El relanzamiento de la búsqueda de petróleo en nuestras costas es un nuevo ejemplo de los modos en los cuales el gobierno piensa, construye y defiende las políticas públicas. Azuzados por la crisis económica y el alza en los precios de los hidrocarburos, los gobiernos redoblaron la búsqueda de petróleo en casi todos los países. Cada vez que el crudo supera los 100 dólares por barril, se escarba hasta en el último rincón con la esperanza de encontrarlo. Detrás de ello están empresas, a veces muy pequeñas, que asumen esos riesgos y que son ante todo emprendimientos especulativos, o enormes corporaciones que cargan con sombrías reputaciones por los impactos sociales y ambientales que ocasionan.
El gobierno uruguayo actúa de ese modo, y acaba de adjudicar cuatro bloques para la exploración y eventual explotación petrolera en la costa oceánica. El primero, acordado semanas atrás, lo recibió una empresa pequeña, bajo condiciones financieras demasiado favorables, mientras se autolimita la participación de ANCAP. Un acuerdo que no aparece como muy lucrativo y que pone en duda la actitud gubernamental de presentarse como quienes realmente saben de negocios.
Ahora se suman la corporación APA (antes Apache) y la enorme Shell, que gestionará dos bloques. ANCAP celebra el «retorno» de empresas que califica de «primera línea», lo que hace dudar si entienden a lo que se enfrentan. Shell es la primera corporación petrolera que una resolución judicial declara como responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos por los crudos que extrae. Enfrenta una demanda de 50 mil pescadores y agricultores por contaminación de aguas y suelos en Nigeria; tardó 50 años en pagar las indemnizaciones por un derrame petrolero; y, tras años de litigio, aceptó otro pago millonario, pero por las violaciones de derechos humanos en ese país africano.
El apetito petrolero está, además, reñido con otro de los discursos gubernamentales: enfrentar el cambio climático. Los combustibles fósiles, sean extraídos en Uruguay o en otros sitios, se quemarán, y los gases emitidos alimentarán el cambio climático. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático alerta que se debe detener la explotación de nuevos yacimientos si es que se quiere mantener al planeta dentro de un clima seguro para la vida. Nuestro país firmó convenios internacionales en ese sentido, pero parecería que no se entendió lo que implicaban (comenzar a despetrolizarse, repensar el papel de ANCAP, electrificar el transporte público, etcétera). En cambio, nos aproximamos a hipocresías como las de las monarquías petroleras de Oriente Medio, que sacarán hasta la última gota de crudo sin importarles sus consecuencias.
DESORDEN Y PUBLICIDAD
Ese problema básico, la contradicción entre declaraciones y acciones, entre metas anunciadas y lo realmente ejecutado, e, incluso, la dificultad debido a estrategias en un sector cuyas consecuencias dinamitan otras políticas, ocurre en varios frentes. Nos indica que se padece un serio problema en la organización de políticas públicas, pero se disimula con publicidad, anuncios ambiciosos, algunos casi fantasiosos.
En el terreno energético hay otro ejemplo. Se anuncia una ruta para el llamado hidrógeno verde, de tal manera que parecería que seríamos la vanguardia mundial en las alternativas energéticas. Pero, en verdad, esa es una tecnología en estado muy inicial que por ahora no resolverá nuestros problemas de hoy ni de mañana. Está muy bien que se investigue y explore esa posibilidad, que nos preparemos, pero una cuota de realismo es necesaria para no distraerse y enfocar urgencias más acuciantes.
Entretanto, un proyecto sobre hidrógeno verde que se podría ubicar en Tacuarembó es exhibido como ejemplo por el Ministerio de Industria y Energía, sin advertir, con la misma vehemencia, que tendrá una demanda energética fenomenal, requeriría una gran área con molinos de viento y paneles solares, y su consumo de agua impondría una enorme presión sobre el acuífero Guaraní. Detrás de esto lo que realmente hay es un borrador, una intención, y, otra vez, una cierta dosis de especulación financiera.
