El túnel que conecta la estación de tren con la estación de metro en Ereván luce un hermoso mosaico con la bandera uruguaya. Se trata de un homenaje al primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio y genera un gran orgullo al uruguayo que lo ve: no por un ridículo chauvinismo, sino por percibir la grandeza de aquel gesto con el cual Uruguay contribuyó a darle dignidad a un pueblo que había sufrido injustificables agravios. El reconocimiento se dio en 1965, durante un gobierno blanco y con el apoyo de todos los partidos. Ese mismo año, Uruguay ocupó por primera vez una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), donde tuvo la valentía de denunciar la invasión estadounidense a República Dominicana. Ambos episodios son mojones en la construcción del prestigio internacional de Uruguay, aun siendo un país pequeño y con limitada gravitación en el sistema internacional.
Hace un par de semanas, consultado sobre si el gobierno iba a referirse al genocidio palestino en Gaza, el presidente, Yamandú Orsi, dijo que «lo que la gente ahí precisa no son declaraciones, a ver cuál es el que la dice más fuerte o que pone las palabras más sentidas» (Montevideo Portal, 29-V-25). ¿El presidente considerará que el reconocimiento a los genocidios armenio o judío por parte de Uruguay son simples palabras altisonantes? ¿Cómo habría sido la historia si en 1965 Uruguay hubiese estado gobernado por el Ejecutivo actual?
En la misma declaración, Orsi se jactó de los posibles «aportes concretos» que el gobierno busca hacer a la problemática: «Voy a decir algo bastante más concreto, de qué forma puedo apoyar a esa población. Ahí tenemos algunas alternativas, tenemos leche en polvo, tenemos arroz, estamos viendo la forma de llegar de manera correcta y que llegue a destino el apoyo de verdad». Lamentablemente, desde hace ya meses la escasa ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza es únicamente provista por Gaza Humanitarian Foundation, una opaca ONG creada por Israel en febrero, con el asesoramiento de exagentes de la CIA que trabajan como contratistas privados de seguridad, que es cuestionada por Naciones Unidas por estar reñida con todos los principios del humanitarismo. Como sabe cualquiera que escuche un informativo, más de 500 palestinos han sido asesinados en los últimos meses en el marco de las operaciones de distribución de alimentos. La poca ayuda que ingresa a Gaza es utilizada por Israel para desplazar a la población a lugares convenientes para su política de genocidio, ocupación y probable futura colonización de la región. ¿Es el presidente un cínico o está aterradoramente desinformado?
La misma pregunta surge al leer al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en referencia a la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que el anterior gobierno, de Luis Lacalle Pou, inauguró en diciembre de 2024 en Jerusalén Este, un territorio ilegalmente anexionado por Israel en flagrante violación de todos los acuerdos internacionales alcanzados en Naciones Unidas (incluyendo las resoluciones para la creación del Estado de Israel, en las que la diplomacia uruguaya tuvo el honor de tener un rol protagónico). En forma similar a como ya lo había dicho el presidente, Lubetkin afirmó que mientras «siga siendo un acuerdo universitario educativo, está en otro capítulo. Si se transforma en algo que es un engranaje de la guerra, cambia completamente. Si se transforma en un instrumento que es un engranaje a un escenario de invasión a otro país, eso es completamente diferente» (Búsqueda, 29-V-25). De esta forma, el canciller parece desconocer que el conflicto entre Israel y Palestina –que él decide llamar «guerra» y por el cual han sido asesinados más de 55 mil palestinos en el último año y medio– guarda estrecha relación con la ocupación y anexión ilegal de territorios por parte de Israel. ¿Es un cínico o también está desinformado?
