El día en que se cumplirá un año de la llamada «marcha más grande de Chile», que sólo en Santiago convocó a más de 1 millón de personas, asoma como otro hito en la historia del país. El próximo 25 de octubre –es decir, dentro de un mes– el pueblo chileno decidirá en un plebiscito si quiere una nueva Constitución política y qué tipo de órgano será el encargado de redactarla.
En la votación habrá dos papeletas con dos opciones a marcar en cada una: apruebo o rechazo (en referencia a la creación de una nueva Constitución), y convención mixta (un órgano constituyente compuesto a partes iguales con miembros del Congreso y miembros elegidos popularmente) o convención constitucional (con todos sus miembros elegidos popularmente). Todos los sondeos desde noviembre pasado adelantan un triunfo por abrumadora mayoría para la combinación apruebo-convención constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, de la primera quincena de setiembre, estimó que el 75,1 por ciento del total del padrón electoral se inclinará por el apruebo y que el 57 por ciento lo hará por la convención constitucional.
El proceso constituyente tendrá una naturaleza inédita en la historia chilena si vence el apruebo, ya que permitiría abrir la deliberación del nuevo texto a través de canales de participación popular. Ni la Constitución vigente de 1980, fraguada entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto Pinochet, ni los anteriores textos constitucionales –los más duraderos fueron los de 1833 y 1925– nacieron al calor de un diálogo democrático.
«Chile recién se está poniendo al día en un cambio político que se produjo hace décadas en América Latina. Casi todos los países de la región han incorporado mecanismos de democracia directa. Pero en Chile hay una extrema rigidez institucional que mantuvo intacta la estructura heredada de la dictadura de Pinochet, hasta que el estallido social del 18 de octubre remeció el sistema político, como culminación de un ciclo de protestas que venía desde el movimiento estudiantil de 2006», indica a Brecha Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.
El cronograma
La convocatoria al plebiscito de octubre quedó zanjada el 15 de noviembre de 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por el grueso de los partidos políticos como respuesta a las demandas de la revuelta popular. El día elegido para la votación era originalmente el 26 de abril, pero el covid-19 obligó a aplazar la fecha.
De hecho, el proceso constituyente se inscribirá en un contexto de crisis sanitaria. Por eso, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un protocolo sanitario para proteger a los electores y a los vocales de mesa. «Votar en el plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado», afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, el 14 de setiembre. Sin embargo, en los últimos días el organismo descartó que las personas contagiadas por coronavirus puedan votar. El 11 de este mes, en tanto, el presidente, Sebastián Piñera, había anunciado la extensión del estado de catástrofe por 90 días más, por lo que la jornada de votación será con toque de queda durante la noche.
Pese a las restricciones sanitarias, se prevé una alta concurrencia a las urnas: en la última encuesta Pulso Ciudadano el 75,1 por ciento se mostró seguro o muy seguro de ir a sufragar, aunque la participación no es obligatoria. La alta concurrencia está motivada por el clamor de sepultar la Constitución de Pinochet, que, aunque reformada 46 veces, «mantiene el statu quo, ya que es un proyecto de ingeniería social que levantó la dictadura para neutralizar al gobierno de la Unidad Popular y al ciclo histórico de crecimiento del Estado y los derechos sociales que va desde 1940 a 1970», dice a Brecha Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y activo participante en las asambleas y los cabildos territoriales autoconvocados desde el 18 de octubre.
Cambiar la Constitución es determinante, agrega Bassa, ya que la de 1980 «entrega la provisión de derechos sociales como la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social a empresas privadas. Es un diseño que mercantiliza la vida, genera precariedad y bloquea los cambios. Promueve un Estado subsidiario y una economía neoliberal». Cita como ejemplo de esto que, en lugar de consagrar el derecho público a la salud, la actual carta magna establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado».
El acuerdo del 15 de noviembre estableció que el órgano constituyente deberá aprobar su reglamento y cada una de las normas constitucionales por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si triunfa la opción de formar una convención constitucional, sus integrantes serán votados bajo el mismo sistema electoral que rige para la votación de diputados. En Chile hay 155 diputados electos bajo un esquema proporcional de 28 distritos electorales, por lo que la convención tendrá el mismo número de miembros. El acuerdo también fijó un plebiscito ratificatorio (con voto obligatorio) para validar el nuevo texto. El 24 de diciembre se aprobó la ley 21.200, que modificó el capítulo V de la actual Constitución para regular todo el proceso venidero.
