La semana pasada, las redes sociales estallaron en Argentina y en toda América Latina: cientos de organizaciones sociales vinculadas con la lucha LGTBI+, los feminismos y los derechos humanos salieron a repudiar la prohibición de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de su jurisdicción. Junto con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, Rodríguez Larreta anunció que las comunicaciones institucionales, los documentos oficiales y todo el material didáctico usado en los centros educativos deben cumplir con «las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza». Según Rodríguez Larreta y Acuña, la medida se decidió luego de haber analizado los resultados en Lengua obtenidos por el alumnado en las evaluaciones FEPBA (Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires) y TESBA (Tercer año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires), que mostraron que, luego de la pandemia, se había producido un retroceso de cuatro años en lo que concierne a la comprensión lectora de niños y adolescentes.
En respuesta a la reacción que provocó la resolución, en la página del gobierno de la ciudad puede leerse la siguiente aclaración, publicada el miércoles: «La nueva norma se basa en la premisa de que la lengua española brinda diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva sin necesidad de tergiversarla ni de agregar mayor complejidad a la comprensión y fluidez lectora». Si bien sus representantes no fueron capaces de citar ningún estudio que compruebe de forma fehaciente que la utilización del lenguaje inclusivo dificulta las capacidades de lectoescritura, la Academia Argentina de Letras respaldó la decisión argumentando como deseable que «se preserve la enseñanza-aprendizaje de la lengua española en todos los niveles educativos y laborales si deseamos que nuestros alumnos […] escriban con cierta fluidez y corrección y, sobre todo, comprendan lo que leen y escriben». Por su parte, la opinión de la Real Academia Española fue clara inspiración a la hora de justificar la ordenanza, ya que en su último informe la institución ha sostenido que «el uso de la @ o de las letras «e» y «x» como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español».
El ejemplo de otros países fue utilizado por Rodríguez Larreta y Acuña para reforzar su retórica. Ambos destacaron que, junto con Francia, Uruguay es uno de los países que ya ha iniciado acciones para detener el uso del lenguaje inclusivo. Se referían a la circular 4/2022 de la Administración Nacional de Educación Pública, que comunica una resolución aprobada en diciembre de 2021; en ella se explicita que el uso del inclusivo «deberá ajustarse a las reglas del idioma español». Se trata de otra coincidencia ideológica entre el gobierno de Rodríguez Larreta y el de Luis Lacalle Pou, que se juntaron el miércoles en Montevideo para planificar acciones futuras.
PROHIBIR O NO PROHIBIR
En la actualidad, en Argentina, más de 20 instituciones académicas –entre ellas, varias de nivel terciario, como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires– han aprobado el uso oficial del lenguaje inclusivo. La prohibición de Rodríguez Larreta parece expresar la voluntad de frenar ese proceso. Algunas organizaciones que han repudiado la medida alegan que esta nueva regulación del lenguaje inclusivo entra en contradicción con varias leyes vigentes en el país. Entre ellas, la Ley de Identidad de Género, que se sancionó en 2012 y fue la primera en el mundo en garantizar la acreditación de identidad de género por sola voluntad, sin necesidad de diagnósticos médicos o psiquiátricos.
Esa norma, además de posibilitar cambios en los documentos oficiales de las identidades trans, también admite que una persona sea definida como no binarie, lo que supone que no pertenece al género masculino ni al femenino. La prohibición del uso de la «e» en favor de una supuesta inclusividad propia de las flexiones ya admitidas en el castellano obliga a pasar por alto la ausencia de palabras preexistentes que sirvan para nombrar a estas personas, por lo que la prohibición del gobierno de la ciudad implica que el alumnado que se autopercibe no binarie desaparezca de todos los registros escritos que circulan en las escuelas.
Por otro lado, algunos organismos de derechos humanos han expresado que la imposición de «respetar el idioma español» también invisibilizaría y desalentaría el aprendizaje y la aceptación, dentro de las instituciones educativas oficiales, de otras lenguas y morfologías provenientes de miembros de poblaciones originarias, que llegan a la ciudad migrando desde las provincias argentinas y toda América Latina.
