En medio de un clima de gran inestabilidad político-social, avivado por multitudinarias marchas de desobediencia civil poselectoral que han desafiado el estado de excepción impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, la situación en Honduras permanece incierta luego de que el martes 5 el Tribunal Supremo Electoral (Tse) ratificara la ventaja del actual gobernante sobre el candidato opositor centrista, Salvador Nasralla Salum.
Al finalizar el escrutinio, el Tse que preside David Matamoros, militante del progubernamental Partido Nacional (ultraderecha), informó que Hernández tenía una ventaja sobre Nasralla –un conocido conductor de televisión y ex gerente de la Pepsi Cola de origen libanés que incursionó en la política en 2013 y fue postulado a la presidencia en los comicios del 26 de noviembre por un frente electoral bautizado Alianza de Oposición contra la Dictadura– de casi 52.500 votos (1,6 por ciento), en unos comicios donde supuestamente sufragaron poco más de 3 millones de personas, alrededor de la mitad del padrón electoral.
Doce días después de las elecciones el Tse aún no había declarado un ganador, mientras Nasralla y el coordinador de la alianza opositora, Manuel Zelaya, el ex presidente de la república depuesto por un golpe de Estado en 2009, seguían exigiendo que se contara la totalidad de las actas electorales, incluyendo el cotejo de firmas de cuadernillos y recuento de votos, o que se convoque a una segunda vuelta, tras detectar la “contaminación” de los servidores, las bases de datos, las trasmisiones y los registros del sistema de cómputo.
El miércoles 6 el jefe del Ejecutivo, a quien se acusa de fraguar un “golpe electoral” en complicidad con el Tse, manifestó estar dispuesto a que se haga una revisión total del proceso comicial.
LA SOSPECHA. En un principio, la principal demanda de Nasralla y sus seguidores –apoyada por Luis Zelaya Medrano, del conservador Partido Liberal, tercero en los comicios con 13 por ciento de los sufragios– era que se volvieran a contar alrededor de 5.200 actas que no entraron al sistema del centro de cómputos del Tse desde las mesas de escrutinio, sino –según las denuncias de la coalición opositora– desde las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están almacenadas las urnas.
La sospecha de que se ha consumado un fraude electoral se basa en que luego de que el Tse había procesado el 57 por ciento de los votos a nivel nacional y Nasralla aventajaba al reeleccionista Hernández por cinco puntos porcentuales se produjo un apagón que ocasionó la “caída del sistema” de cómputo. En ese momento las tendencias favorecían claramente a Nasralla, cuya victoria fue reconocida incluso por el contrincante conservador Luis Zelaya.
Entre los sucesivos desperfectos y apagones, el sistema estuvo prácticamente inactivo por un espacio de 72 horas. Tras reanudarse el conteo, la tendencia cambió de manera radical y Hernández tomó la delantera, mientras inexplicablemente los candidatos a alcaldes y diputados del oficialismo se mantenían en sus registros anteriores. Para entonces, según el politólogo argentino Atilio Borón, el Ministerio Público había allanado una oficina del Partido Nacional, sorprendiendo a sus ocupantes en la preparación de actas comiciales falsas.
REPRESIÓN Y DESERCIÓN. Las irregularidades desataron la furia popular. La gente salió a las calles a protestar en 14 de los 18 departamentos, con tomas de puentes, plazas, bulevares y carreteras. Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía nacional, y a las 11 de la noche del viernes 1 de diciembre se puso en marcha el estado de excepción decretado por el presidente Hernández, con un toque de queda que restringió las garantías a la libre circulación entre las 18 horas y las 6 de la mañana, por un plazo de diez días.
No obstante, y cuando ya se habían registrado al menos seis muertes y la policía había reportado más de 300 detenidos, el domingo 3 se produjeron grandes manifestaciones contra el fraude electoral en Tegucigalpa y otras ciudades, como San Pedro Sula y Tocoa.
Un día después, elementos de las fuerzas especiales Cobra, Tigres y Antimotines de la policía de Honduras comenzaron una huelga de brazos caídos y advirtieron al gobierno que no iban a reprimir a la población. “No somos máquinas ni robots y no vamos a exponernos a que nos maten en las calles y tampoco a reprimir al pueblo”, dijo un mando de los insubordinados. A la sublevación se unieron efectivos policiales de San Pedro Sula, quienes se negaron a reprimir a los manifestantes y poner orden durante el toque de queda, y también agentes de ocho poblados como Colón, Saba, Santa Bárbara y Choluteca.
