Desde el 6 de agosto hasta el momento en que se escribe este artículo, Israel bombardea sin pausa objetivos estratégicos en la Franja de Gaza (infraestructura, depósitos de armas, viviendas de dirigentes palestinos). La semana pasada, «por error», un misil israelí cayó sobre una escuela de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en el campo gazatí de Al Shati. Hasta ahora no ha habido muertes, pero las declaraciones recientes de los dirigentes israelíes sugieren que este podría ser el inicio de un nuevo ataque al enclave, en un momento en que el primer ministro Biniamin Netaniahu se ve acorralado por protestas masivas ante su domicilio en Jerusalén en contra de su gestión de la crisis sanitaria y económica del covid-19.
Esta vez la excusa son globos inflables con pequeños objetos encendidos atados al piolín. Grupos de jóvenes gazatíes los han lanzando en los últimos días hacia el otro lado de la valla que encierra a Gaza, lo que ha provocado incendios en tierras agrícolas. Israel afirma que los globos incendiarios son obra del grupo armado Hamas, una acusación que recuerda la efectuada durante 2018 y 2019, cuando miles de jóvenes desarmados protestaron contra el bloqueo de Gaza en la serie de manifestaciones conocida como Marcha del Retorno. Con el argumento de que los manifestantes obedecían órdenes de Hamas, en aquella oportunidad los francotiradores del Ejército israelí asesinaron a al menos 214 civiles (entre ellos, 46 niños) y mutilaron e hirieron a unos 36.100, según las últimas estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
TERRITORIO INHABITABLE
En los 360 quilómetros cuadrados de la Franja de Gaza viven encerradas 2 millones de personas, sometidas, desde hace 13 años, a un férreo bloqueo por aire, mar y tierra. Y bombardeadas periódicamente. Como consecuencia de esto, en 2012 la ONU predijo que para 2020 Gaza (donde el 97 por ciento del agua está contaminada) sería inhabitable. Según el Banco Mundial y la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, el desempleo en el enclave es el más alto del mundo (45,5 por ciento en general y 64,2 por ciento entre la juventud), el 80 por ciento de su población recibe asistencia alimentaria y el 53 por ciento está por debajo de la línea de pobreza. Profesionales de la salud mental señalan que la población de Gaza ha sido llevada al límite de lo humanamente tolerable. El centro de derechos humanos Al Mezan ha documentado un aumento constante y significativo del número de suicidios e intentos de suicidio en los últimos cinco años, un fenómeno inédito en una sociedad de fuertes tradiciones religiosas como la gazatí.
En respuesta a los globos incendiarios, Israel ha endurecido el bloqueo de la población local (una forma de castigo colectivo y, por ende, un crimen de guerra, según el derecho internacional humanitario). En los últimos días ordenó la restricción drástica de la entrada de las escasas mercancías y medicamentos que aún podían entrar al enclave, la prohibición total a los pescadores de salir al mar y el corte del suministro de combustible a la única central eléctrica de la Franja, lo que redujo la electricidad a tres o cuatro horas diarias (en pleno verano y con 171 casos confirmados de covid-19). También se cortó la entrega de permisos de salida para enfermos graves que necesitan recibir tratamiento fuera de Gaza.
IMPUNIDAD INTERNACIONAL
La situación actual se da luego de que Israel incumpliera los compromisos que asumió en los últimos dos años ante mediadores egipcios, cataríes y de la ONU: entre ellos, extender la zona de pesca en Gaza, permitir que la planta de electricidad del enclave funcione con gas natural y se construya una nueva línea de alimentación eléctrica, y facilitar el pasaje de mercaderías en la frontera terrestre.
El 23 de agosto, en un comunicado, el Comité Nacional Palestino de la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones llamó a intensificar la presión internacional para exigir a los gobiernos un total e inmediato embargo de armas a Israel, tal como piden las organizaciones de la sociedad civil palestina y Amnistía Internacional. El organismo también llamó a redoblar las campañas de boicot cultural y académico (en protesta por los recientes ataques israelíes al Conservatorio Nacional de Música Edward Said y a otras instituciones culturales palestinas) y «las campañas de boicot y desinversión contra empresas que hacen posible los crímenes israelíes contra el pueblo palestino, en particular las que figuran en la base de datos de la ONU,1 así como contra numerosas empresas cómplices que aún no han sido incorporadas a dicha base».
1. Database of all business enterprises. Report of the United Nation High Commissioner for Human Rights A/HRC/43/71.
