Falta el aire. Mientras el país se aproxima a 220 mil muertes por covid-19, en el estado de Amazonas ya murieron más de 7 mil personas y en las últimas semanas, en su capital, Manaos, decenas lo hicieron por falta de tubos de oxígeno. La noticia tuvo impacto mundial. La región otrora citada en las primeras planas de la prensa internacional como pulmón del mundo pasó a ocupar los titulares por sus llamados de socorro por falta de aire. A nivel nacional, el impacto de la noticia consiguió lo que las repetidas cifras de cerca de mil muertos por día ya no lograban: reenfocar la atención en la deliberada negligencia del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la enfermedad.
GOBIERNO COMPETENTE
Las críticas al gobierno se habían centrado hasta ahora en sus pretendidas incompetencia e irresponsabilidad. Los sucesivos cambios de ministros de Salud y la total ausencia de un comando unificado frente a la pandemia y de una estrategia nacional eficaz para contener el virus parecían mostrar un gobierno vacilante, confundido. Bolsonaro minimizó personalmente el alcance del virus, promovió aglomeraciones y actuó como garoto propaganda de medicamentos sin eficacia comprobada, como la cloroquina.
Sin embargo, un estudio elaborado en conjunto por el Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo y la organización Conectas Derechos Humanos aporta un enfoque diferente. Publicado esta semana por el periódico español El País, el trabajo recopila y sistematiza las diferentes normas aprobadas por el gobierno federal y las administraciones estaduales desde el comienzo de la pandemia, así como sus declaraciones públicas, omisiones u obstrucciones, y muestra un mapa detallado –y macabro– de su actuación.
Según afirman los editores en la presentación, «los resultados alejan la persistente interpretación de que habría incompetencia o negligencia por parte del gobierno federal en la gestión de la pandemia» y revelan la existencia de una «estrategia institucional de propagación del virus, promovida por el gobierno brasileño bajo el liderazgo de la Presidencia de la República». Los datos muestran «el empeño y la eficiencia en la actuación de la Unión en pro de la amplia diseminación del virus en el territorio nacional, con el objetivo de retomar la actividad económica lo más rápido posible y a cualquier costo», lo que constituye «una violación sin precedentes del derecho a la vida y el derecho a la salud de los brasileños».
También esta semana, el magistrado del Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski habilitó la apertura de una investigación al ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, en relación con el colapso sanitario en Manaos. El propio ministro reconoció en conferencia de prensa el 18 de enero que sabía desde hacía días que podría faltar oxígeno en la ciudad si las autoridades no emprendían las acciones correspondientes.
MÁS CRISIS
La crisis sanitaria, que se agrava, se suma a la económica, que «llega a una economía semiestancada, con aumento de la concentración de la renta y del número de personas consideradas pobres», dice a Brecha Juliane Furno, doctora en Desarrollo Económico por la Universidad Estatal de Campinas. «La pandemia afectó principalmente al sector de servicios, que abarca muchos de los empleos más precarios, ocupados por mujeres y sobre todo por mujeres negras: empleo doméstico, servicios de cuidados, alimentación y alojamiento», explica Furno.
Fue para paliar los efectos políticos y sociales de esta situación que el gobierno otorgó un auxilio de emergencia, que comenzó a pagarse en abril. Durante cinco meses, consistió en 600 reales por mes (unos 110 dólares estadounidenses) a unos 68 millones de personas, entre desempleados, trabajadores informales y microemprendedores individuales. Al llegar agosto el gobierno extendió el pago hasta diciembre, pero reducido a la mitad. Y ahora, cuando Brasil tiene más de 14 millones de desempleados, el auxilio llegó a su fin. Recibirlo se confunde con la sobrevivencia para gran parte de los beneficiarios, en un momento de escasez de trabajo e ingresos.
«El fin del auxilio no significa que vamos a volver a la situación anterior a la pandemia, que ya era mala, sino que vamos a vivir una situación mucho peor», afirma Furno, y explica que previo a esta crisis no existían la tasa de desempleo tan elevada que existe hoy ni la caída acumulada de los ingresos de los trabajadores, que se retrajeron 20 por ciento en promedio. A la degradación del mercado de trabajo hay que sumarle un problema central: el repunte inflacionario que vive Brasil desde agosto. «Este aumento de los precios se da sobre todo en los alimentos, que representan la parte más importante del presupuesto de las familias más pobres y las deja en una situación de extrema vulnerabilidad», afirma la economista.
Según reveló Datafolha el lunes 25, entre quienes recibieron el auxilio de emergencia, 69 por ciento no encontró otra fuente de ingresos para sustituirlo. Sin embargo, según publicó Valor Econômico el martes, el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que la vuelta del auxilio sería una «medida de guerra» y que las consecuencias de tal esfuerzo bélico «deberán ser enfrentadas por esta generación». Por ahora, no se vislumbra a corto plazo el regreso del subsidio.
INSUFICIENTE
Hasta ahora la popularidad del presidente parecía blindada, entre otras cosas, por efecto del auxilio de emergencia entregado a los más pobres. Pero según publicó Datafolha esta semana, va en aumento el porcentaje de los que consideran su gestión mala o muy mala, que pasaron de 32 por ciento en diciembre a 40 por ciento en enero. Al mismo tiempo se redujo el porcentaje de quienes lo consideran excelente o bueno, de 37 a 31 por ciento. Y un dato no menor: entre los que dicen tenerle mucho miedo a la enfermedad, el rechazo a Bolsonaro aumentó de 41 a 51 por ciento.
