Joe Manchin, de 74 años y quien ha estado en el Senado de Estados Unidos desde 2010, es demócrata, de Virginia Occidental y, aunque no encara una elección hasta 2025, mucho ha de cuidar su clientela política en un estado muy conservador y cuya economía depende en gran medida de la minería del carbón.
La quiniela, que es el sistema electoral estadounidense –en realidad 50 sistemas diferentes–, dejó a los demócratas en el Senado casi a la par de los republicanos tras los comicios de noviembre de 2020. Como resultado, si una ley requiere 51 votos, los demócratas han de votar todos por la iniciativa y dependen del aporte de la vicepresidenta, Kamala Harris. Y si una ley requiere 60 votos, los demócratas están perdidos: el Partido Republicano mantiene su política simple del no a todo.
La necesidad de contar con la totalidad de los 50 senadores demócratas ha dado a cada uno una palanca fuerte para influir, aprobar o hundir las propuestas con las que el presidente, Joe Biden, llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. Y por ello, el otro Joe, el senador, ha emergido como el escollo para las políticas de Biden en áreas cruciales (véase «No lo dejes apagar», Brecha, 14-I-22).
El ejemplo más reciente ocurrió este martes cuando Sarah Bloom Raskin, propuesta por Biden para un puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, retiró su candidatura horas después de que Manchin dijera que se oponía a la postulación. Raskin, de 60 años, ha expresado su apoyo a que la Reserva Federal dé más atención a los riesgos financieros vinculados al cambio climático.
Pero, según Manchin, Raskin «no ha respondido de manera satisfactoria» a sus preocupaciones «acerca de la importancia crucial de financiar una política energética que incluya todos los recursos para atender las necesidades principales de nuestro país». Los republicanos, en tanto, se habían opuesto por unanimidad a la candidatura, básicamente argumentando que Raskin apoyaría el uso de las atribuciones que tiene la Reserva Federal para empujar a los bancos a que nieguen préstamos a las empresas de gas y petróleo.
Los demócratas, y muchos ejecutivos bancarios, señalaron, por su parte, que Raskin solo procuraría que la Reserva Federal considerara las amenazas que el cambio climático representa para las compañías de seguros y los bancos.
En última instancia, la prioridad para Manchin es mantenerse en el Senado –y para los demócratas, evitar que Manchin se pase a los republicanos–, de modo que las consideraciones sobre el cambio climático y la importancia que el asunto tuvo en la retórica de campaña de Biden han quedado archivadas.
Mientras tanto, una investigación publicada en enero por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos reveló que la concentración de metano en la atmósfera alcanzó el nivel récord de más de 1.900 partes por 1.000 millones en 2021. Pocos meses antes, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) había advertido que los niveles atmosféricos de este gas de efecto invernadero están en su punto más alto de los últimos 800 mil años.
DINERILLOS
En 2020, el entusiasmo de la campaña electoral que contagió a los «progresistas» y los llevó a soñar con un Green New Deal había multiplicado las promesas de acción concreta para lidiar con el cambio climático y promover el uso de fuentes de energía alternativas y renovables. Biden dijo entonces que su gobierno asignaría 11.400 millones de dólares por año hasta 2024, específicamente, a las tareas dedicadas a enfrentar el cambio climático. Pero, cuando llegó el momento de enviar al Congreso el primer proyecto de presupuesto, la asignación solicitada para ocuparse del tema bajó a 3.500 millones de dólares.
La semana pasada el Congreso aprobó un presupuesto de 1,5 billones de dólares –lo que quedó del pedido de Biden por 3,5 billones– que incluye 1.500 millones de dólares para programas relacionados con la emergencia climática. Y aunque Estados Unidos es el mayor contribuyente de emisiones que causan el efecto invernadero, la porción principal de lo aprobado por el Congreso se gastará en ayuda a los países afectados por desastres naturales y en su transición a fuentes de energía que no sean los combustibles fósiles.
Un informe divulgado en febrero por el IPCC indicó que los países más pobres necesitarán cientos de millones de dólares anuales en ayuda para protegerse de los desastres naturales, incluida la subida de los niveles de los mares, que resultan de ese cambio.
Por supuesto, Manchin también estuvo presente en la obstrucción de las asignaciones para atender el cambio climático, lo que se sumó a otras varias instancias en las que el senador de Virginia Occidental ha probado que el presidente de Estados Unidos no es tan poderoso. Por ejemplo, después de escarceos durante meses, el legislador accedió a votar en marzo del año pasado por el paquete de estímulo económico pospandémico de 1,9 billones de dólares (véase «Más guita, que así funciona», Brecha, 31-III-21), pero lo hizo recién luego de obtener rebajas en el máximo de ingresos que un estadounidense puede tener para recibir ayuda del Estado, limitando así el alcance del plan.
REFUGIADOS Y REHUSADOS
Biden llegó a la presidencia con la promesa de una política «justa y humana» como solución al caos que es la legislación de inmigración, cuya última reforma ocurrió hace más de tres décadas. Prometió, asimismo, que dejaría atrás la xenofobia de su predecesor, Donald Trump.
Una vez más, en el Congreso, la gran iniciativa de reforma integral naufragó y las propuestas de arreglos parciales siguen estancadas por la oposición republicana y la de Manchin. Pero el mundo sigue andando, y aparecen las crisis puntuales –la salida apurada de Afganistán, la guerra en Ucrania– que empujan oleadas de refugiados. Y Estados Unidos sigue ambiguo entre su tan mentada apertura a la inmigración y los aspectos menos mencionados de la realidad.
El miércoles 9 llegó a la frontera con México una mujer ucraniana con tres hijos, rogando asilo. Las autoridades estadounidenses la expulsaron de inmediato, en uso de una norma sanitaria conocida como Título 42, que da a esos funcionarios las atribuciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que puedan representar un peligro para la salud pública.
La aplicación del Título 42 comenzó en marzo de 2020, cuando al principio de la pandemia de la covid-19 el gobierno de Trump encontró una norma útil para añadir a su política antinmigrante. Aunque Biden canceló otras muchas medidas similares decretadas por su predecesor, se ha mantenido en uso el Título 42, para desazón de los «progresistas» y las muchas organizaciones que abogan por los migrantes.
En dos años de vigencia del Título 42, Estados Unidos ha rechazado de forma expedita a más de 1,6 millones de migrantes, en su mayoría centroamericanos, pero también sudamericanos, africanos, asiáticos, levantinos.
El caso de la madre ucraniana, empero, llamó la atención pública, ya erizada por las constantes imágenes televisivas de las multitudes que huyen de Ucrania. El jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó como cruel la expulsión de la ucraniana y sus criaturas. Un día después, el Departamento de Seguridad Nacional informó que se había revisado la decisión: la madre ucraniana y sus hijos entraron a Estados Unidos, donde se reunirán con otros familiares.
En una audiencia sobre inmigración este martes, el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, se refirió a esta selección de generosidades y apuntó que en Polonia, donde han llegado unos 2 millones de ucranianos, «las familias han dado la bienvenida a estos refugiados en sus hogares». «Me pregunto cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar», dijo Durbin. «Unos 3 millones de personas han huido de Ucrania y eso, en proporción a la población de Estados Unidos, serían unos 29 millones de refugiados». «¿Abriría Estados Unidos sus puertas a estos refugiados?», añadió. «Tendemos a ayudar a quienes lucen como nosotros… de otra forma, no son bienvenidos.»
