Con Joseba Asirón, alcalde de Pamplona - Semanario Brecha
Con Joseba Asirón, alcalde de Pamplona

Una red de ciudades para juzgar al franquismo

El alcalde de Pamplona se puso al frente de una Red de Ciudades por la Memoria que procura impulsar la llamada “querella argentina”, la única instancia judicial abierta en el mundo para juzgar los crímenes de la dictadura franquista. “Los ayuntamientos del cambio no estamos dispuestos a consentir que haya crímenes de lesa humanidad impunes bajo el manto de la transición”, dijo Joseba Asiron a Brecha.

Joseba Asirón (Pamplona, 1962), doctor en historia del arte por la Universidad de Zaragoza, se presentó como cabeza de lista de Euskal Herria Bildu a la alcaldía de su ciudad natal en las elecciones municipales de 2015, en las cuales su formación resultó la segunda fuerza más votada. Un acuerdo de gobierno entre cuatro partidos “progresistas” lo convirtió en alcalde. Desde entonces ha tomado varias iniciativas removedoras, entre ellas ésta de convocar a las primeras jornadas de ayuntamientos por las querellas contra los crímenes del franquismo. El encuentro se realizó a fines de octubre y terminó con la suscripción de un manifiesto: “Verdad, justicia y reparación ya”. Y sobre todo con la constitución de la Red de Ciudades por la Memoria. El municipio de Pamplona ya se ha incorporado como tal a la querella por los crímenes del franquismo iniciada en Buenos Aires por la jueza argentina María Servini de Cubría.

—Hace ya un año, en noviembre de 2015, que anunciamos que el Ayuntamiento se iba a personar como tal en la querella argentina: recibimos una visita de la Plataforma de Apoyo a la Querella, y el pleno municipal, por mayoría, decidió que así fuera. Fue allí que decidimos convocar a unas jornadas municipalistas en las que tomaran parte los ayuntamientos que, después de Pamplona, han decidido personarse en la causa. Estuvieron aquí los alcaldes de Zaragoza, Coruña y Vitoria, y representantes de las municipalidades de Barcelona, Cádiz, Rivas, Valencia y Madrid.

Nuestra idea era compartir las experiencias acumuladas en este año de trabajo. En Pamplona abrimos una oficina de memoria histórica en el centro de la ciudad donde quien quiera puede hacer su relato. Se han recogido numerosos testimonios, desconocidos hasta la fecha, de gente de Pamplona que fue encarcelada o hubo de soportar otro tipo de represión. También de familiares de fusilados. Gracias a la información recabada por esta oficina nos consta que en Pamplona, una ciudad con 42 mil habitantes en 1936, fueron fusiladas 306 personas y más de mil fueron encarceladas. El trabajo, realizado gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad Pública de Navarra, ha derivado en un informe pericial con el que nos presentaremos en la querella. Lo que se estima ahora por parte de los técnicos –historiadores y juristas que han mantenido la labor de la oficina– es que hay documentación más que suficiente como para presentar una querella.

—¿Cuáles serán las consecuencias de que algunos ayuntamientos se presenten en una causa de este tipo?

—Hay, en mi opinión, dos planos a destacar: el jurídico y el político. Desde el punto de vista jurídico, los ayuntamientos se presentan con sus equipos especializados, y va a haber una serie de profesionales de gran prestigio trabajando e intentando dimensionar el nivel del objeto querellable, la represión franquista. Desde un punto de vista político es de gran importancia que una serie de ayuntamientos rechacen las leyes de punto final, que dan carpetazo al franquismo. Los ayuntamientos del cambio no estamos dispuestos a consentir que haya crímenes de lesa humanidad que queden ocultos e impunes bajo el manto de la transición. No vamos a detenernos hasta conseguir esos tres elementos que resaltaron los técnicos en las jornadas recién celebradas: verdad, justicia y reparación.

—Días atrás la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, dijo que la jueza María Servini de Cubría, que conduce la querella argentina, “no es quién para cuestionar la transición española”.

—Yo le preguntaría a la señora fiscal que, si ella es competente para juzgar la capacidad de la jueza Servini, a ver si también se siente moralmente superior para poder decidir quién es capaz y quién tiene autoridad para hacerlo. En cualquier caso le diría que aquí quien realmente tiene que actuar, personarse y mover este tema, es la ciudadanía, a través de sus representantes, que en este caso son los ayuntamientos.

—Su gobierno realizó otro acto de reparación histórica: retiró los restos de los generales golpistas Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos.

—Efectivamente. Es la otra parte: ¿cómo es posible que, al día de hoy, a cuarenta años del fin del franquismo y cuando se supone que vivimos en democracia –y extendería la pregunta a la fiscal general– se siga homenajeando a dos personas imputadas por delitos de lesa humanidad, militares fascistas y criminales de guerra que han permanecido hasta estos días enterrados con honores militares?

—¿Cómo entiende usted, que está a la cabeza de un gobierno de cambio en el que participan todas las fuerzas progresistas excepto el socialismo, la actitud que ha tomado el Psoe en el parlamento, absteniéndose para permitir que el conservador Mariano Rajoy gobierne otra vez?

—Por desgracia, hace mucho tiempo que el Psoe abandonó sus postulados de izquierda y ha ido deslizándose a su papel de sostén del régimen. Lo que menos le interesa en este momento es facilitar políticas de cambio. Sólo pretende mantenerse en la elite, en el poder, aunque sea a cambio de apoyar gobiernos de derechas. Después de muchos años de viraje, el Psoe se ha convertido en el bastón de la derecha.

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