Durante el fin de semana pasado, varias caravanas, de izquierda y derecha, pidieron el impeachment de Bolsonaro en distintos puntos del país. Al coro por la destitución del presidente se sumaron voces que fueron claves en el golpe contra Dilma Rousseff, como el colectivo Vem Pra Rua y el Movimiento Brasil Libre. Hasta el momento, el Congreso recibió 62 pedidos de juicio político, pero este no parece viable a corto plazo. Entre otras cosas, porque en el Parlamento se acercan dos elecciones de suma importancia: a la presidencia del Senado y a la de la Cámara de Diputados, a disputarse ambas el lunes 1 de febrero. Bolsonaro tiene candidato para las dos. En Diputados, Arthur Lira, del derechista Progresistas, y en el Senado, Rodrigo Pacheco, de Demócratas, otra formación de similares inclinaciones.
Líder nato del Centrão –aliado del expresidente de la Cámara Eduardo Cunha, actualmente preso–, Lira es el candidato que le permitiría al presidente consolidar el control sobre la Cámara Baja que inició con su acercamiento a ese sector, que lo blindó contra intentos anteriores de impeachment a cambio de cargos en el Ejecutivo. La izquierda y la centroizquierda se alinean tras Baleia Rossi, un íntimo amigo del expresidente Michel Temer y su compañero de militancia en el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). A Rossi también lo apoya Rodrigo Maia, actual presidente de la cámara, otro miembro de Demócratas, a quien algunos medios han erigido en estadista frente al inexistente decoro y la empecinada virulencia política de Bolsonaro. En el caso del Partido de los Trabajadores (PT), su apoyo a Baleia Rossi es la primera alianza táctica con el MDB desde el impeachment de Dilma. El resultado de semejante acuerdo todavía está por verse.
En el Senado, la disputa también está reñida. Además de Bolsonaro, a Pacheco lo apoyan el actual presidente de la cámara, Davi Alcolumbre, también de Demócratas, y el propio PT. La decisión del PT responde a que Pacheco es considerado un «garantista» frente a la candidata rival, Simone Tebet, asociada a la operación Lava Jato y al exministro de Justicia Sérgio Moro. Quien parece liderar la carrera hasta el momento es Pacheco, pero el voto es secreto y algunos partidos dieron libertad de acción a sus senadores, por lo que el eventual desenlace aún no es claro.
Respecto al impeachment de Bolsonaro, parece haber consenso entre todos los candidatos de que no será discutido a corto plazo. Maia afirmó que es un tema que «de forma inevitable será discutido en el futuro»; sin embargo, no les ha dado entrada a las iniciativas en ese sentido, ni lo hará durante lo que queda de su gestión al frente de Diputados. Baleia Rossi prometió analizar por lo menos uno de los pedidos de juicio político, pero no se comprometió a abrir el proceso. En entrevista con Folha de São Paulo, Tebet afirmó que entiende que el impeachment es un proceso político antes que jurídico y «todavía no hay calle ni apoyo popular para abrirlo». Pacheco piensa parecido, y le dijo al portal UOL el pasado jueves 21 que «no hay ambiente adecuado» en este momento. Irónicamente, Bolsonaro todavía parece tener bastante oxígeno, en momentos en que el país se asfixia.
Caminar para atrás
La vacuna se convirtió rápidamente en botín de guerra política. Astuto, y arriesgado, ya a mediados del año pasado el gobernador de San Pablo –el derechista João Doria– tomó la iniciativa y, sin esperar por el gobierno federal, buscó garantizar las dosis necesarias para su estado, en el que viven más de 46 millones de personas. A través del estatal y centenario Instituto Butantan, uno de los principales polos científicos del continente, y en acuerdo con el laboratorio chino Sinovac, pasó a fabricar y a testear la Coronavac a partir de junio de 2020. Enseguida el presidente Bolsonaro, fiel a su estilo, salió a decir que «el pueblo brasileño no será conejillo de indias de nadie» y llegó a afirmar en una entrevista con la radio Jovem Pan: «La vachina no la compraremos, es una decisión mía. Yo no creo que transmita seguridad suficiente a la población por su lugar de origen».
Durante todo el segundo semestre atacó a la Coronavac, también desdeñó la vacuna de Pfizer (que te puede convertir en yacaré, según sostuvo) y dijo públicamente que no se vacunará. La presión de los gobernadores y el avance mundial de los planes de vacunación lo pusieron contra las cuerdas. En diciembre el gobierno federal presentó un plan de vacunación bastante vago, sin fechas definidas y sin saber a ciencia cierta cuáles serían los inmunizantes utilizados. Inicialmente apostaba sólo a la vacuna de Oxford/Astrazeneca, de la que importó dos millones de dosis producidas en India y que espera fabricar luego a nivel local en alianza con la Fundación Oswaldo Cruz. El gobierno dice que espera tener 100 millones de dosis para julio de 2021.
Sin embargo, demoras en el cargamento indio inicial lo obligaron a empezar a vacunar con la Coronavac, aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria el 17 de enero. Rápidamente Bolsonaro cambió el discurso: «Está liberada la vacunación en Brasil. Y la vacuna es de Brasil, no es de ningún gobernador». Hasta ahora, según informó la BBC Brasil, el país tiene dosis para vacunar al 40 por ciento del grupo definido como prioritario para la primera fase. Para aumentar su stock, depende de insumos provenientes de China –país con el que el presidente no ha cultivado buenas relaciones– que le permitirían aumentar la producción de la Coronavac y de la vacuna de Oxford/Astrazeneca, y de negociaciones para la eventual compra de otros inmunizantes, para los que aún no hay aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Para contener la pandemia, Bolsonaro tiene, entonces, que recuperar el tiempo perdido y borrar el rastro de sus inútiles palabras.
