Zapatero y la sombra de la duda

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto político en España, al tratarse de una de las figuras más influyentes y simbólicas de la izquierda española contemporánea, un expresidente que conserva capacidad de intervención política y cuya voz sigue teniendo peso dentro y fuera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Las acusaciones que investiga la Audiencia Nacional –organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental– son suficientemente serias como para descartar cualquier actitud de cierre de filas o defensa acrítica. La Justicia entiende que existen elementos que justifican la apertura de una investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra¹ durante su presidencia.

Llegados a este punto, conviene hacer una precisión fundamental: una imputación no es una condena. Sin embargo, en el ecosistema político y mediático español esa diferencia parece desdibujarse cada vez con más frecuencia. Algunos medios conservadores llevan tiempo tratando determinadas investigaciones como si fueran sentencias firmes, contribuyendo a instalar en la opinión pública la idea de una culpabilidad previamente resuelta. La rapidez con la que una parte de la derecha y la ultraderecha españolas han pasado de «investigado» a «culpable» resulta reveladora. Antes de que Zapatero declare ante el juez, antes de que exista una valoración integral de las pruebas y de los descargos, ya se ha construido un relato cerrado: el expresidente no sería un político sometido a investigación, sino un condenado pendiente únicamente de la formalidad judicial.

¿Es posible separar completamente el expediente judicial del escenario político en el que aparece? Durante los últimos años, Rodríguez Zapatero se convirtió en un activo central para el presidente Pedro Sánchez. Ha sido uno de los principales articuladores políticos y discursivos del PSOE en momentos decisivos, una figura de consulta permanente y puente con sectores internos y externos. Incluso después de abandonar La Moncloa, conservó una capacidad de influencia difícil de encontrar en otros expresidentes europeos. Debilitar a Rodríguez Zapatero implica, inevitablemente, debilitar una pieza importante de la arquitectura política que sostiene a Sánchez.

Eso no convierte la causa en una conspiración ni invalida automáticamente el trabajo de la Justicia, pero tampoco puede ignorarse que España arrastra una historia reciente en la que la judicialización de la política y la politización de la justicia se han convertido en elementos recurrentes de la disputa por el poder.

La investigación contra Rodríguez Zapatero se suma, además, a otras causas que han alcanzado al entorno más cercano del presidente del gobierno. Entre ellas figuran las actuaciones judiciales que involucran a su esposa, Begoña Gómez, y su entorno familiar. La oposición sostiene que hablar de lawfare es una estrategia para victimizarse y eludir controles; el oficialismo denuncia una utilización política de determinadas actuaciones judiciales. Ambos relatos encuentran terreno fértil en una sociedad cada vez más polarizada y en unas instituciones cuya credibilidad parece erosionarse de manera constante.

Existe, asimismo, una dimensión simbólica que ayuda a explicar la intensidad del ataque político. Rodríguez Zapatero conserva un prestigio considerable dentro de amplios sectores progresistas. Aunque el final de su gobierno estuvo marcado por la crisis económica y por decisiones que aún hoy generan controversia, el paso del tiempo ha consolidado otra imagen en la memoria colectiva: la del presidente que impulsó el matrimonio igualitario y amplió derechos civiles.

Hay, además, razones históricas que ayudan a comprender por qué Rodríguez Zapatero sigue siendo una figura especialmente incómoda para amplios sectores de la derecha y la ultraderecha. Nunca le perdonaron haber apostado por una negociación que contribuyó al final de la violencia de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), una estrategia que fue duramente combatida por el Partido Popular y por buena parte de la prensa conservadora de la época. Tampoco le perdonan el papel que desempeñó por años como interlocutor con el gobierno venezolano. Sus detractores ven en esa relación una muestra de connivencia con el chavismo; sus defensores recuerdan que esa interlocución permitió facilitar negociaciones y contribuir a la liberación de opositores y presos políticos. Más allá de la valoración que cada uno haga de esos episodios, ambos forman parte de un legado político que sigue suscitando adhesiones y rechazos intensos, y que ayuda a explicar por qué Rodríguez Zapatero continúa siendo un adversario prioritario para una parte de la derecha española.

Haber impulsado conquistas sociales o haber ocupado un lugar destacado en la historia no concede tampoco inmunidad moral ni jurídica. Pero una democracia comienza a deteriorarse cuando los tribunales sustituyen a las urnas. Y también cuando las tertulias televisivas, los titulares militantes y las redes sociales sustituyen a los tribunales.

¿Estamos ante una investigación legítima que deberá seguir su curso hasta las últimas consecuencias o ante un nuevo episodio en el que la confrontación política pretende anticipar una sentencia? Quizá el problema más serio sea que hoy, en España, una parte importante de la ciudadanía ya cree conocer la respuesta antes de que la Justicia termine siquiera de formular la pregunta.

1. N. de E.: Durante la presidencia de Rodríguez Zapatero el Estado español rescató a esa aerolínea con 53 millones de euros. La Audiencia Nacional, de amplia mayoría conservadora, sospecha que ese rescate forma parte de operaciones ilegales. ↩︎