Exactamente a las 15.38 horas del simbólico 18 de octubre de 2021, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, declaró ante el pleno el inicio oficial del debate constitucional. Mientras una multitud de manifestantes se aglomeraba en las calles de todo Chile para conmemorar el segundo aniversario de la revuelta popular, la representante mapuche anunciaba en el ex Congreso Nacional, sede del órgano constituyente, el comienzo de la redacción de la nueva Constitución. «Por primera vez los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa, en una mesa plural, en condiciones de igualdad y horizontalidad a discutir y pensar un país donde la dignidad se haga costumbre», señaló Loncon.
Instalada el 4 de julio con una histórica ceremonia, la Convención Constitucional logró discutir y aprobar en tres meses el reglamento general que regulará su funcionamiento, además de otros tres reglamentos anexos que surgieron en medio del debate: el de ética, el de participación popular, y el de participación y consulta indígena. «Se hizo en un plazo que, en promedio, está por debajo de lo que se han demorado otras asambleas o procesos constituyentes en el mundo», destaca a Brecha Valentina Rosas, cientista política e integrante de la Red de Politólogas Chile.
Rosas lo dice a pesar del camino rocoso que ha debido transitar el organismo desde el primer día: la poca colaboración del gobierno en acondicionar un espacio para celebrar las sesiones en el contexto de la pandemia y el atraso en pagar los sueldos a los asesores de los convencionales; la postura obstruccionista de algunos constituyentes de derecha; las recriminaciones de la prensa oficialista por una supuesta lentitud del proceso, y la renuncia al organismo de Rodrigo Rojas Vade, convencional de la ahora extinta Lista del Pueblo e ícono de la lucha en la Plaza de la Dignidad, quien reconoció a comienzos de setiembre, acorralado por un reportaje del diario La Tercera, que no tenía cáncer, tal como había dicho previamente, a pesar de que concurría a la «zona cero» de las movilizaciones a torso desnudo, con sondas colgadas de su pecho y rayado con consignas a favor del derecho a la salud.
El reglamento general, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre, fijó los procedimientos básicos que regirán la Convención: una mesa directiva ampliada y rotativa con presidencia, vicepresidencia y siete vicepresidencias adjuntas (dos de pueblos originarios con escaños reservados); la definición de siete comisiones temáticas permanentes que desde el mismo 18 de octubre comenzaron a trabajar en los contenidos; la obligación de que el pleno y las comisiones sesionen en localidades apartadas, ubicadas en el interior del país, y la participación incidente y vinculante de la ciudadanía, entre otras reglas.
El documento también zanjó uno de los nudos críticos de discusión en el seno de la Convención. Tras ser sometido a votación el 29 de setiembre de 2021, el artículo que ratificaba el cuórum de dos tercios para votar cada norma constitucional (así quedó establecido en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que abrió el proceso constituyente y desactivó la crisis social de entonces) fue aprobado por 96 sufragios a favor, 54 en contra y una abstención. Dicha votación supuso una derrota para los convencionales de la izquierda más radical (Chile Digno, Pueblo Constituyente, independientes de movimientos sociales y representantes de pueblos originarios con escaños reservados), que apostaban por desbordar el acuerdo del 15 de noviembre rebajando el cuórum requerido a tres quintos.
«Yo sigo siendo una opositora de los dos tercios. Es un cuórum supramayoritario, antidemocrático, que obliga a generar acuerdos con sectores que son más moderados. En la práctica, se ponen más trabas a las transformaciones profundas. Hubiésemos esperado otro escenario, pensando que el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue obra de la derecha con sectores del Congreso que se dicen de izquierda para destrabar la crisis política», comenta a Brecha Camila Zárate, constituyente que renunció prematuramente a la Lista del Pueblo, colectivo de independientes que se disolvió tras una severa crisis interna, agravada por el caso de Rojas Vade. Hoy Zárate integra Pueblo Constituyente.
Por el contrario, el abogado constitucionalista Javier Couso califica como «positiva» la confirmación de los dos tercios para votar las normas constitucionales. «El grupo “institucional” de la izquierda logró prevalecer a la hora de respetar las reglas del juego acordadas por el pacto político del 15 de noviembre. Esto simboliza el respeto a la palabra empeñada y al Estado de derecho. El triunfo de esa adhesión a las normas le hizo bien a la Convención», asegura a este semanario Couso, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales y catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo de la Universidad de Utrecht.
PLEBISCITO E INICIATIVA POPULAR
No obstante la ratificación de los dos tercios, se aprobaron en el reglamento de participación popular (por 107 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones) dos mecanismos de democracia directa. El primero es el llamado plebiscito dirimente. Se celebraría en una fecha previa al trigésimo día anterior al término de la Convención (fijado para el 4 de marzo de 2022, supeditado a una prórroga de tres meses) y sometería a escrutinio público aquellas normas constitucionales que no sean aprobadas por dos tercios del pleno en una primera votación, pero sí por un cuórum de tres quintos en un segundo intento. Aunque el plebiscito dirimente requiere para su desarrollo una reforma constitucional previa efectuada por el Parlamento, varios convencionales de derecha han repudiado el mecanismo y esgrimido que, en el escenario actual, «los dos tercios son letra muerta y se violan los términos del Acuerdo por la Paz», tal como indicó ante el pleno la constituyente Carol Bown, miembro de la conservadora Unión Demócrata Independiente.
