Unos con la expectativa de que la propuesta atraiga más turistas en tiempos de depresión económica, otros preocupados por el impacto ambiental en el valioso ecosistema del humedal del arroyo Maldonado. Así se expresan residentes y visitantes que, en estas semanas, hacen circular en sus redes sociales imágenes aéreas y comentarios sobre la pista de aterrizaje que construyen los dueños del emprendimiento Fasano Las Piedras, ubicado a pocos minutos de La Barra. La iniciativa de la empresa de capitales brasileños JHSF Uruguay –propietaria del barrio privado, hotel y restaurante distribuidos en un predio de 480 hectáreas– fue confirmada a fines de mayo en la cuenta de Instagram de Fasano Las Piedras. «La pista de aterrizaje de 1.260 metros de largo conectará, en el segundo semestre, a Fasano Las Piedras con el mundo», promociona el establecimiento, que ganó fama en 2019, cuando el célebre futbolista uruguayo Luis Suárez lo eligió para festejar la renovación de sus votos matrimoniales y trajo a su amigo Lionel Messi, entre otras estrellas del deporte internacional. La pista también es mencionada en el listado de amenities del portal web del hotel de lujo, bajo el título «Aterrizaje y conectividad»: «Pista de aviación privada de aproximadamente 1.300 metros de longitud para facilitar la conexión con los principales polos regionales a través de servicios aéreos para su conveniencia o para su recreación aeronáutica», se lee, sin comas. No aparecen recursos gráficos que permitan conocer las características o el diseño de la propuesta.
El relacionista público de JHSF, Facundo Garayalde (Grupo Mass), señaló a Brecha que «la pista de aterrizaje privada, exclusiva para propietarios y huéspedes» forma parte de la ampliación de infraestructura que realiza Fasano Las Piedras. «Todos los proyectos de la compañía están regidos por rigurosas regulaciones internas; las iniciativas cuentan con las aprobaciones pertinentes y son sometidas a estrictas evaluaciones por parte de los entes regulatorios y las autoridades locales. La premisa es crear un ambiente sustentable en sintonía con el medio ambiente, fomentando las economías regionales y brindando modernidad y desarrollo a su comunidad», escribió Garayalde vía email. «El proyecto está en elaboración, podremos aportar más información a medida que contemos con los detalles totales», respondió, consultado sobre las características de la obra, los servicios que ofrecerá la pista, las frecuencias de vuelos, los planes de contingencia o las evaluaciones de impacto ambiental.
NADA DEFINITIVO
La autorización para construir y operar esta pista estaba en trámite en noviembre de 2020 ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia). Esta semana, el brigadier Gaetano Battagliese, titular de esa repartición del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), confirmó a Brecha que el trámite continúa en evaluación. Otra fuente explicó que este tipo de procesos lleva meses de estudios, observaciones e inspecciones hasta que los proponentes cumplen con todos los requisitos planteados por el grupo de expertos de la Dinacia. «El caso del Fasano Hotel está en proceso y por ese motivo todavía no es público», agregó. Llamativamente, en el expediente 2020-88-01-14584, que JHSF Uruguay abrió en la Intendencia de Maldonado (IDM) el 10 de noviembre de 2020 –diez días antes de la asunción del reelecto Enrique Antía (Partido Nacional)–, se menciona un informe de la Dinacia como insumo para aprobar la autorización de la construcción de la pista. De acuerdo con la consulta digital de expedientes, la última actuación se registró en la Dirección General de Urbanismo, el 15 de diciembre pasado. «Le dimos autorización; le pedimos la autorización de Dinacia y la trajeron», contestó la arquitecta Soledad Laguardia, titular de esa repartición departamental, al pedido de entrevista planteado por Brecha, y cerró la comunicación.
Por tal motivo, fue imposible consultarle por qué la resolución sobre la viabilidad de la construcción no figura en el sitio web de la IDM, por qué el expediente nunca pasó por la Dirección General de Gestión Ambiental de la intendencia, qué informe de la Dinacia evaluaron –considerando que sigue en trámite en el MDN– o si es común que un trámite de esta índole se resuelva en apenas 35 días, sobre todo teniendo en cuenta que por el mismo expediente también se pidió autorización para una cancha de golf.
