¿Qué políticas de vivienda y hábitat debemos esperar para el próximo quinquenio? La pregunta no es apresurada. De lo que pase en el balotaje dependerá el enfoque del Plan Quinquenal de Vivienda a aprobarse en 2025 para los siguientes cinco años, que deberá ser elevado al Parlamento junto con el presupuesto antes del 30 de junio, luego de haber pasado por una instancia de participación: su discusión en la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI), creada por el artículo 76 de la Ley Nacional de Vivienda (13.728) de 1968. En la COAVI participan organismos públicos, la Universidad de la República (Udelar), las gremiales de destinatarios, empresarios, trabajadores y profesionales de la vivienda, organizaciones no gubernamentales e institutos de asistencia técnica. Lo que se haga se parecerá más o menos a lo que se planificó hacer, pero el plan quinquenal definirá dos cuestiones clave: las líneas de acción a implementar y, sobre todo, con qué recursos se contará.
Pese a su importancia, la política de vivienda y hábitat casi no fue discutida durante la campaña electoral y, cuando lo fue, se centró más en lo que cada uno hizo o dejó de hacer cuando le tocó, que en qué se propone para el futuro. Por eso se propició que el martes 19 tuviera lugar, en el salón de actos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Udelar, un debate entre los candidatos que se enfrentarán en el balotaje sobre soluciones a los problemas de la vivienda social. El debate fue convocado por la FADU, por resolución unánime de su Consejo, a iniciativa de su Centro de Vivienda y Hábitat del Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura (CEDA) y del colectivo de organizaciones por vivienda social La Vivienda en Diálogo que integra un equipo interdisciplinario de la Udelar.
Se invitó directamente a los candidatos, que delegaron su representación: el profesor Yamandú Orsi en la asistente social Lucía Etcheverry, exdirectora nacional de Vivienda y actual diputada, y el doctor Álvaro Delgado en el arquitecto Juan Pablo Delgado, actual presidente de MEVIR (Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural). Ambos son referentes de sus partidos en esta cuestión.
Las fuerzas políticas que protagonizarán el balotaje no son nuevas en el tema. El Frente Amplio (FA) fue gobierno los 15 años anteriores al actual, y en vivienda tuvo una fuerte incidencia el sector al que pertenece el candidato a presidente. La Coalición Republicana (CR) es gobierno y reivindica la continuidad de lo realizado. Si bien las ópticas fueron diferentes en muchos aspectos (la prioridad a la producción social de vivienda y el menú amplio de opciones, en el caso del FA; el énfasis en la iniciativa empresarial y una cierta tendencia al «monocultivo», en el de la CR), también fueron semejantes en otros, como en lo relacionado al apoyo de la «vivienda promovida» (exoneración de impuestos a las inversiones privadas, sin obtener rebajas en los costos) y una inmutable reducida inversión pública, que en más de 30 años solo excepcionalmente ha pasado el 0,5 por ciento.
Pero también hay otras pistas y están en los denostados programas de los partidos, que muchos politólogos suponen que nadie lee, pero a los que siempre se recurre para mostrar inconsistencias e incumplimientos. En ese sentido, las bases programáticas del FA y el Compromiso País. Gobernar entre Todos de la CR aportan algunas novedades: en el caso del FA, el alquiler social, el desaliento a los enclaves excluyentes como los barrios privados y la universalización del saneamiento adecuado, y, en el caso de la CR, el fomento de los subsidios de alquileres, los programas para población entre 18 y 35 años y la construcción en madera. Pero el nudo de la cuestión son los recursos, sin los que todo lo demás es discurso. Ahí hay una gran diferencia: mientras el FA vuelve a comprometer la duplicación de la inversión pública en vivienda (ya planteada en 2019), la CR no dice una palabra al respecto. Esta diferencia, sustancial, queda sin embargo algo diluida, porque ese compromiso, retomado en las «33 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2025-2030» del FA (abril de 2024), ya no aparece en las Prioridades para Gobernar Uruguay presentadas en Colonia en setiembre.
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Preocupadas por el futuro de la vivienda social, 25 organizaciones sociales de vivienda y hábitat1 se vienen reuniendo desde agosto con un equipo interdisciplinario de docentes de la Udelar para acordar una plataforma de preocupaciones y propuestas comunes.2 Su primer resultado fue la Marcha por el Día de lxs Sin Techo, el 7 de octubre, y una actividad en el Palacio Legislativo, el 8, donde se presentó esa plataforma.
