La coalición multicolor se caracteriza por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales de la economía y la sociedad con el objetivo explícito de favorecer los intereses del capital en detrimento de los intereses de la clase trabajadora. El programa y las políticas neoliberales que impulsa tienen antecedentes claros en los gobiernos posdictadura del Partido Colorado y el Partido Nacional.
Las clases dominantes intentan eliminar las conquistas en derechos e ingresos que lograron los trabajadores, los pasivos y las personas en situaciones de pobreza e indigencia en el marco de la política de conciliación de clases de los gobiernos del Frente Amplio.
Uno de los cambios principales que apareja esta ofensiva del capital es la búsqueda de nuevas formas de acumulación que implican el aumento de la explotación de la clase trabajadora. En ese escenario se inscribe la lucha de los trabajadores activos y pasivos en contra de la reforma que recomendó la Comisión de Expertos en Seguridad Social. El análisis que se hace en este artículo parte de un enfoque radicalmente opuesto, en tanto se asume que los intereses fundamentales a preservar son los de los trabajadores y los pasivos.
UN PROYECTO ALTERNATIVO AL DE LAS CLASES DOMINANTES
La propuesta de los trabajadores tiene múltiples aportes. En esta parte se toma como referencia el modelo alternativo elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que es uno de los principales insumos del documento «Hacia una reforma de la seguridad social», aprobado por unanimidad en el XIV Congreso del PIT-CNT.
Para reducir el déficit de la seguridad social, son los dueños del capital quienes deben aportar más, sea tanto a través del aumento de los aportes patronales para que paguen la misma tasa que los trabajadores como disminuyendo los subsidios tributarios. En lo que refiere a la seguridad social, la propuesta es aumentar los aportes patronales. Por ejemplo, en la industria y el comercio, que generan el 65 por ciento de la masa salarial, los patrones pagan la mitad (7,5 por ciento) de lo que pagan los trabajadores (15 por ciento).
Dado que los datos actuariales del Banco de Previsión Social (BPS) demuestran que el impacto de los cambios demográficos se verán de mediano a largo plazo, se plantea que el aumento de los aportes patronales hasta alcanzar el 15 por ciento sea gradual: «Se establecerá en un 0,75 por ciento de la nómina salarial y podrá incrementarse anualmente en un 0,75 por ciento, hasta alcanzar un máximo del 7,5 por ciento. […] En el caso de los pequeños y los medianos productores, y los comerciantes, esta contribución especial se realizaría en forma mucho más gradual, incluyendo tres años de gracia, y luego sería el 0,5 por ciento de la nómina salarial hasta alcanzar el 7,5 por ciento».
Obviamente, merece también una profunda revisión el sistema de aportes patronales del sector rural, que es el que porcentualmente paga menos sobre la masa salarial. Los aumentos que se proponen en los aportes patronales, para el caso de los pequeños y los medianos productores, y los comerciantes, deben aplicarse en forma gradual.
Está exonerada casi la cuarta parte de los aportes que deben hacer los patrones, por lo cual se plantea revisar «las razones por las cuales fueron otorgadas esas exoneraciones» y «mantener solo aquellas que sean estrictamente imprescindibles». «Este proceso de revisión, reducción y eliminación de exoneraciones debería realizarse en forma gradual considerando las diferentes situaciones, en particular, para no perjudicar a los más débiles», se añade.
Si los gobiernos, cualquiera sea su autodefinición ideológica, quieren promover la inversión privada por la vía de los subsidios al capital, reduciendo o exonerando los aportes patronales, ese costo no lo deben pagar los trabajadores con los fondos de sus jubilaciones: los debe pagar el Estado a través de las rentas generales.
En cuanto a la definición de las fuentes de financiamiento, se recomienda: «Aumentar las tasas impositivas y reducir los subsidios al capital», considerando que «los impuestos son tan válidos y genuinos como las aportaciones». Se deben analizar considerando su impacto en la economía en general y en la justicia social.
También se sostiene que las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) solo favorecen al capital, que recibe beneficios en cada una de las etapas del proceso, y que deben ser sustituidas por un sistema que elimine la participación privada y el lucro, lo que eliminará el pago de onerosas comisiones. Para ello se propone crear «una única administradora estatal de los fondos de ahorro obligatorios, que podrá depender del BPS o ser un organismo independiente, en este último caso, su directorio estará compuesto de la misma forma que el BPS».
En el documento del XIV Congreso del PIT-CNT se destacan: «Las enormes asimetrías y privilegios que desde hace muchas décadas rigen en el sistema previsional militar. Para tener una idea, en 2019, la edad de retiro promedio en la caja militar fue de 47,6 años, 15 años más baja a la del régimen general, una enorme brecha que contribuye a explicar que existan casi dos pasivos por cada activo. La tasa de reemplazo promedio llega al 136,4 por ciento, cuando en el régimen general es del 53,7 por ciento. La jubilación promedio de los militares es un 80 por ciento mayor a la del régimen mixto y el 10 por ciento de las pasividades militares más altas abarca un 35,2 por ciento del gasto total. La asistencia financiera por pasivo que requiere la caja militar por parte de Rentas Generales es aproximadamente diez veces mayor a la que recibe el BPS».
HACIA UN SISTEMA JUSTO, SOLIDARIO Y SUSTENTABLE
Los trabajadores casi siempre han actuado a la defensiva, por lo que la mayor parte del esfuerzo es dedicado a enfrentar proyectos regresivos. Esta dinámica de resistencia a los avances de múltiples contrarreformas genera una respuesta que va creando un conjunto de principios y propuestas, algunas veces contradictorios entre sí, pero que son la base de la construcción colectiva de un modelo de seguridad social que responda a los intereses del trabajo y no del capital, un modelo propio, que considere la seguridad social como lo que es, un derecho humano fundamental.
Para eso es necesario construir un sistema universal, integrado, solidario y público, que fortalezca las prestaciones económicas, sociales y sanitarias, contributivas y no contributivas, a partir de un sistema de financiamiento progresivo y no regresivo; un sistema de reparto de solidaridad intergeneracional puro, con contribuciones y aportaciones definidas, que debe ser financiado por los trabajadores, los patrones y el Estado en forma tripartita, como lo señala la Constitución, y garantizar las prestaciones suficientes.
Dicho sistema debe unificar todas las cajas, para que todos los trabajadores de cualquier ámbito laboral tengan iguales derechos y obligaciones, y su eje vertebrador debe ser la protección social desde una perspectiva de efectivización de derechos –en particular, los de discapacidad, cuidados y género–, incorporando su papel en el desarrollo humano y la integración social en el ejercicio de una ciudadanía sustantiva y no desde una perspectiva de políticas asistencialistas. Para implementar ese sistema y lograr que las prestaciones sean adecuadas y sustentables, es imprescindible avanzar hacia un país productivo, con justicia social y profundización democrática.
En la actual coyuntura, sería muy negativo que se avanzara en la dirección de la reforma que impulsa la coalición de gobierno, negociando políticas de «reducción de daños» –tales como no aumentar tanto la edad de retiro o no bajar tanto la tasa de reemplazo–, porque consolidaría el sistema. Esto limitaría fuertemente la posibilidad de hacer cambios legales, en otro contexto político, para avanzar en las reformas del sistema que impulsan el movimiento sindical y sus aliados.