En otros casos se postulan acciones que supuestamente resolverían un problema, pero en realidad nos estancan en otros flancos. Como el agua potable de la cuenca del río Santa Lucía puede escasear, pero, además, enfrenta los riesgos de contaminación, el gobierno defiende una alternativa privada para tomarla desde el Río de la Plata, aunque esas también pueden estar contaminadas. ¿Cuáles son los razonamientos en esos planes? No parece tener mucho sentido gastar unos 280 millones de dólares en cambiar un agua sospechosa por otra; pero si se busca ayudar a empresas privadas, para desde allí generar empleo, seguramente hay otras prioridades.
Otros planes se recuestan aún más sobre la fantasía, como ocurre con la construcción de una enorme isla artificial frente a las playas montevideanas, sin que se le conozcan estudios rigurosos ni inversores firmes. Son propuestas que recuerdan las fantasías de la década de 1990, las de aquellos inversores malayos que construirían una ciudad satélite en Punta Yeguas.
También hay anuncios que suprimen la historia reciente para justificarse como novedosos. Deben hacerlo para legitimar que actúan por primera vez o que resuelven un problema que el pasado gobierno no solucionó. Habría que ver si eso no ocurre con la nueva estrategia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para los alimentos orgánicos, que se presenta como una novedad, cuando en realidad hay agroecología certificada desde hace décadas en el país.
Debemos reconocer que el gobierno ha innovado en un estilo de comunicación que multiplica por dos sus anuncios. En una primera versión presentan todo lo positivo, y en una segunda informan su fracaso, pero vistiéndolo de un nuevo éxito. No es otra cosa lo que ocurrió con los dichos sobre la construcción de un lujoso hotel que se ubicaría en la costa de Rocha, para que meses después atestiguáramos una campaña mediática que explicaba que eso no sucedería, aunque mostrándolo como ejemplo de buena gestión.
EL VACÍO QUE OCUPA EL MERCADO
El ciclo ideal de las políticas públicas requiere una identificación precisa de los problemas a abordar y ofrecer posibles soluciones con sus instrumentos de acción y sus evaluaciones. Y todo ello realmente enfocado en sus metas. Su implementación debe ser revisada para ser ajustada paso a paso. Debe coordinarse con políticas en otros sectores para no que no se anulen o se entorpezcan entre ellas, lo que, a su vez, implica que ministros y agencias estatales cooperen, dialoguen y acuerden. Requiere ideas, conceptos, incluso sueños, que se deberían discutir en espacios públicos y participativos. Se debe evitar la petulancia de no aceptar advertencias o críticas. ¿Ocurre eso en el Uruguay de hoy?
Estamos ante un gobierno que anuncia y a veces ejecuta planes o acciones en forma desordenada y, en ocasiones, contradictoria, sin que estén claras las bases conceptuales y la estructura de sus políticas públicas, como ha sido dicho varias veces en los ámbitos de la educación y la seguridad. Hay también casos en los que las políticas en un sector están reñidas con otras áreas, como ocurre entre energía o infraestructura ante la salud o el ambiente.
Es común que se interprete que muchas de esas políticas son pensadas y diseñadas para ceder al mercado y permitir avances privados, y eso es cierto. Pero hay un problema, tal vez más grave, que, a mi modo de ver, radica en que las estrategias gubernamentales son tan débiles, limitadas y tensionadas que provocan ineficiencias, limitaciones de regulación y vacíos que son inmediatamente ocupados por el mercado. No siempre hay una deliberada intención de favorecer a los actores mercantiles, sino que el gobierno actúa de forma tan limitada y entreverada que el mercado es lo que queda.
No está claro si existe una adecuada coordinación, o, al menos, amigable, entre jerarcas para diseñar políticas públicas robustas. Es más visible la fricción entre ministros, porque provienen de diferentes partidos de la coalición. A su vez, dentro de cada secretaría eso se repite porque el ministro es de un partido, su subsecretario, de otro, e incluso sus directores son de otro distinto. Todos compiten, varios vigilan. Es casi inevitable que prevalezca la desprolijidad, pero se lo camufla con publicidad. Bajo esas condiciones, por vías explícitas e implícitas, se desemboca en el privatismo de mercado.
Nos ofrecen políticas públicas que son pompitas. Pueden ser enormes, con los destellos de color que les da el sol y la publicidad. No resuelven los problemas que deben enfrentar, o bien lo hacen parcialmente, o, incluso, a costa de generar otras dificultades. Siempre serán efímeras, porque, finalmente, estallan.
