Cuando lo conocí, en mayo de 2015, Pablo Lobaina se resistía a vender su pequeño rebaño de toros y vacas y dedicarse a una actividad menos exigente, como la cría de ovejas. A impulso de las menguadas fuerzas de sus 78 años y con la ayuda de algún temporero ocasional, Lobaina mantenía su finca sin la esperanza de que un hijo o nieto suyo abandonara la vida citadina para relevarlo. El día que no pudiera seguir, la propiedad terminaría perdiéndose, lamentó la tarde de aguacero que escampamos conversando en el portal de su casa.
Nunca volví a visitarlo. De sus reflexiones de entonces, durante años he conservado un razonamiento inapelable en su sencillez: «Ni loco cambiaría las vacas por los carneros», decía. «Cualquiera se roba un carnero y la Policía ni lo investiga; pero no cualquiera se atreve a llevarse una res, sacrificarla y venderla. La posibilidad de pasar 20 años preso se las trae.»
Años más o menos, dos décadas en prisión siguen siendo la condena previsible para quien en Cuba sea hallado culpable de hurto y sacrificio de ganado mayor y de la comercialización de sus carnes. En 1999 una modificación al Código Penal duplicó el monto de las sanciones fijadas hasta entonces para esos delitos, en un intento por preservar la cabaña ganadera de la avidez de los cuatreros. Las primeras normas penales al respecto habían sido promulgadas en 1979.
Fidel Castro había lanzado la primera piedra de esta historia en diciembre de 1961, cuando al presidir una graduación de técnicos agropecuarios había convocado a «salvar las vacas». «Ya la leche en la capital no alcanza. La capital está consumiendo el doble de litros de leche que consumía antes […]. Lo primero que hay que hacer ya lo hemos hecho o lo hemos estado tratando de hacer: que no se mate una sola vaca. ¿Contra quién hemos tenido que luchar para que no se mate una sola vaca? Primero que todo, contra el eterno vicio capitalista, el interés privado de los individuos que les importa un bledo la economía de la nación y de la república», había dicho el mandatario.
Pero, a despecho de las convocatorias políticas y el punitivismo judicial, no han faltado nunca los interesados en hacer dinero con el negocio de la carne bovina. La dificultad para agenciarse otras fuentes de proteína es la razón por la que el producto mantiene altos precios y alta demanda en el mercado negro, y por la que tantos se arriesgan a participar de su tráfico. Los ganaderos, a su vez, terminaron por convertirse en una suerte de custodios de sus propios animales, sin potestad para sacrificarlos ni venderlos. Para algunos, ese hecho hacía insoportables las estrecheces económicas y las veleidades burocráticas del Ministerio de la Agricultura.
Tal era el orden de cosas cuando, a mediados de abril, el gobierno anunció el fin de la prohibición. La medida, que se dictó acompañada de un paquete de normas para «incentivar la producción de alimentos y la sustitución de importaciones», fue opacada por el VIII Congreso del Partido Comunista, que se celebraba por esos días. El tema volvió a la agenda pública recién este 5 de junio, cuando en la provincia de Camagüey (en el centroriente, 500 quilómetros al este de La Habana) tuvieron lugar los primeros sacrificios. El matadero designado para la faena se ubica a menos de media hora de camino de la finca de Lobaina.
UNA SINGULAR POLÍTICA AGRARIA
Cerca de 2.500 criadores de todo el país reúnen los requisitos exigidos para hacer sacrificios. Su número es pequeño, como también lo es el potencial volumen de carne que podrán incorporar al mercado interno, pero la noticia fue tomada como un buen augurio por la mayoría de las familias ganaderas.
Motivar su permanencia en el campo es, desde hace tiempo, un lugar común del discurso oficial. Aunque el hecho es que la tendencia a emigrar hacia las ciudades (desde 1982 se redujo el peso de la población rural del 30 por ciento a poco más del 23 por ciento del censo) ha ido acompañada por la disminución del número de los jóvenes que residen fuera de las zonas urbanas (340 mil individuos menos que en 1982) y de su participación en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (de sus miembros, solo el 14 por ciento tiene menos de 35 años de edad).
