debió derogar.
El gobernador anunció ahora el llamado a un plebiscito para validar o no la minería a cielo abierto, pero los asambleístas no lo creen necesario y resistirán el envío de la iniciativa al Parlamento provincial, según anunciaron. El partido de Arcioni obtuvo apenas el 10 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias de noviembre y quedó tercero detrás del Frente de Todos. Ambos gobiernan con divisiones internas en sus partidos, frente a un movimiento social provincial unificado, que salió a las calles precisamente en vísperas de cumplirse 20 años de las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando las protestas en todo el país provocaron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Una muestra más de la fuerza de la movilización social.
Emergencia hídrica
La provincia de Chubut cuenta con una cuenca hídrica que, según el Centro Nacional Patagónico, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), se está «secando año tras año y requiere un tratamiento urgente para evitar sequías que alteren el ecosistema de varias regiones». En la legislatura provincial ya se presentaron dos proyectos para declarar la emergencia hídrica en Chubut. La Unión de Asambleas del Chubut denuncia que buena parte del agua perdida en la provincia está ligada a los permisos otorgados por las autoridades a las empresas mineras en etapa de exploración, una actividad que no está prohibida por la ley 5001. «Imaginen lo que sería para los chubutenses la irrupción de la megaminería en la meseta central. Nos quedaríamos sin agua, dado el nivel de consumo que implica la tarea diaria de la explotación minera a cielo abierto», señaló Lada a Brecha.
