La comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados abrió, oficialmente, el debate legislativo sobre la rendición de cuentas. Durante varias horas el equipo económico defendió una iniciativa que, dice, hace foco en las prioridades del gobierno, pero, sobre todo, reivindicó el rumbo trazado por el Poder Ejecutivo, en un contexto internacional desafiante e incierto.
Oddone reconoció en la comisión que, en 2025, la economía uruguaya creció por debajo de la proyección del gobierno. La ley de presupuesto estimó un crecimiento de 2,6 por ciento del PBI, pero la realidad lo ubicó en 1,8 por ciento. Sin embargo, aseguró que el gobierno actuó en consecuencia; pese al impacto en las cuentas públicas, el resultado fiscal estructural se ubicó dentro de las metas oficiales.
En conferencia de prensa, el ministro dijo que «los errores o desvíos de proyección son algo habitual, normal» en materia económica y que ocurrieron en, al menos, las últimas cinco administraciones, incluido el anterior gobierno. Sin embargo, aseguró que el desvío constatado en 2025 es menor que el registrado en años anteriores. Ante las críticas que surgen en filas opositoras sobre las proyecciones actuales, afirmó que el gobierno tiene un plan B trazado en caso de que el crecimiento económico siga por debajo de la proyección gubernamental. «Este equipo económico tiene la reputación de que frente a desvíos del crecimiento cumplió con las metas y eso es lo que nosotros creemos que tenemos para ofrecer. Eso está bajo control», afirmó el ministro.
Sobre el proyecto en sí, Oddone aseguró que el incremento del gasto (unos 31 millones de dólares, destinados íntegramente a la reforma del sistema de transferencias para la primera infancia) será financiado con un aumento de la recaudación. La estimación del gobierno es que la mitad corresponde a un aumento de la recaudación por dos impuestos creados en la ley de presupuesto: el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) a las ganancias de capital en el exterior y el impuesto mínimo global. Ambos tributos, dijo, generaron ingresos levemente por encima de la proyección oficial. La otra mitad será financiada con una reducción del gasto tributario, asociada fuertemente al decreto de cobro del Imesi a la compra de vehículos eléctricos, que supondrá ingresos por unos 16 millones de dólares (véase «Los equilibristas», Brecha, 3-VII-26).
Sin embargo, el secretario general del PIT-CNT y de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), José Lorenzo López, alertó que el grueso de los recursos provendrá de reasignaciones internas, que afectarán a la administración central. Esta reasignación presupuestal será de 1.321 millones de pesos, divididos en 891 millones de pesos por supresión de cargos vacantes de ingreso y de ascenso, y 450 millones por recortes de gasto de funcionamiento. «Estamos de acuerdo con las prioridades del gobierno, pero no con el financiamiento», dijo López a Brecha. «Hoy tenemos un déficit brutal de funcionarios, y esto genera un agravamiento
a todo lo que venimos reclamando desde el período anterior», agregó.
Según López, la propuesta elimina vacantes en todos los incisos, salvo el Poder Judicial, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Vivienda, y Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio del Interior es un híbrido, ya que prevé el ingreso de funcionarios, pero también suprime cargos vacantes. A esto se le suma que, en algunos incisos, como el Ministerio de Industria, Energía y Minería o la Auditoría Interna de la Nación, se suprimen cargos presupuestados por vínculos «precarios y temporales», lo que incrementa la precarización laboral en el sector público. También se constata una reducción de los gastos de funcionamiento que impactará transversalmente en toda la administración.
Para López, existe un patrón sistemático: los gastos se financian con vacantes y eso afecta el servicio público. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca perdió en diez años la mitad de su personal y, de los que quedan, el 50 por ciento tiene causal jubilatoria, lo que provoca que servicios estratégicos, como los controles sanitarios para exportaciones, no se puedan cumplir de la forma debida. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene varias oficinas cerradas en el interior; el de Educación y Cultura (MEC) enfrenta un conflicto de los funcionarios registrales; el de Ambiente (MA) está acuciado por la falta de personal.
El problema de fondo, dijo, es que el gobierno se sigue negando a discutir una reforma tributaria como la que impulsa el PIT-CNT, que eliminaría exoneraciones tributarias a los sectores de mayores ingresos. La rendición de cuentas establece que, en 2025, el Estado se privó de recaudar más de 241.000 millones de pesos por exoneración del IVA, el IRAE, el IRPF y el impuesto a la renta de no residentes, entre otros. Esto significa que el gasto tributario representa el 6,9 por ciento del PBI.