La decisión de despenalizar el sacrificio de ganado mayor fue aplaudida recientemente por expertos como el doctor Omar Everleny Pérez Villanueva, profesor durante más de 30 años de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. «Es verdad que ahora habrá que ver quién tiene una vaca, pero durante muchos años no se había querido hablar siquiera de este tema», consideró Pérez Villanueva. Otros entendidos, entre ellos el también economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco, insistieron en acortarle las riendas al optimismo. «Los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación rápida. En ese período, la masa ganadera bovina se contrajo un 7 por ciento» y la producción de leche «un 2,7 por ciento», afirmó en su cuenta de Twitter. Si bien no se han publicado las estadísticas oficiales más recientes, es lógico suponer que en ambos indicadores la tendencia al decrecimiento se mantuvo en 2020, en línea con la falta de medicinas y otros insumos importados y la crónica escasez de combustible (véase «Tiempos de coyuntura», Brecha, 27-IX-19), un bien esencial para enfrentar los seis meses de seca que cada año atraviesa la isla.
La falta de dinero fue también el motivo último por el que en 2020 no fue posible importar los plaguicidas necesarios para preservar la cosecha de frijol. Un campesino de la provincia de Sancti Spíritus (en el centro, 300 quilómetros al este de La Habana) me contó cómo un insecto llamado trips de la flor del frijol acabó con sus sembrados en menos de una semana. Las alternativas biológicas propuestas por el Ministerio de la Agricultura alcanzaron apenas para contener la plaga y permitir a algunos productores recuperar sus semillas. De las 13.500 hectáreas sembradas, más de 8 mil debieron destruirse y los rendimientos obtenidos en las que se salvaron representaron menos de la décima parte de lo que se pretendía acopiar.
«Lo peor es que el trips no se pudo eliminar por completo y en la campaña de este año volvió a hacer de las suyas, a pesar de que las siembras eran mucho más pequeñas y de que habíamos cambiado a variedades más resistentes», agregó mi interlocutor. «Harían falta productos químicos que el país no está importando y que, cuando entren, seguro serán vendidos en MLC [moneda libremente convertible]», añadió.
Desde hace meses, el gobierno promueve la comercialización de insumos para la agricultura y la ganadería a través de tarjetas en MLC. Ese mecanismo financiero gira en torno a una tarjeta prepago, en la que se pueden depositar divisas tanto en efectivo como mediante transferencias. Su unidad de valor equivale a un dólar estadounidense. El problema radica en que dentro de Cuba no existen vías legales para adquirir divisas.
El esquema está pensado para captar las remesas de los emigrados en el exterior, redireccionándolas hacia las arcas del Estado. La demanda insatisfecha de divisas ha provocado un divorcio entre la tasa de cambio oficial, de 24 pesos cubanos por cada MLC, y la que rige en las calles, que ha llegado a ser de 70 por 1.
El hecho ha colocado a muchos campesinos en una situación equívoca, pues si bien el Ministerio de la Agricultura insiste en seguirles pagando con pesos sus cosechas, las tiendas del propio ministerio van pasando de manera inexorable a operar en MLC, con precios muy superiores a los del mercado internacional.
«Salvo el agua, todo lo demás pareciera que quieren vendérnoslo en dólares. No hay quién entienda, si, en definitiva, producir aquí siempre será mejor que comprar afuera», le escuché a Omar Urquiza, un arrocero de Sancti Spíritus, luego de que se enterara de que un tractor bielorruso de mediana potencia sería comercializado por el Ministerio de la Agricultura a 27 mil dólares. Más del doble del precio promedio con que se le puede encontrar en diversos sitios de maquinaria agrícola.
