Alguna vez, entre finales de los años noventa y principios de los dos mil, se comenzó a hablar en Cuba de la necesidad de eliminar la “doble moneda”. Dos décadas más tarde esta práctica persiste. Ni siquiera la preocupación de Fidel Castro por la circulación de una moneda paralela (la población llegó a emplear incluso el dólar estadounidense) bastó para cambiar una realidad que abrió las puertas al fenómeno social más temido por la ortodoxia revolucionaria: la desigualdad.
“Antes del Período Especial todos éramos prácticamente iguales, pero cuando se cayó la Urss y quitaron la prohibición de tener dólares, ese sueño se desvaneció”, comenta Caridad, una vendedora de divisas de la ciudad de Matanzas, cien quilómetros al este de La Habana. Hace alrededor de diez años que compra y vende Cuc, el peso cubano “convertible”, equivalente al dólar y 25 veces más valioso que el peso cubano “normal” o Cup. Se trata de un negocio ilegal, que le asegura unos ingresos constantes y nada despreciables, confiesa.
A Caridad no la inquieta que algún día vaya a desaparecer su fuente de recursos: “Cuando empecé en esto ya decían que iban a quitar los Cuc, y todo ha seguido como si nada. Posiblemente, ese cambio no lo vean ni mis hijos”.
La historia parece darle la razón. La celeridad no ha sido nunca característica distintiva de los gobiernos de la revolución. Ni siquiera a comienzos de la década de 1990, cuando La Habana quedó prácticamente aislada en el mundo luego de la desaparición del socialismo real. Por entonces Fidel Castro condujo con cautela extrema un proceso de reformas que se extendió de 1991 a 1997 y tuvo como premisa no adoptar decisiones que pusieran en peligro “las conquistas del socialismo”. Una década más tarde, en julio de 2006, Raúl Castro relevó de forma inesperada a su hermano. Apenas asumida la nueva responsabilidad, el general de Ejército enarboló como bandera el principio de “avanzar sin prisas pero sin pausa”, un compromiso que cumplió al pie de la letra… sobre todo en cuanto al primer aspecto.
El pasado 19 de abril, durante la entrega oficial de la presidencia a su sucesor, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro señaló la necesidad de contar con una carta magna más acorde a la realidad del país. El principal motivo detrás de esta iniciativa del gobierno es adecuar el marco legal existente a los grandes cambios económicos que se vienen dando en la isla desde hace más de una década, por ejemplo con el emergente sector privado.
UN PROCESO EXPRÉS. La redacción de la nueva Constitución, anticipaba Raúl Castro, estaría a cargo de “una comisión de diputados que se propondrá a ustedes (la Asamblea Nacional del Poder Popular, Anpp) en el mes de julio”, es decir al comenzar el período ordinario de sesiones (uno de los dos que en el año establece la ley para la Anpp). Pero cuando el pasado 28 de mayo el Palacio de la Revolución anunció inesperadamente la convocatoria anticipada de la legislatura quedó claro que el proceso de reescritura de la Constitución era una de las principales prioridades del gobierno. El sábado pasado fueron aprobados los 33 nombramientos de la comisión constituyente, que –como cabía esperar– es presidida por Raúl Castro en su condición de primer secretario del Partido Comunista. Tampoco se dejó margen a la improvisación al elegir al resto de los constituyentes. Treinta de los puestos están ocupados por dirigentes políticos o administrativos a distintos niveles. Los tres restantes son un historiador muy vinculado al Comité Central del partido, una jueza de un tribunal de provincia, y Raúl Castro.
De la labor de este grupo emergerá un anteproyecto de reforma constitucional que luego transitará por dos períodos de discusión en la Asamblea y un proceso de consultas entre la población, antes de ser sometido a un referéndum nacional.
Tal como lo señaló la periodista Andrea Rodríguez, de Associated Press (AP), esta iniciativa del gobierno llega tras una década en que “se configuró un país diferente: se abrieron las puertas a una incipiente iniciativa privada y al mercado de bienes raíces, al tiempo que miles de personas ostentan orgullosas su doble ciudadanía –prohibida por la carta magna– y los derechos de la comunidad gay están en franco avance”.