DE TODAS PARTES
El Poder Ejecutivo destinó un fuerte incremento para atender el programa Calle, del Mides. La propuesta busca consolidar la Primera Estrategia Nacional de Situación de Calle presentada en abril como respuesta al incremento exponencial de la gente que vive a la intemperie. Parte de ese plan será financiado con el no llenado de 18 cargos vacantes en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, como parte de los recortes que sufrirá el MEC (La Diaria, 8-VII-26). También llegarán recursos por la supresión de unos 30 cargos en el MA.
La presidenta de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, Carolina Bettinelli, dijo a Brecha que el recorte supone la reducción de un 50 por ciento de los ingresos previstos para este período, lo que impacta directamente en la consolidación del ministerio. «El presupuesto no alcanza para cumplir con las funciones básicas del MA.» El recorte se sentirá en todas las áreas, particularmente en la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, encargada de tareas inspectivas y de fiscalización en materia de control y cuidado ambiental.
Pero también existen otros problemas. El MA cuenta con unos 550 trabajadores, de los cuales unos 350 son funcionarios presupuestados. El resto es personal contratado a través de convenios con la Fundación Julio Ricaldoni, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Nacional para el Desarrollo, así como por «fondos donación», es decir, personas contratadas para proyectos financiados con fondos internacionales. «La mayoría hace tareas similares a los funcionarios públicos, pero con contratos precarizados», afirmó. Un área paradigmática de esta precarización es la Unidad de Cambio Climático, en la que los funcionarios presupuestados se cuentan con los dedos de una mano.
Por todo esto, el sindicato se declaró en preconflicto y buscará mejoras durante el debate parlamentario. «Para que el MA cumpla sus cometidos en condiciones ideales se necesitan más ingresos y más presupuesto. Puede haber voluntad, pero no están dadas las condiciones. Hay que entender que cuidar el medio ambiente no es un eslogan, es una prioridad país. Parece que el sistema político entero no ha entendido la importancia de invertir en ambiente», agregó Bettinelli.
Un área prioritaria donde la rendición de cuentas también genera molestias es en la carcelaria. El proyecto promueve la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con vistas a mejorar la gestión del sistema carcelario (véase «Luces de esperanza», Brecha, 3-VII-26). Empero, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) presentó duros cuestionamientos a la manera en que se canalizó la propuesta. Jonathan Perdomo, presidente del gremio, dijo que la organización está de acuerdo «desde el día uno» con la descentralización del INR, pero no «con las formas», porque el gobierno «incumple» con la ley de negociación colectiva. «Nos sentimos traicionados», dijo Perdomo a este semanario.
El proyecto establece que los policías penitenciarios se mantendrán dentro del organismo a través de un pase en comisión y que más adelante se creará una guardia penitenciaria para tareas de seguridad interna. Pero reforzar la institución requiere incrementar el personal civil para tareas de reinserción social. Por eso, Ofucipe solicita que los 500 cargos vacantes creados el año pasado en la ley de presupuesto para policías carcelarios sean destinados a incorporar nuevos operadores penitenciarios. Esto permitiría fortalecer el INR con 1.000 funcionarios civiles, evaluó.
Además, el gremio cuestiona que el proyecto habilite la creación de diez cargos de confianza en la estructura del INR –con un costo de 31 millones de pesos al año–, y que el gobierno se niegue a ampliar los integrantes del nuevo directorio que se crearía con la rendición (con tres integrantes) para incluir un representante de los trabajadores, como sucede en ASSE. «Estamos en emergencia en materia de cárceles, no tenemos personal; la nueva Unidad 5 para mujeres, con el personal que tiene, no tendrá un funcionamiento pleno», alertó. Según Perdomo, todo esto tiene un impacto en el afuera. «Una de las patas más importantes de los debates políticos es la seguridad y las cárceles son parte de la seguridad pública. ¿Si queremos un país seguro, no hay que reforzar este sistema penitenciario?», se preguntó.
La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay también está en preconflicto. Daniel Frattin, su secretario, dijo que el proyecto no atiende las necesidades del servicio, que cada vez tiene menos funcionarios. En 2010 había entre 500 y 600, hoy son menos de 200 –de los cuales 85 tendrán causal jubilatoria obligatoria al final de este quinquenio– y hay oficinas del interior que tienen solo un escribano y un administrativo. «Si uno se enferma, la oficina no funciona», dijo. En este sentido, el dirigente explicó que las últimas administraciones redujeron la cantidad de vacantes y que el último ingreso fue al promediar el gobierno anterior.
