Con la firma de un decreto “de necesidad y urgencia”, durante el receso parlamentario el presidente argentino modificó 140 leyes nacionales y anuló otras 19. El objetivo de dichas medidas, afirma el líder derechista, es ingresar a la Ocde.
Mauricio Macri se fue de vacaciones para descansar en las montañas patagónicas, pero se llevó una pila de trabajo. Desmontar la legislación social del Estado moderno es una prioridad, por eso el presidente argentino sigue firmando decretos de necesidad y urgencia (Dnu) para reconvertirla. La meta es crear una ventanilla “única y eficiente”, pero a favor de los grupos económicos reconcentrados. Así el 10 de enero firmó el Dnu 27/2018, que modifica 140 leyes nacionales y anula directamente otras 19. Escarbando en las 83 páginas del decreto publicado por el Ministerio de Justicia se encuentran modificaciones tales como permitirles a los bancos embargar los salarios, reducir las restricciones y las medidas punitivas contra las empresas que no cumplen con las normas laborales, y que la Unidad de Investigaciones Financieras (Ufi), que depende del Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia), pueda retacearles información sobre lavado de dinero a jueces y fiscales. A esos ejemplos se suman desde el 11 de enero pasado modificaciones en la organización de nueve de los 17 ministerios nacionales y en dos organismos clave en materia de manejo de dineros frescos: el Anses (la caja de los jubilados) y el Fondo del Conurbano Bonaerense, dos herramientas centrales del Estado nacional y la provincia de Buenos Aires.
El texto del Dnu menciona explícitamente como fundamento para las reformas la necesidad de que Argentina se integre a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que menciona tres veces. También al grupo internacional Gafi, que coordina internacionalmente la prevención del lavado de dinero. Ninguna de las dos instancias dependen del sistema internacional vinculado con la Onu, pero forman parte de un circuito intergubernamental donde quienes mandan son las potencias industriales y financieras. Fundada en 1961, la Ocde tiene su sede en Francia, y sus discursos nacen del corazón del mundo capitalista industrializado en busca de seducir a los países pobres. Hija del Plan Marshall –creado para reconstruir la Europa que dejó destruida la Segunda Guerra Mundial–, la organización está integrada por las economías mas poderosas del mundo, generadoras del 80 por ciento del Pbi mundial y poco más del 70 por ciento de las mercancías que circulan por los cinco continentes. A la Ocde la conforman 35 países, tres de ellos ubicados en el hemisferio norte de América: Estados Unidos, México y Canadá, y sólo uno en América Latina: Chile, alumno aplicado del neoliberalismo en los últimos treinta años. Y esperan para ingresar Colombia y Costa Rica, junto con Argentina.
El gobierno de Mauricio Macri tiene intenciones de ser aceptado por la Ocde desde que Cambiemos se hizo con el poder. En junio de 2016 anunció su decisión de ingresar y en abril de 2017 presentó una carta formal solicitando la admisión. Cada vez que Macri promueve vía decreto o tratamiento parlamentario modificaciones a las leyes laborales o de carácter social, argumenta que estas organizaciones exigen de Argentina estos ajuste y adecuación de leyes para aceptar su ingreso. “Modernización e integración a la Ocde” es la letanía más repetida por Macri y sus hombres de gobierno.
Con la oposición deshilachada, solamente el titular de la bancada de diputados de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, reclamó la convocatoria a sesiones extraordinarias para febrero, a fin de rechazar desde el parlamento “una modificación tan grande de la legislación que constituye una burla a los argentinos”. El sector llamado Peronismo Federal anunció reuniones para “evaluar una acción común frente al decreto”, y el Frente Renovador aseguró que se opondrá pero sin acompañar la moción de Unidad Ciudadana, por sus irreconciliables enconos contra el kirchnerismo. Por su parte, el bloque legislativo de la izquierda nucleada en el Fit se mostró contrario al Dnu pero aún no anunció un plan de acción concreto.
Si el Dnu 27/2018 fuera convalidado por el parlamento a partir de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias, el macrismo tendría la mitad del camino allanado para ingresar a la Ocde y para avanzar con más certezas sobre una reforma laboral profunda que hasta ahora debió suspender por la protesta social callejera más que por el reclamo de las centrales sindicales.