La pandemia alteró los planes iniciales y sólo el 27 de marzo de este año el Servel agendó las tres fases del ciclo completo. Tras el citado plebiscito de entrada, el 11 de abril de 2021 se elegirán los integrantes del órgano constituyente. Nueve meses después de instalada la convención (su período de trabajo se puede extender a 12 meses si se solicita prórroga, por única vez) se convocará al plebiscito ratificatorio o de salida. Si el proceso sigue la ruta trazada, Chile podría tener una nueva Constitución, a más tardar, en 2022 y con otro presidente de la república: la elección presidencial será el 21 de noviembre de 2021.
La legitimidad de la Constituyente
Fruto de la presión del movimiento social y de algunos partidos políticos, en los últimos meses se añadieron nuevas normas al acuerdo del 15 de noviembre. En marzo pasado se aprobó la paridad de género para una eventual convención constitucional. Además, las candidaturas independientes podrán presentar sus propias listas, siempre y cuando sean respaldadas por firmas ante notario del 0,4 por ciento de quienes votaron en cada distrito en la última elección de diputados. El trámite entraña una gran dificultad en el contexto de pandemia y, en virtud de ello, se le solicitó al Servel autorizar firmas electrónicas, sin tener respuesta aún.
Por otro lado, el pasado 7 de julio el Senado aprobó, en general, una reforma para reservar escaños de la Constituyente a pueblos originarios. Aún no se ha definido el número ni el mecanismo de asignación.
«La legitimidad se juega en varias dimensiones, no se agota en la dicotomía independientes/militantes partidarios. La clave para la reconfiguración de las relaciones de poder es que en la deliberación constituyente participen los grupos que estructuralmente han sido más postergados. El carácter paritario de la convención contribuye a enfrentar una de las exclusiones más fuertes de la sociedad chilena, que es el tema de género. Los escaños reservados para los pueblos originarios también son un factor de legitimidad importante», precisa Bassa.
Heiss concuerda en la trascendencia de la paridad de género: «El solo hecho de que la convención constitucional esté forzada a tener mujeres habla de un nivel de inclusión que no ha habido nunca en Chile y en ninguna asamblea constituyente en el mundo. Incorporar a la discusión política actores nuevos –actrices, en este caso– es algo totalmente novedoso».
Sin embargo, hay expertos que ven una «trampa» en la baja probabilidad de que participen de la convención actores del mundo independiente, por ejemplo, líderes vecinales. En esos términos y en varios medios se ha referido, desde el año pasado, el abogado penalista Mauricio Daza a la casi obligatoria necesidad de las candidaturas independientes a postularse dentro de la lista de algún partido político para tener alguna opción real de integrar la Constituyente.
«No estoy de acuerdo con esa lectura. Las puertas para la participación ahora están más abiertas que en el acuerdo del 15 de noviembre. Creo que es un buen camino canalizar las demandas de las bases en alianzas virtuosas con los partidos políticos. Estos podrían recuperar su rol. Los electores tenemos la última palabra en elegir bien a nuestros representantes y no permitir que viejos rostros de la política quieran reciclarse en la Constituyente. Lo que pasa es que los partidos han subvertido el sentido de las instituciones protegiendo el interés privado por sobre el interés general», plantea Bassa.
Sin ir más lejos, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas de izquierda que germinó en 2017, pretende abrir la mitad de sus candidaturas a la Constituyente a ciudadanos que no militan en partidos. «El mundo social es el espacio natural del Frente Amplio. Tenemos militantes e independientes que han estado liderando las demandas de la ciudadanía. La Constituyente es para la confrontación de ideas y no una asamblea de técnicos o expertos», comenta a Brecha Jorge Ramírez, presidente del partido frenteamplista Comunes.
Según Valentina Moyano, integrante de la organización latinoamericana Red de Politólogas, es muy probable que «no todas las personas que ocupen un escaño en la convención provengan de sectores populares». Para la cientista política, la legitimidad de la asamblea no pasa por cuántos independientes la integren, sino más bien «por hacer vinculantes los cabildos, las asambleas y los espacios de organización fuera de la arena institucional partidaria».
