No hay que equivocarse: la democracia de Israel ha estado comprometida durante mucho tiempo. La brutal ocupación de los territorios palestinos es fundamentalmente incompatible con los valores democráticos. Y el sistema de frenos y contrapesos de Israel es débil: Israel no tiene una Constitución formal ni un parlamento bicameral y la Knéset (parlamento) está totalmente controlada por el Poder Ejecutivo.
Pero las medidas que ha tomado el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu desde diciembre eliminarían el último control que queda sobre su poder. En particular, una reforma judicial propuesta le daría al gobierno una mayor influencia sobre el nombramiento de jueces y permitiría que una mayoría parlamentaria absoluta revoque las decisiones de la Corte Suprema que anulan la legislación.
La revisión del sistema legal por parte del gobierno podría permitir que los aliados de Netanyahu en la Knéset detuvieran su juicio penal en curso por cargos de soborno y abuso de confianza. La Knéset también puede eliminar los frenos impuestos por los tribunales a la expansión de los asentamientos judíos en los territorios palestinos.
La justificación orwelliana de la coalición israelí para sus acciones es que el Poder Judicial se ha vuelto demasiado activista en los últimos años, socavando la confianza pública y la «gobernabilidad». Lo que esto realmente significa es que los jueces están obstaculizando la capacidad del gobierno de Netanyahu para pisotear el Estado de derecho.
Hubo un tiempo en que Neta-nyahu defendió al Poder Judicial. En 2012, prometió detener cualquier proyecto de ley destinado a debilitar la Corte Suprema. «Los derechos no pueden protegerse sin tribunales fuertes e independientes», declaró. Pero esto le era conveniente entonces para perpetuar su poder.
Ya no lo es más. Hoy, las ambiciones políticas de Netanyahu dependen de una camarilla de infractores de la ley y especuladores. El ministro del Interior ha sido condenado por cohecho, fraude y delitos fiscales, y el ministro de Seguridad Nacional −discípulo del difunto rabino judeofascista Meir Kahane− tiene ocho condenas por incitación al racismo.1 El ministro de Vivienda hizo una fortuna con los subsidios del gobierno a las instituciones ultraortodoxas.
Netanyahu debe encontrar formas de satisfacer a sus aliados. Esto explica sus promesas de salvaguardar los presupuestos exorbitantes de las escuelas ultraortodoxas, donde el plan de estudios deja de lado materias básicas como matemáticas, inglés y ciencias, y de formalizar la exención del servicio militar para los estudiantes de seminario.
También explica por qué la mitad de los miembros del bloque parlamentario oficialista son ministros y viceministros. Esto ha requerido la creación de ministerios de la nada, la división de otros y la asignación de nombramientos superpuestos con responsabilidades en conflicto. Bezalel Smotrich, por ejemplo, es tanto el ministro de Finanzas como el «segundo ministro de Defensa», responsable de la Administración Civil de Israel en Cisjordania.
Para asegurar la anexión total de Israel de las tierras palestinas ocupadas, Smotrich, presidente del Partido Sionista Religioso, copatrocinó en 2021 un proyecto de ley que habría abolido la Administración Civil. Darle autoridad sobre la ocupación equivale a reconocer esa anexión. Con eso, cualquier ilusión restante de que la ocupación es temporal y, por lo tanto, que Israel no es un Estado de apartheid, sería destruida.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores estará dirigido por dos miembros del partido Likud, de Netanyahu, en rotación, un sistema que no hará nada para revivir una institución paralizada. Y el recién reconstituido Ministerio de Asuntos Estratégicos estará dirigido por el confidente de Netanyahu Ron Dermer, un exembajador en Estados Unidos que conspiró con los republicanos del Congreso en un esfuerzo por eludir la administración del presidente Barack Obama y hundir las conversaciones nucleares de Estados Unidos con Irán.
Los aliados de Netanyahu en Estados Unidos continúan respaldando sus esfuerzos por socavar la democracia. El Kohelet Policy Forum, un misterioso grupo de expertos financiado, en gran medida, por dos multimillonarios judíos estadounidenses, ha desempeñado un papel central en el diseño de la reforma judicial. El Kohelet también fue el artífice de la controvertida ley de 2018 que define a Israel como el Estado nación del pueblo judío.
El Kohelet respalda una filosofía política libertariana, según la cual la gente debería esperar poco apoyo o protección estatal. Sin embargo, los electores de Netanyahu (colonos judíos en la tierra palestina ocupada y votantes ultraortodoxos) disfrutan de generosos subsidios financiados por industrias de alta tecnología y otros motores de crecimiento económico impulsados abrumadoramente por su opositores liberales.
La reforma judicial ha alimentado una ola de resistencia popular. Decenas de miles de israelíes han organizado protestas regulares fuera de la Knéset y en todo el país, llevando la guerra cultural políticamente cargada de Israel a un punto de ebullición.
Mientras tanto, el gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, advirtió que las reformas judiciales podrían dañar la calificación crediticia del país, un sentimiento compartido por dos de sus predecesores. Y 300 economistas israelíes y más de 50 destacados economistas extranjeros enviaron cartas en las que advertían que debilitar el Poder Judicial «sería perjudicial no solo para la democracia, sino también para la prosperidad y el crecimiento económicos». Temiendo por la economía, algunas empresas emergentes y fondos de riesgo han comenzado a sacar sus fondos del país. Asimismo, siete ganadores del premio Nobel han argumentado que las reformas dañarán la posición académica y científica mundial de Israel.
Los aliados de Israel han destacado aún más lo que está en juego. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló deliberadamente que un Poder Judicial independiente es un pilar de la democracia estadounidense e israelí y, por lo tanto, se puede inferir, una piedra angular de la relación. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más explícito y, según los informes, le dijo a Netanyahu que, si se adopta la reforma en su forma actual, Francia tendrá que concluir que Israel ha abandonado su comprensión común de la democracia. De hecho, la verdadera pregunta es si Netanyahu alguna vez la compartió.
*Shlomo Ben Ami, historiador de la Universidad de Tel Aviv y exministro de Relaciones Exteriores de Israel.
- Un excelente perfil de este siniestro personaje, Itamar Ben-Gvir, puede leerse en la última edición de The New Yorker disponible en: https://www.newyorker.com/magazine/2023/02/27/itamar-ben-gvir-israels-minister-of-chaos.
(Publicado originalmente en Project Syndicate. Edición del semanario.)