La IDM tampoco respondió un pedido de informes planteado por los ediles del Espacio 1946, del Frente Amplio, que lidera la exintendenta Susana Hernández. La nota, fechada el 4 de junio y enviada a la Dirección General de Gestión Ambiental y al Municipio de San Carlos –con jurisdicción al este del arroyo Maldonado–, requiere saber cuáles son «los estudios ambientales existentes para la pista de aviación civil proyectada». «Valoramos los esfuerzos realizados para la dinamización de la industria turística, especialmente en el actual contexto, y solicitamos que se extremen las consideraciones ambientales necesarias para su evaluación y se evalúe la pertinencia de la implantación de la infraestructura mencionada, dada la vulnerabilidad del ecosistema de la referida área», concluyeron los ediles. Todavía esperan respuesta, quizás porque ninguna de las reparticiones a las que solicitaron la información tuvo participación, según el curso del expediente.
En el Ministerio de Ambiente, en tanto, el trámite de aprobación está a estudio desde marzo, confirmó a Brecha la ingeniera Rosario Lucas, gerenta del Área de Evaluación e Impacto Ambiental, de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. «Nos fue comunicado como una ampliación de la autorización ambiental previa, concedida al hotel años atrás. Lo que se comunicó fue una modificación al proyecto original, y se encuentra en evaluación técnica de los estudios que presentó el interesado», informó. «Estamos analizando la afectación sobre el lugar de implantación –si invade el humedal, en qué medida lo afecta– y considerando el impacto de las afectaciones sonoras, aunque está prevista una baja frecuencia de aeronaves. Este proyecto no requiere una autorización ambiental previa» específica, acotó. Se espera que el área se expida sobre el caso antes del verano.
EN RIESGO
El humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos alberga uno de los cangrejales más grandes de Sudamérica, el 30 por ciento de las especies de anfibios y más de la mitad de las especies de aves registradas en Uruguay –muchas migratorias o en riesgo–. Además, entre otros beneficios, su suelo fangoso y sus juncales filtran los agentes contaminantes y la materia orgánica que bajan a través de cañadas y arroyos de la cuenca. Sin este ecosistema, toda la polución iría a dar a la costa de Punta del Este, amenazando uno de los atractivos turísticos más importantes del país.
En 2015 los terrenos públicos del humedal (un tercio del total) fueron declarados como «ecoparque metropolitano» y se definió elaborar un plan de manejo para preservar su biodiversidad. Pero nada se aplicó y las acciones humanas continúan degradándolo. La pista de aterrizaje es otra muestra de esa depredación, esta vez en terrenos privados, coinciden expertos en gestión costera y ecosistemas, paisajismo, arquitectos, propietarios de residencias dentro del propio emprendimiento Fasano, activistas ambientales y empresarios turísticos consultados esta semana por Brecha.
Todos comenzaron a movilizarse esta semana para reclamar a las autoridades que informen sobre la obra y que la detengan hasta que divulguen los informes ambientales. Al menos cinco lo denunciaron mediante el formulario digital habilitado por el Ministerio de Ambiente, pero solo han recibido un código de seguimiento del trámite que no pueden utilizar porque el sistema «aparece caído». Rosario Lucas, la gerenta de Evaluación Ambiental, debería haber recibido estas inquietudes, pero reconoció a este semanario que todavía no le derivaron ninguna.
El biólogo Gastón Martínez, investigador y docente del curso de Evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica en el Centro Universitario Regional Este, es uno de los que esperan respuesta. Hace años trabajó para una consultora que asesoró al emprendimiento Fasano Las Piedras: «Les señalamos que estaban en un lugar sensible y recomendamos que impulsaran deportes náuticos de bajo impacto, además de caminatas sobre pasarelas en el área del monte nativo; más adelante consultaron por el campo de golf, y sugerimos que no era conveniente», recordó. Ahora, todavía sin conocer qué planes o estudios hay detrás, consideró que los propietarios deberían presentar estudios de impacto ambiental sobre el ecosistema y sobre la cantidad de ciudadanos que tendrán los aviones sobre sus cabezas. «Antes de construir una pista, hay que ver lo que sucederá con el impacto ocasionado por el desplazamiento y el ruido de las aeronaves. Su posible afectación sobre las aves y el resto de la fauna del lugar, y también sobre los habitantes de la zona.»
El experto en avistamiento de aves y fotógrafo de La Barra Gonzalo Millacet recordó que en el humedal se identifican 268 de las 500 especies del Uruguay. El área del ecoparque, ubicada a escasos quilómetros, es valorada a nivel internacional por su importancia como hábitat para la conservación de aves amenazadas, como la gaviota cangrejera o el flamenco austral. En 2008 Birdlife, organización inglesa con más de un millón de socios, declaró los «esteros de Maldonado» como sitio IBA (Important Bird and Biodiversity Area), una distinción que puso al humedal salino en la ruta de muchísimos turistas extranjeros y abrió una veta importante para el ecoturismo.