LA FELICIDAD ES UNA NEVERA LLENA
Para cuando Yasnier Lamorú comenzó su primer turno como custodio en una de las oficinas de la calle habanera de Galiano, ya sabía que esa noche no serían pocos los interesados en pagarle por pasar la noche en el vestíbulo del edificio, a la espera de que a la mañana siguiente abriera la cercana tienda de La Época, que opera en MLC. «Como de noche la Policía anda por la calle, deteniendo a los que violan el toque de queda de la covid, los coleros se esconden en los lugares más insólitos; hasta algunos vecinos se dedican a alquilarles. Pero nada más dan las cinco de la mañana –la hora en que finaliza la veda– se arman unas carreras tremendas para llegar antes a la puerta de la tienda y conseguir los primeros puestos de la cola», relató a Brecha.
La de los coleros ha resultado ser una de las ocupaciones más lucrativas en tiempos de pandemia en Cuba. La mayoría de los ítems acaparados por ellos en las tiendas pueden encontrarse pocas horas después en grupos de compraventa de Facebook, al doble o incluso el triple de su valor inicial.
Tampoco el Estado acostumbra a vender a precio de saldo. Al amparo del objetivo fundacional de esa modalidad de comercio (vender para un «segmento de mercado de gama media alta», según afirman las autoridades), las ofertas de las tiendas en MLC suelen incorporar en su factura los elevados impuestos con que antes operaban las llamadas cadenas recaudadoras de divisas. Así, cualquier producto ve incrementado su costo entre un 200 y un 300 por ciento solo por transitar del depósito a la estantería.
Cuando en julio de 2020 el presidente Miguel Díaz-Canel defendió las ventas en MLC, aseguró que sus ingresos serían destinados «a mantener a un costo tremendo» las ventas en pesos y que parte del dinero recaudado se introduciría en la industria nacional «para que se convierta en una fuente de productos». Pero, en la práctica, el dinero recaudado en esos establecimientos ha debido emplearse –casi por completo– en cubrir los déficits presupuestarios del último año y medio, cuando cayeron en picado la exportación de servicios médicos, el turismo y las remesas, sectores que en su conjunto aportaban más del 70 por ciento de los ingresos nacionales.
El caso del turismo es ilustrativo. De acuerdo con datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, solo 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba en los primeros cuatro meses de 2021, durante la llamada temporada alta. Esa cifra, que equivale al 6 por ciento de los vacacionistas internacionales atendidos un año antes (983.099) y al 3,4 por ciento de los correspondientes a 2019 (1.900.000), adquiere su verdadero significado si se tiene en cuenta que la isla ha debido apelar a mercados de menor poder adquisitivo para compensar la ausencia de visitantes «históricos», como los canadienses.
Para un país que importa alrededor del 80 por ciento de sus alimentos, una noticia así es de las peores posibles. Sobre todo por el hecho de que buena parte de las compras de ese tipo tienen lugar en Estados Unidos, al amparo de una legislación que establece que las operaciones han de hacerse mediante pagos en efectivo y por adelantado. Aunque la isla no puede ofertar productos a su contraparte estadounidense, la proximidad de la nación norteña ha hecho de esa opción una de las más usadas por La Habana.
Productos como el pollo congelado, la principal fuente de proteína animal para los habitantes de la isla, provienen en su mayor parte de territorio estadounidense. La reducción del volumen de compras verificada en 2020 (cuando se importaron 163 millones de dólares, el menor monto desde 2002) tuvo un impacto inmediato en la dieta local, con un aumento de las colas y la tensión social (véase «Lo que nos toca», Brecha, 5-XI-20).
En 2020, una semana después de dar luz verde a la dolarización parcial de su economía, el gobierno cubano presentó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Quien lo consulta se encuentra con un ambicioso proyecto, repleto de citas, estadísticas y buenas intenciones. Pero poco más. Los alimentos que el país no pueda importar a causa de la falta de divisas deberán ser aportados por la agricultura y la ganadería locales, plantea el texto, sin entrar en detalles. Salvo por lo relativo a la comercialización en MLC y al levantamiento de la veda sobre la carne vacuna, pareciera que, en cuanto a asuntos de puchero, en La Habana no tienen muy claro qué camino seguir.