De hecho, la decisión de abrir allí una oficina de la ANII secunda la iniciativa lanzada por Donald Trump de volver a poblar Jerusalén de oficinas y representaciones de terceros países en el marco de su política de contestación al orden internacional, en la misma línea que fue secundada por líderes «neopatriotas» de extrema derecha de la región, como Jair Bolsonaro o Javier Milei. Cuando esta iniciativa fue lanzada por Trump en su primer gobierno, en 2017, Uruguay ocupaba otra vez una banca en el CSNU y –al igual que en 1965– tuvo la valentía de alzar la voz frente al atropello al derecho internacional que representaba el anuncio estadounidense.1 El embajador uruguayo ante el CSNU, Elbio Rosselli, dijo en una sesión de diciembre de 2017: «Toda decisión, medida o acción que las partes o cualquier tercer Estado tomen, en contrario a estas resoluciones, y altere el estatuto de Jerusalén, afecta al proceso de paz y la búsqueda de una solución de dos Estados, objetivo compartido por la casi totalidad de la comunidad internacional desde hace décadas» (La Diaria, 26-XII-17). ¿Qué habría pasado si el actual Ejecutivo, que parece considerar que las actividades de cooperación educativa en territorios ilegalmente anexionados no transforman al país en cómplice de la colonización, hubiese gobernado la última vez que tuvimos el honor de ocupar una banca no permanente en el Consejo de Seguridad? Asusta pensarlo, asusta tanto como ver a un gobierno del Frente Amplio convergiendo con Trump, Milei y Bolsonaro.
Más recientemente, en ocasión del ataque israelí a Irán, el gobierno emitió un comunicado en el que «expresa su profunda preocupación ante la peligrosa escalada de violencia en Oriente Medio a partir de los recientes ataques aéreos contra instalaciones nucleares en Irán» (Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicado 47/25, 22-VI-25). A diferencia de los comunicados de otros gobiernos de izquierda de la región, como los de Brasil o Chile,2 el uruguayo elige «preocuparse» y no «condenar» la flagrante violación al derecho internacional que constituyó el ataque israelí. La comparación no es caprichosa, pues –como ha sido estudiado–3 el cambio de la política uruguaya hacia Oriente Medio impulsado por los anteriores gobiernos frenteamplistas debe ser entendido como una convergencia con otros gobiernos latinoamericanos de izquierda en el marco de una voluntad por constituir a la región como un actor del sistema internacional con autonomía, antimperialista y anticolonial. Sin embargo, como hemos visto, el actual gobierno más bien tiende a alinearse con otros actores regionales en este tema. ¿Qué hubiese hecho el actual gobierno en 2011? ¿Habría avanzado hacia el reconocimiento del Estado palestino, como hizo José Mujica, sumándose a la oleada de reconocimientos en la región?
Más grave aún, el comunicado dice en forma tan críptica como infeliz que Uruguay «rechaza cualquier acción que represente una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la proliferación nuclear». A pesar de la vaguedad, en este contexto, la mera alusión a la proliferación nuclear (que, por supuesto, no está en los comunicados de Brasil o Chile) avala cínicamente el argumento aducido por Israel y Estados Unidos para justificar los bombardeos; esto es, el plan de Irán para hacerse con un arma nuclear, sobre el cual no existe ninguna prueba, como ya ha sido expuesto por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la propia inteligencia de Estados Unidos.
El argumento de las armas de destrucción masiva ya fue utilizado por Estados Unidos en 2003 para invadir Irak, cuando el entonces secretario de Estado, Colin Powell, intervino en el CSNU exhibiendo un tubo de ensayo con ántrax atribuido a laboratorios iraquíes, que a la postre se demostraría falso. En aquella ocasión, la posición uruguaya dejó mucho que desear, pero se recuerda la honrosa postura del canciller Didier Opertti y, sobre todo, la firme oposición frenteamplista, que rechazó la mentira de la proliferación como justificación de una agresión imperialista. En el parque High Line de Nueva York, hace algunos años se exhibía una estatua realizada por el escultor polaco Goshka Macuga, en la que aparecía Powell con sus tubos de ensayo falsos. Creo que los uruguayos preferimos ser homenajeados con el mosaico en el metro de Ereván. Esperemos que el gobierno también.
- En 1980, cuando Israel anexionó Jerusalén Este, el CSNU emitió la resolución 478, que invitaba a los Estados miembros a retirar sus representaciones y oficinas oficiales de la ciudad. En aquel momento, incluso la dictadura uruguaya (firme aliada de Israel) acató la decisión y movió la embajada uruguaya a Tel Aviv. ↩︎
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, comunicado 259, 13-VI-25, y cancillería de Chile, comunicado de prensa, 21-VI-25. ↩︎
- Diego Hernández Nilson, Camilo López Burian e Italo Sposito Beltrão, «Uruguayan Foreign Policy toward the Middle East: Changes during the Frente Amplio’s Governments», en Latin American Relations with the Middle East, Routledge, 2022. ↩︎