Luciano Liguori, otro licenciado en Ciencias Biológicas, además radicado al este del arroyo Maldonado y activista ambiental, se moviliza para sensibilizar a los vecinos e impedir que la pista se concrete. «No importa cuántas aeronaves serán: es una locura que aterricen y despeguen en este humedal, ya que está el aeropuerto de Laguna del Sauce o el del Jagüel. Hay evidencias sobradas de que esa pista no puede estar: las aves son un desafío para muchísimos aeropuertos y aquí hay miles, de muchas especies que no solo pondrían en riesgo a los aviones y sus pasajeros, sino que, en muchos casos, se trata de especies amenazadas», declaró al semanario.
Frente a deterioros varios
Movida social
Para Leonardo Moreira, licenciado en Paisajismo, docente del Centro Universitario Regional Este (CURE) y miembro de la comisión que asesora a la bancada de ediles en asuntos ambientales, urge un plan de manejo de las actividades del humedal, ya inserto en el plan de ordenamiento territorial conocido como Eje Aparicio Saravia. La directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado (IDM), Betty Molina –que continuó en su cargo con la reelección de Antía–, promocionó que en la pasada administración arrancó el concepto de corredor biológico, para la protección de los ecosistemas de toda la cuenca de los arroyos Maldonado y San Carlos. El proyecto iba a estar listo en los primeros meses de 2019, para «controlar a los privados que en ocasiones rellenan el humedal para ampliar terreno, entre otras herramientas para regular las construcciones y proyectos futuros», dijo a Brecha. Sin embargo, la propuesta nunca avanzó ni se retomó en esta administración.
Moreira también consideró que el nuevo Ministerio de Ambiente «está vacío de contenido» y no contempla las inquietudes de decenas de vecinos que en estas semanas han cuestionado la pista junto al humedal y otras acciones contra los ecosistemas de arroyos y cañadas en San Carlos, Maldonado y Piriápolis. Decenas de vecinos denunciaron semanas atrás la depredación en el paseo de La Aguada, una histórica cañada que desemboca en Las Delicias (Punta del Este), por parte de una empresa tercerizada por la IDM para tareas de mantenimiento; algo similar ocurrió en la ribera del arroyo San Carlos, al sur de la ciudad, cuando ingresó maquinaria pesada y trabajadores del programa Jornales Solidarios arrasaron árboles nativos para un proyecto municipal de «acceso» de la población al curso de agua. Un «error» similar fue atribuido a las autoridades de Piriápolis la semana pasada, cuando una cuadrilla destruyó vegetación nativa junto a la desembocadura del arroyo Zanja Honda, en Playa Grande. Por otro lado, se siguen plantando especies invasoras sobre las dunas, pese a las advertencias de los expertos del CURE a la IDM. En el rosario de calamidades ambientales, otra más: a principios del mes pasado el edil Joaquín Garlo –Frente Amplio (FA)– pidió informes a la IDM sobre el trasiego de arena desde la parada 33 de la playa Mansa, que habría sido depositada sobre los escombros de las demolidas construcciones de El Placer. Allí, bien cerca de los puentes de La Barra, Antía instalará el futuro parque lineal –una «zona joven», con boliches y área gastronómica y de espectáculos–, tras expropiar tierras por hasta 450 mil dólares. La ausencia de criterios ambientales para los llamados a licitación de paradores costeros y el proyecto de una pista para picadas de motos, que en la campaña electoral anunciaba Antía para la zona del humedal, son otros proyectos plasmados en el presupuesto quinquenal departamental a estudio de la Junta Departamental y que el FA ha cuestionado, en coincidencia con agrupaciones vecinales que empiezan a movilizarse. En tanto, el centro universitario regional busca acercarse a la población para canalizar las preocupaciones ambientales del departamento. La semana pasada, ese centro de la Universidad de la República presentó oficialmente el Núcleo Interdisciplinario educación ambiental desde el Este mediante una videoconferencia, de la que participaron 150 personas. El objetivo es generar capacidades en docencia, investigación y extensión, para promover el desarrollo de la Educación Ambiental desde y para los territorios del este, con participación de comunidades e instituciones. Desde hace algunos años también funciona en el ámbito universitario departamental el Mirador Regional Este, que promueve investigaciones y actividades de extensión ante planteos de organizaciones o instituciones vinculadas con el medioambiente, entre otros cometidos.