El segundo resultado fue el debate convocado junto con la FADU, que fue moderado por la periodista Pilar Teijeiro y constó de cinco bloques temáticos: precariedad habitacional, estrategias para abordar las situaciones de emergencia y producción de vivienda social; implementación de políticas innovadoras, acceso al suelo y seguridad en la tenencia; convocatoria a la COAVI y participación en el diseño de las políticas, y presupuesto y financiamiento para generar los recursos necesarios.
El evento tuvo, desde su organización, una novedad importante: no respondía a una exigencia legal, sino a la iniciativa social de debatir el tema y a la voluntad de los actores de hacerlo. Eso se enriqueció, además, por una dinámica de ida y vuelta en las exposiciones y la inclusión de un espacio para preguntas del público que permitió poner sobre la mesa temas que no se habían abordado en profundidad. Además, se desarrolló en un salón de actos rebosante y con otras tantas personas siguiéndolo virtualmente.
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Y bien, ¿qué nos dejó este nuevo debate, sobre un tema específico y entre conocedores? En primer lugar, una sensación: parafraseando el comentario blanco sobre el debate Orsi versus Delgado, la de estar presenciando una discusión entre una ministra de vivienda y el director de un ente autónomo. Porque Etcheverry tiene una visión global sobre el tema y Delgado no; Etcheverry lo conoce mejor y tiene más experiencia política.
Además, hubo tiempo para coincidencias y divergencias: la coincidencia positiva más importante es el compromiso de dar lugar a la participación social a la hora de elaborar las políticas, pero también dar prioridad a los sectores con mayores carencias; la preocupación por los sectores medios (curiosamente, en ambos casos, salteándose a la mayor parte de la clase trabajadora, que no está ni en una situación ni en otra) y el enfoque en la autoconstrucción, esa herramienta constructora de ciudades.
Como coincidencias negativas, ninguno de los dos mencionó la necesidad de controlar los precios de los alquileres ni los programas de vivienda promovida para que efectivamente lleguen a quienes los necesitan. Y, sobre todo, ninguno se animó a ponerles números a los recursos, a pesar de que el FA los explicita claramente en sus bases programáticas: en el debate todo quedó en «se procurará» y «veremos cuál es la situación».
Sorprendentemente, tampoco se hizo énfasis en la falta de servicios, especialmente saneamiento –el mayor problema de vivienda del interior–, aunque la CR ya avanzó en ese sentido, tocando la música de las ofertas que llegaron desde el sector privado. Sobre la implementación de programas que atiendan no solamente la vivienda, sino también otras necesidades como los cuidados («vivienda colaborativa»), los dos respaldaron esa idea, pero Etcheverry se comprometió a poner en marcha al menos algunas experiencias y Delgado habló solo de estudiarla.
En cuanto a los arrendamientos, finalmente, Etcheverry levantó la bandera de su partido sobre un parque público de vivienda en alquiler, pero Delgado solo destacó los avances del alquiler sin garantías (curioso avance hacia el precipicio) y de los programas de subsidio, que en un mercado libre terminan siendo un subsidio al propietario.
Se dijeron muchas cosas más, pero creemos que estas fueron las esenciales. La instancia sirvió, entonces, para aclarar algunas dudas, despejar algunos temores e instalar otros, poner el tema arriba de la mesa y darle visibilidad a la intención del conjunto de las organizaciones convocantes de seguir siendo protagonistas de esta historia. Porque en este asunto es participar o no participar: esa es la cuestión.
- Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, Centro Cooperativista Uruguayo, Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, Ciudad Abierta, Colectivo Habitadas, Colectivo Somos Barrio, Comisión Derecho a la Ciudad; grupos de alojamiento colaborativo: Coviviendo Angirú, Cooperativa Angà Irü, Carpe Diem y Mujeres con Historias, Federación de Cooperativas de Propietarios, Familias Presentes, Federación de Cooperativas de Usuarios por Ahorro Previo, Federación Plan de Vivienda Sindical, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua; Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay, Instituto Técnico de Asistencia Cooperativo, Miles de Ciudades, Mundo Afro, Ni Todo Está Perdido, Olla Popular Juan R. Gómez, Sociedad de Arquitectos del Uruguay y Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. ↩︎
- «Plataforma social sobre aportes a la política y plan quinquenal de vivienda 2025 en diálogo.» ↩︎