Desde la vereda opuesta, el convencional Francisco Caamaño –miembro de Pueblo Constituyente tras renunciar a la Lista del Pueblo– cree que el plebiscito dirimente «va a permitir decidir al pueblo soberano de Chile». Al respecto, el abogado Couso estima que el plebiscito dirimente no es tan «vinculante» como aparece escrito en el papel. «Si en los próximos comicios no se logra una mayoría favorable de dos tercios en la composición del Senado, no habrá plebiscito dirimente, porque no se conseguirá la reforma constitucional previa. Es casi impracticable», plantea Couso, quien alude a la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales de este 21 de noviembre.
El otro mecanismo de democracia directa visado por el reglamento de participación popular de la Convención es la iniciativa popular de norma constitucional. Faculta a las personas naturales o a las organizaciones sociales a presentar propuestas constitucionales. Si dichas propuestas alcanzan 15 mil firmas de, por lo menos, cuatro regiones distintas, se considerarán equivalentes a las presentadas por los convencionales, por lo que deberán ser analizadas y votadas en las comisiones temáticas y, eventualmente, ante el pleno. Otro tanto corresponde a la consulta indígena, regida por el reglamento homónimo, que permitirá a los pueblos originarios tener una participación directa en el proceso constituyente.
«Esto no representa un quiebre con la institucionalidad. Más bien es una evolución necesaria. Este debería ser el nuevo estándar: paritario, con escaños reservados, con independientes, parámetros de probidad y ética, y nuevos estándares de participación. Hemos subido la vara y esperamos que la futura institucionalidad se rija por estos nuevos estándares», asegura a Brecha Juan José Martin, convencional de Independientes No Neutrales, colectivo situado en la centroizquierda dentro de la correlación de fuerzas políticas en el interior de la Convención.
LA OBSTRUCCIÓN
Pese a los numerosos avances logrados por el organismo, tanto los convencionales con posiciones progresistas como los analistas externos coinciden en que hay un grupo de convencionales de derecha empeñados en obstruir y desprestigiar el trabajo de la Convención. «Hay un sector político que no quería una nueva Constitución, que se sentía muy cómodo con la actual y que viene a resguardar este modelo neoliberal que sacrifica los territorios y los cuerpos. Y, como saben que la nueva Constitución reducirá sus privilegios, que desafiará al poder constituido, han orquestado una campaña de desprestigio a la Convención que se expresa en un llamado a votar Rechazo en el plebiscito de salida», explica Caamaño. Alude al plebiscito de salida obligatorio al que se convocará para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta de nueva carta fundamental.
«Nos han dicho que no trabajamos, que nos subimos el sueldo, que incluso queremos cambiar el nombre, la bandera y el himno de Chile, lo cual es totalmente falso», añade Caamaño en referencia a la propaganda electoral de la actual senadora y candidata derechista por la Región de los Ríos Ena von Baer, quien acusó a la Convención de querer modificar los emblemas patrios.
Para Couso, los convencionales de derecha proclives al diálogo son la excepción, y quienes buscan «atrincherarse» en contra de la Convención son mayoría dentro del grupo más conservador: «Hay un grupo recalcitrante de convencionales que trabaja desde el primer día por el Rechazo en el plebiscito de salida, pero hay otro grupo dialogante que si logra introducir algún concepto en la nueva Constitución, puede aumentar su peso en la derecha y marginar a quienes todavía aman la Constitución del 80».
Couso agrega que volcar todas las fichas al Rechazo de la nueva carta magna «es una apuesta muy arriesgada», porque «es muy difícil que una Constitución de una dictadura criminal pueda competir con otra elaborada democráticamente, que reconocerá la paridad de género, mayores derechos económicos y sociales, mayores derechos reproductivos para la mujer, etcétera».
Rosas concuerda con él en que «no están las condiciones para decir que la propuesta de una nueva Constitución vaya a ser rechazada». Sin perjuicio de ello, cree que las embestidas a la Convención no son «homologables a sectores o partidos políticos». Tanto ella como Couso, eso sí, asumen que la prensa dominante ha jugado un papel opaco al amplificar tanto dichos ataques como los desaciertos propios de la Convención y, con ello, empobrecer injustamente su imagen ante la ciudadanía.
En opinión de Couso, lo que ayudaría al proceso constituyente es que la izquierda más «institucional» de la Convención lograra convocar a la derecha más dialogante, de manera tal que «el conjunto de la población se sienta representado en algún sentido». Al respecto, el abogado constitucionalista ve con buenos ojos el liderazgo adoptado por el eje Frente Amplio, Independientes No Neutrales y Colectivo Socialista –grupos de izquierda de posiciones más moderadas– en la discusión de los grandes temas. «Si estos colectivos trabajan de forma cohesionada y logran invitar a la derecha que sí quiere participar del proceso, y si también convocan a los independientes de izquierda más radicales y a los representantes de pueblos originarios de escaños reservados, eso podría ser muy importante para la viabilidad futura de la Constitución», prevé. Rosas también percibe que la bisagra y el control del debate constitucional descansan en los tres grupos moderados, por lo que, presume, «habrá una búsqueda por mayores acuerdos».