Esta reducción de los funcionarios no se condice con el volumen de trabajo, que cada vez es mayor. Según Frattin, la Dirección General de Registros procesa cada vez más documentos por compraventa de automotores y propiedades inmuebles o por creación de sociedades anónimas. La oficina, dijo, factura entre 5 y 7 millones de pesos al día, pero solo el 4,5 por ciento queda allí. El resto pasa a Rentas Generales.
EN VEREMOS
En el terreno partidario, la tensión entre el gobierno y la oposición se encuentra en su punto más álgido. Las renovadas críticas hacia el presidente de la república, Yamandú Orsi, por una deuda de 6 mil pesos con el impuesto de Primaria y la falta de regularización ante la Dirección Nacional de Catastro de obras realizadas en su casa en Salinas, se suman al permanente asedio contra algunos jerarcas, como los ministros Carlos Negro y Cristina Lustemberg o el presidente de ASSE, Álvaro Danza. El debate sobre la rendición de cuentas está signado por esa tónica de disputa política.
En este marco, la denominada Coalición Republicana (integrada por blancos, colorados y el Partido Independiente) anunció que no votará el proyecto en general. En conferencia de prensa, y con presencia de buena parte de los legisladores multicolores (senadores y diputados), la alianza opositora aseguró que la posición ya está fijada. «La votación en general expresa la evaluación de un año de gestión; el gobierno del FA no puede pedir que aprobemos el fracaso de este año», dijo el senador nacionalista Javier García. El legislador, empero, sostuvo que están dispuestos a votar parte del articulado una vez que se llegue a esa instancia. En esa línea también habló el senador colorado Pedro Bordaberry: «Hoy la rendición de cuentas es mala, por eso no la podemos votar».
El problema radica en que, si el proyecto no se aprueba en general, será letra muerta (no habrá votación artículo por artículo) y los recursos adicionales para atender las prioridades del gobierno quedarán sin efecto. Ante una pregunta en ese sentido, la respuesta fue lacónica: «Entendemos la pregunta, pero obtener los votos es responsabilidad del gobierno», dijo el diputado independiente, Gerardo Sotelo. Sin embargo, no todos los legisladores de la coalición participaron de la conferencia. El senador Sergio Botana y el diputado Sebastián Andújar, por ejemplo, no estuvieron. Ambos mostraron reparos en las últimas horas sobre adoptar una negativa tan rápida sobre la votación en general.
La definición opositora fue recibida con extrañeza por el oficialismo. «Si ya en el día 2 te estás plantando de esta manera, es difícil, llama la atención, pero esperamos que prime la cordura», dijo el diputado Alejandro Zavala a Brecha. El legislador explicó que el Frente Amplio (FA) buscará lograr acuerdos para aprobar un proyecto que atiende áreas prioritarias, pero que esta postura inicial de la oposición «no es una buena señal» y refleja el tono que ha tenido el debate político de los últimos meses. «Más allá de esto que pasó con la deuda [por el impuesto] de Primaria, que es anecdótico, hay un tono muy agresivo», señaló.
De mantenerse la posición de la coalición, el FA deberá apostar a obtener los votos de Cabildo Abierto (CA) –que fueron fundamentales en otras instancias legislativas– o de Identidad Soberana. Los votos soberanistas son más complicados, ya que, salvo en la creación del Imesi a los productos fitosanitarios, los diputados Gustavo y Nicolle Salle votaron siempre alineados con la oposición. En el caso de CA, el acuerdo podría concretarse siempre que la exigencia no contravenga aspectos centrales para el FA.
De todas formas, Zavala aseguró que la idea es hablar con legisladores de todos los partidos y apostar a la diversidad de sensibilidades que existe dentro de las bancadas de blancos y colorados en la Cámara Baja. Sin embargo, valoró que, si los votos no están, quedará claro que la responsabilidad será de la oposición, en línea con la conferencia de prensa que los diputados del FA dieron el jueves al caer la tarde. «Si no se vota en general, no habrá rendición de cuentas y tampoco habrá recursos para aumentar las transferencias a los hogares de menores recursos, que es el corazón de la rendición de cuentas», concluyó.