Varias autoridades del gobierno nacional manifestaron de forma expresa su oposición a la decisión. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, sostuvo que «hay que mejorar» la educación, pero eso «no se hace prohibiendo» el lenguaje inclusivo. También la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se pronunció al respecto. «Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos, que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición», afirmó. Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aprobó un decreto que determina que «de ahora en adelante se usará el lenguaje inclusivo en todas las producciones, documentos, registros y actos administrativos del ministerio, además de sus organismos descentralizados». La publicación oficial comunica que sus dependencias «adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública».
Pero Rodríguez Larreta, Acuña y su partido, el PRO, no están dando en solitario la lucha contra la normalización del uso de palabras como todes o niñes. El diputado Javier Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza, expresó en Twitter que los argumentos para defender el uso del lenguaje inclusivo «son boludeces. Ignorancia pura». A su vez, José Luis Espert, su aliado político y diputado por Avanza Libertad, escribió acerca de la decisión de la ministra de Salud de la Nación: «En lugar de gastar el tiempo y el dinero de los contribuyentes en pavadas, reformen el sistema de salud para que le sirva a la gente que se nos enferma y muere. Hay hospitales públicos que son un verdadero chiquero». Refiriéndose al lenguaje inclusivo, Espert ya había escrito en ocasiones anteriores: «Es una jerga que deja afuera a todo el que no pertenece a esa secta».
También resulta significativo el movimiento inmediato que la medida de Rodríguez Larreta ha provocado en el resto del país: en la provincia de Buenos Aires los legisladores Guillermo Castello, de Avanza Libertad, y Matías Ranzini, de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales bonaerenses. Castello y Ranzini se apoyan en los argumentos ya esgrimidos por Rodríguez Larreta y Acuña, afirmando que es necesario «evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar».
INCLUIR O NO INCLUIR
El debate lingüístico se encuentra en su apogeo, aunque la importancia de la discusión está siendo desestimada por varios sectores. La intelectual Beatriz Sarlo vertió en una reciente entrevista a Radio Perfil la siguiente opinión: «En un país donde la mitad de los adolescentes mayores de 15 años están fuera de la enseñanza, la batalla del lenguaje inclusivo […] es sencilla y cuesta poca plata. Incluir a esa mitad de los adolescentes en la escuela cuesta muchísimo y requiere mucho vigor de organización de los gobiernos. Esta batalla cuesta poca plata y tiene mucha resonancia mediática».
También muchos políticos –y no todos de derecha– manifestaron su preocupación por la banalización de los verdaderos problemas de la enseñanza. El dirigente social Juan Grabois afirmó en sus redes: «Esas polémicas de elite generan “antipolítica”. Discutan cómo alfabetizar y reducir la deserción escolar, cómo arreglar las escuelas y mejorar la educación». Miles de activistas reaccionaron. La reconocida militante feminista Rocío Ferrer le respondió: «Se supone que deberíamos poder ocuparnos de varias violencias a la vez. Pero, claro, cuando sos la hegemonía, qué carajos te va a importar el Derecho a Ser […]. Si algo debería haberte dado el laburo en territorio es la perspectiva de género, anticlasista, antirracista, anticapacitista».
En Buenos Aires, algunos docentes se están organizando para resistir la medida, se niegan a cumplirla y presionan para que el gobierno de la ciudad explicite cómo se llevarán adelante los controles. Sostienen que, en vista de los miles de documentos que habría que revisar, llevar adelante la prohibición es una tarea realmente titánica, una pretensión propia de quien ostenta un gran desconocimiento de la realidad escolar. En declaraciones a la agencia Télam, Agus Noceti y Manu Mireles, docentes no binaries del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, estuvieron de acuerdo en que, lejos de ser un problema solamente gramatical, el lenguaje inclusivo supone un avance en derechos humanos, dentro de los cuales ubicaron los «derechos lingüísticos». «Con lenguaje inclusivo y no binario no estamos disputando un lugar en la gramática, sino un lugar en la sociedad, y estamos invitando a repensar lo que significa sostener esta matriz androcéntrica, cis, sexista y heteronormativa, que sigue generando violencia en la vida cotidiana y aniquilando personas», sostuvo Mireles.