ZONAS FRANCAS. Acerca de los porqués de lo que Atilio Borón denominó como un “golpe blando preventivo”, se destacan tres elementos. Primero, Honduras sigue siendo una pieza clave en la geopolítica regional de Washington. Segundo, heredero de los golpistas de 2009, el régimen de Hernández busca evitar que miembros de su entorno de poder político sean deportados a Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones en un tribunal de Nueva York vinculadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Y en tercer lugar, las presiones del consultor político estadounidense Mark Klugmann, representante del gran capital, asesor del presidente Hernández y con autoridad legal para concesionar y autorizar zonas francas con extraterritorialidad fiscal, autonomía aduanera y jurisdiccional, las llamadas “zonas de empleo y desarrollo económico” (Zede).
Según Carlos Dada, del portal digital salvadoreño El Faro, Nasralla prometió en su campaña abrogar las Zede (donde los empresarios que invierten en un proyecto crean su propia policía y donde no rige la ley hondureña). El proyecto de estas zonas en Honduras está basado en la idea de las “ciudades modelo”, del gurú de la macroeconomía Paul Romer, y su principal y gran negocio es el megapuerto en el golfo de Fonseca.
La propuesta de la coalición opositora de eliminar las Zede sería una de las razones principales que animan el golpe electoral. Como antecedente cabe recordar que cuando la Suprema Corte de Justicia hondureña declaró inconstitucional la ley de regiones especiales de desarrollo, en 2012, el Legislativo ordenó la destitución de cuatro de los seis magistrados de la sala de lo constitucional que habían echado por tierra el modelo de las ciudades modelo, y el ejército rodeó el Congreso Nacional (que entonces era el feudo del actual mandatario Hernández) para proteger a los congresistas de las protestas que estallaron.
CRIMEN ORGANIZADO. En relación con la red de intereses criminales articulada alrededor del actual presidente y candidato reeleccionista Juan Orlando Hernández, distintos analistas y medios, como la Bbc, han dado cuenta de que Honduras se convirtió en el principal centro de operaciones de los cárteles del tráfico de drogas en Centroamérica. La costa norte hondureña pasó a ser controlada por el crimen organizado, que se apropió además del aparato político, de los sistemas de seguridad y del Poder Judicial.
Como parte de esa trama “narcopolítica” –en la que políticos se han convertido en “lavadores” de las mafias de la droga− existen varios prontuariados en la Corte Sur de Nueva York, donde han sido condenados uno de los hijos del ex presidente golpista Porfirio Lobo y otros funcionarios más afiliados al Partido Nacional.
En 2012 Honduras alcanzó una cifra de más de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en las principales urbes superó el promedio de asesinatos dolosos que se registran en países con guerras declaradas.
Según reportes de analistas internacionales, las mafias organizadas necesitan que Juan Orlando Hernández continúe en la presidencia para garantizarles su impunidad y la continuidad de los negocios de la economía criminal.
Sobre el valor geopolítico y estratégico de Honduras para el Pentágono y la administración de Donald Trump, cabe recordar que el país centroamericano cuenta con la base aérea de Soto Cano, en Palmerola, que alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por unos 500 militares estadounidenses. Fue la verdadera razón del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, cuando éste propuso desplazarla hacia otra zona del territorio nacional. El aeropuerto militar es una escala obligada de la llamada “red de bases en ruta” para el desplazamiento de aviones de guerra desde el territorio de Estados Unidos hacia América del Sur.
Luego de que durante días circularan duras críticas hacia el secretario general de la Organización de Estados Americanos (Oea) por su silencio sobre la situación electoral y la violencia en Honduras, el miércoles pasado, 11 días después de los comicios, Luis Almagro emitió un comunicado reconociendo “la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral”. En el texto solicitó el “inmediato levantamiento” de la “suspensión de los derechos constitucionales (…) frente a las manifestaciones que tuvieron lugar tras las ya denunciadas irregularidades del acto electoral”, por considerarla “desproporcionada”, y recomendó una serie de medidas para cotejar y verificar los resultados electorales.