Crear un marco constitucional para las “nuevas formas de gestión” promovidas por la política de actualización económica –inversión extranjera, pequeños negocios privados y cooperativas no agropecuarias– es una de las principales prioridades del gobierno cubano, así lo han manifestado varios de sus funcionarios en diferentes ocasiones.
AGENDAS DIVERSAS. Mientras el gobierno pretende circunscribir la reforma a algunas cuestiones económicas y otras de orden “administrativo” (como el límite de dos mandatos promovido por Raúl Castro para los principales cargos públicos), hay sectores sociales que esperan que este proceso incluya también otros cambios de carácter político (que probablemente sean más difíciles de conseguir). Y aunque muy tímidamente, ya han comenzado a promover sus propias agendas.
Tal es el caso de la comunidad Lgtbiq, interesada en la regularización de derechos, como el matrimonio igualitario; por otra parte, en círculos académicos, sobre todo de ciencias políticas, se discute y promueve la posibilidad de profesionalizar a los diputados de la Asamblea Nacional y reducir su número (en la actualidad son 605); y entre la disidencia y ciertas franjas de la intelectualidad se considera la oportunidad de comenzar un período de transición hacia el pluripartidismo o un sistema electoral diferente, con todo lo que esa nueva circunstancia pudiera implicar. Desde la izquierda se discute cómo modificar el sistema político, mientras que desde la derecha se intenta buscar las maneras de remplazarlo.
“Esta podría ser la contienda política más importante de los últimos años en Cuba, porque va a haber un debate muy importante”, consideró en una entrevista reciente con AP el abogado cubano y profesor de la Universidad de la Habana Julio Antonio Fernández Estrada, para quien la gran pregunta que estará en discusión es en qué tipo de sociedad vivirán sus conciudadanos en el futuro.
LEGITIMACIÓN. “La intención política de acometer su reforma (de la Constitución) en el contexto de cambios que experimenta la sociedad cubana forma parte de un proceso mucho más complejo que le trasciende”, reflexionaba en febrero pasado el ensayista y profesor de la Universidad de Oriente René Fidel González García. En una larga conversación con los redactores del sitio digital cubano de izquierda La Tiza, alertaba que cualquier acción que se emprenda en ese sentido deberá tener en cuenta “la urgencia de blindar, ampliar y modernizar en derechos, institucionalidad y prácticas ciudadanas los logros y estructuras civilizatorias alcanzadas en Cuba (…) pero también las necesidades de legitimación y construcción de consensos políticos y sociales”.
La actual Constitución –de fuerte influencia soviética– entró en vigor en febrero de 1976 avalada en un referéndum por más del 98 por ciento de la ciudadanía. En sus más de cuatro décadas de vigencia ha sido objeto de dos reformas importantes. La primera en 1992, a tenor con el comienzo del Período Especial (la crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética), cuando se buscó democratizar el sistema de gobierno otorgando a los ciudadanos el derecho a elegir los diputados nacionales y los delegados a las asambleas de las provincias, y fueron creados los Consejos Populares, las instancias de administración local. El segundo proceso modificatorio tuvo lugar en 2002, en respuesta al llamado Proyecto Varela, una suerte de consulta alternativa promovida por grupos disidentes. Por entonces, Fidel Castro impulsó la recolección de millones de firmas reclamando que se modificara la carta magna, incorporando en su articulado el “carácter irrevocable del socialismo”.
Dieciséis años después la realidad de la isla conserva sólo unas pocas trazas de aquellos contextos históricos. Hoy más de una décima parte de su fuerza laboral está empleada en el “sector no estatal” –es decir en el privado–; alrededor de 40 mil cubanos emigran cada año, y gana protagonismo una pequeña pero pujante clase media. Es un país que ha cambiado
La persistencia de la doble circulación monetaria –con su carga de inflación y restricciones al consumo para el ciudadano de a pie– pudiera considerarse un ejemplo paradigmático en Cuba. Modificar la Constitución seguramente resultará más fácil que eliminar una moneda de su sistema económico. En su discurso de investidura, el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anticipó el derrotero que guiaría todos los ámbitos de su administración, incluido el tema de la actualización constitucional: “No habrá lugar en Cuba para quienes luchan por la restauración del capitalismo”, aseguró. Llevarlo al papel no se perfila como algo demasiado complicado; la cuestión es cómo asegurarse de que ello no ocurra en la realidad.