En línea con la posición de Moyano, Heiss cree que la aprobación del reglamento de la futura convención «será la gran oportunidad para incorporar mecanismos de participación incidente y directa de la ciudadanía». Heiss proyecta que, si la Constituyente trabaja «a puertas cerradas, como una cocina», no tendrá legitimidad política.
Para Esteban González, coordinador de la mesa de Unidad Social en la comuna santiaguina de Pedro Aguirre Cerda, la legitimidad del proceso tampoco se juega exclusivamente en la incorporación de independientes a la convención. González, que trabaja con alrededor de 40 organizaciones sociales del territorio comunal, cree que «la calle es ancha y puede caber todo el mundo mientras busquemos el objetivo común. Vamos a apoyar a los candidatos que defiendan los principios constitucionales necesarios para el Chile que queremos».
En tanto, la Coordinadora 8M, organización que vela por las reivindicaciones feministas, dice que, si bien tiene una posición crítica sobre el acuerdo del 15 de noviembre, llamará a votar apruebo y convención constitucional con los mismos recaudos. «No es sólo porque los sectores políticos impugnados sentaron las reglas del juego del plebiscito. Hay un contexto político de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y la prisión política ocurridas durante la revuelta. Hay un escenario de polarización política, en que fuerzas reaccionarias de ultraderecha, incluso neofascistas, han desplegado acciones de masa muy violentas. Llamamos a desbordar el acuerdo del 15 de noviembre», dijo a este semanario Karina Nohales, una de las voceras de la coordinadora. Remite a las marchas del rechazo, que se han dirigido desde los sectores acomodados de Santiago hacia el centro cívico y cuyos adherentes han agredido a los del apruebo bajo una actitud complaciente de Carabineros.
La Constitución: el principio de todo
La importancia de la Constitución radica, según Bassa, en que «determina los márgenes entre los que se mueve el legislador». Ciertamente, agrega el abogado, la nueva carta fundamental «no será la solución a todos los problemas sociales, ni el país cambiará al día siguiente de su aprobación». Bassa acepta que las demandas de la ciudadanía están reguladas por las leyes y no por la Constitución. Sin embargo, «si la carta magna establece que las cotizaciones previsionales son propiedad privada, la ley no puede avanzar hacia un sistema solidario».
Una interpretación similar ofrece Heiss, para quien es relevante entender que «la Constitución no es una política pública: no va a contener la política de vivienda, salud, educación o pensiones». Sin perjuicio de ello, la académica de la Universidad de Chile sostiene que incluir los derechos sociales en el nuevo texto constitucional le daría una «orientación normativa» al sistema político para que «haga carne» esas necesidades ampliamente compartidas por la sociedad chilena. «La Constitución, más que cerrar una conversación de cambio político, la inicia», aclara la politóloga.
Hay un punto que provoca cierto ruido en el movimiento social: el funcionamiento paralelo del Congreso durante los nueve meses (o 12 si se accede a la prórroga) de ejercicio de la Constituyente. Temen que el Poder Legislativo tramite leyes que vayan a contrapelo del espíritu transformador que regirá la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna. Bassa no detecta un problema aquí, por cuanto «muchas leyes que están jurídicamente por debajo de la Constitución van a quedar fuera de juego. Es decir, muchas leyes vigentes podrían ser inconstitucionales cuando se apruebe la nueva Constitución, ya que esta es una norma de mayor jerarquía».
Para Heiss, en tanto, la sorpresiva reaparición, el 30 de agosto, del exsenador derechista Pablo Longueira –formalizado por delitos tributarios y luego sobreseído de esos cargos– para anunciar su voto por el apruebo y su candidatura a la Constituyente responde a «manotazos de ahogado» de su sector político, cuya finalidad es capturar el tercio de la convención y torpedear los cambios estructurales: «El 89 por ciento de las donaciones para la campaña del plebiscito son del rechazo, pero saben que van a perder. Ellos han acuñado el término rechazar para reformar, pero no han transformado nada en 30 años. Es un argumento que tiene poco asidero y es bastante antidemocrático, es de una profunda desconfianza en la voluntad popular».
