Condenar un genocidio y denunciar al genocida no debería ser algo tan difícil. Especialmente cuando se está a 12 mil quilómetros de distancia y se cuenta con exceso de documentación, sólidos ejemplos a seguir en la región y la comodidad de saber que no es uno quien recibe las represalias militares del perpetrador. Es un acto de mínima decencia y humanidad. Si, enfrentado a un acontecimiento como este, un líder político calla y mira hacia otro lado, o, peor aún, le escapa a la jeringa con falsas equivalencias o con banalidades sobre lo malo de las guerras y del ser humano, ese dirigente cae, en el mejor de los casos, en una enorme irresponsabilidad, y en el peor, en una triste y cómplice cobardía.
El 7 de octubre, el presidente Luis Lacalle Pou tuiteó: «Nuestra solidaridad con Israel. Condenamos firmemente el ataque de Hamás y llamamos al cese inmediato de la violencia contra el pueblo israelí. Una vez más condenamos las acciones terroristas en donde se lleven adelante». Pero ha guardado un significativo silencio sobre las acciones terroristas cometidas en esa geografía a partir de ese día, y el pueblo palestino no ha merecido ni un ápice de su solidaridad. Va en consonancia con sus posiciones previas al actual estallido de violencia, cuando Israel ya había sido calificado como un «régimen de apartheid» por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros organismos de derechos humanos. En la web del gobierno israelí, Lacalle Pou es definido como «un verdadero socio y amigo del Estado de Israel», según palabras que el propio presidente le transmitió al ministro Gideon Saar en 2022.
Su canciller, Omar Paganini, fue más locuaz en estos nueve meses. El 29 de febrero ratificó a El Espectador que «Uruguay es un amigo de Israel». Apenas horas antes, Israel había acribillado a más de un centenar de palestinos que intentaban conseguir comida en la «masacre de la harina». Con audible dificultad, Paganini reconocía que a esa altura «puede haber 20 mil muertos» en Gaza, pero usaba la cifra como parte de una falacia aritmética para criticar a Lula da Silva y negar la existencia de un genocidio, un crimen cuya definición, según el derecho internacional que el ministro debería conocer, no está sujeta a números. Para entonces, ya había pasado un mes desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había aceptado tratar la demanda sudafricana contra Israel por genocidio.
La cancillería, como registran Diego Hernández Nilson y Florencia Salgueiro Rubio en su trabajo «La postura del gobierno uruguayo de Lacalle Pou frente al conflicto en la Franja de Gaza»,1 ha emitido desde el 7 de octubre cinco comunicados oficiales sobre el tema: cuatro de ellos expresan su «solidaridad con el pueblo y el Estado de Israel» (ninguna mención a los palestinos) y el quinto transmite una vaga preocupación por «la integridad de los civiles» (se titula «Sobre la grave situación internacional» y uno debe adivinar que el comunicado refiere a civiles de Israel-Palestina, ya que no se menciona ningún actor ni ninguna ubicación geográfica). Del 11 de enero es otro comunicado oficial de la cartera: el que celebra «el logro» de la exportación a Israel de carne con hueso uruguaya y «agradece» a las «autoridades israelíes». Este anuncio coincidió, casualmente, con el inicio en La Haya de las audiencias públicas de la CIJ por la demanda sudafricana.
«Estamos trabajando para eso», le dijo Paganini a Búsqueda (15-V-24) ante la pregunta de si Uruguay cumplirá antes de fin de año con la promesa de campaña de Lacalle Pou de abrir una oficina comercial en Jerusalén. No hace falta recordar la flagrante violación del derecho internacional que significa esa medida, algo que ya se le ha señalado a Uruguay desde la comunidad internacional. Lo llamativo es la oportunidad de estas declaraciones y el absoluto silencio que las rodeó tanto en el resto de los medios uruguayos como entre la oposición.
Esto último no sorprende si uno repasa las respuestas dadas hace poco a Brecha por los dos principales precandidatos frentistas, hoy fórmula presidencial de la coalición de izquierdas. Carolina Cosse se muestra esquiva cuando se le pregunta si Israel comete un genocidio en Gaza y ofrece un link a una declaración ajena, evitando pronunciarse. Ante la insistencia de los periodistas, dice: «Es terrible. Es terrible el atentado terrorista. Es terrible lo de los rehenes. Es terrible todo lo que está pasando», en una respuesta que parece abrevar de la propaganda israelí: el exterminio en Gaza estaría de alguna manera justificado por el atentado de Hamás del 7 de octubre, la responsabilidad del Estado de Israel por el asesinato sistemático de decenas de miles de civiles en Gaza, completamente difuminada por el accionar previo del grupo armado palestino.
Yamandú Orsi hace lo propio, con una serie de contorsiones retóricas en las que evita adjudicar alguna responsabilidad concreta y al mismo tiempo se las ingenia para sugerir una cómoda teoría de los dos demonios. Consultados específicamente sobre Gaza, y en la misma línea que la misiva de cancillería «Sobre la grave situación internacional», Orsi y Cosse parecen tener dificultades para pronunciar la palabra Israel, ni que hablar Palestina. Orsi reivindica además su visita a Israel de setiembre de 2023 (un viaje que hizo ignorando los pedidos de que lo cancelara) y distorsiona groseramente la verdad cuando dice que las manifestaciones israelíes de aquella época contra la reforma judicial de Netanyahu eran en protesta «por estas cosas» (el apartheid y «lo que están haciendo en Cisjordania»).
Los candidatos ni siquiera logran reflejar la posición adoptada por la Mesa Política y el Secretariado del Frente Amplio, el 20 de febrero y el 15 de mayo respectivamente, donde, aún sin romper del todo con el viejo reflejo de equiparar colonizado y colonizador, ambos organismos denuncian parte de los crímenes de los últimos meses y señalan a los perpetradores. Lo cierto es que los integrantes de la fórmula progresista han fracasado hasta ahora en hacer honor al compromiso humanista y de defensa del derecho internacional que dice profesar su fuerza política.
A la demanda sudafricana en la CIJ adhieren ya más de 30 países, entre ellos Brasil, España, Chile, México, Irlanda, Bolivia y Colombia. Estos dos últimos países sudamericanos han roto relaciones con Tel Aviv. Brasil ha retirado a su embajador en Israel. Chile llamó a consultas al suyo «ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza» y, junto con México, ha presentado un caso a la Corte Penal Internacional para que investigue posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos. Ese tribunal ha emitido órdenes de captura contra el primer ministro y el ministro de Defensa israelí. Los gobiernos uruguayos, el actual y el que asuma en marzo, todavía están a tiempo de que nuestro país esté del lado correcto de la historia.
1. En Encuentros Uruguayos (13-VI-24), publicación del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
