La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) insistirá con un proyecto que la habilite a controlar el origen de los fondos que financian megaproyectos de construcción, adelantó a Brecha el titular de esa dependencia de la Presidencia de la República, Jorge Chediak, convencido de que «ahí hay un déficit de controles». También anunció que en julio comenzará a fiscalizar de forma presencial unas 60 organizaciones sin fines de lucro consideradas de riesgo para el lavado de activos. Además, discrepó con el último informe de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central que, en parte, atribuyó la caída en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas en 2020 al efecto de las modificaciones a la ley antilavado introducidas en la Ley de Urgente Consideración.1 Paralelamente, Chediak procurará fondos presupuestales para crear una estructura de cargos que dé estabilidad a la oficina. Las razones por las que afirma que Uruguay tiene un nivel moderado de lavado de activos en comparación con la región, la reestructura de la oficina y el fortalecimiento del Observatorio de Análisis de Riesgo, entre otros compromisos asumidos con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –organismo intergubernamental que guía a sus miembros en la ejecución de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional–, también fueron tema de la entrevista que Chediak concedió a Brecha junto al jefe del Área de Fiscalización, Gustavo Misa, la jefa de Jurídica, Patricia Laburu, y la secretaria ejecutiva Silvia Leal como «supervisores de toda la oficina». Los efectos de la pandemia por el SARS-CoV-2, que limita los recursos económicos y la posibilidad de instrumentar reuniones de capacitación e inspecciones presenciales, atravesaron las respuestas a casi todas las preguntas. Esa es la causa que Chediak y sus asesores atribuyen al enlentecimiento de las metas propuestas para esta administración, tras el vencimiento del Plan Nacional Estratégico 2017-2020 de la Senaclaft.
—¿Cómo evalúa estos primeros 14 meses de gestión?
J. Ch. —No estoy conforme con los resultados. En las previsiones que uno hace, como para el quinquenio, deberíamos estar mucho más avanzados, pero realmente la pandemia nos complicó. No queremos utilizarlo como excusa, pero teníamos un cronograma de actividades que se ha enlentecido. Hemos tratado de mejorar la eficiencia de la oficina, aunque la pandemia puso una especie de manto de frío y, en eso, nuestra situación es análoga a la de los otros países miembros del Gafilat. Las evaluaciones multilaterales y bilaterales están paralizadas, todo está suspendido. Y los cronogramas del Gafilat se han prorrogado sucesivamente.
—¿Entonces, en qué medida están cumpliendo las recomendaciones del informe de 2019 del Gafilat para mejorar la eficiencia del sistema?
P. L. —En el informe de 2019, quedamos con un nivel moderado de efectividad. Como supervisores del sector no financiero, avanzamos en el acercamiento a los colectivos de sujetos obligados mediante reuniones periódicas por diferentes plataformas; desarrollamos acciones de concientización de riesgos y capacitación; elaboramos guías de cumplimiento y compartimos materiales en la web. Paralelamente, preparamos el terreno para fiscalizar y supervisar a partir del trabajo del Observatorio de Análisis Estratégico, mediante un análisis sectorial de riesgo para determinar qué entidades fiscalizar. Nos centramos en la vertiente pedagógica y preventiva, sin perjuicio de colaborar a través de los equipos interdisciplinarios con la represión a través de la Fiscalía General de la Nación [FGN]. Nuestra pata final puede ser sancionatoria en caso de incumplimiento, pero queremos prevenir que se utilice a los sujetos obligados como medio para el lavado de activos, financiamiento al terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva que, gracias a dios, es teórico en Uruguay.
J. Ch. —Apostamos a un cambio de perfil profesional, a trabajar en las inspecciones de determinados sectores, reemplazando el trabajo presencial con nuestros sujetos obligados a través de medios telemáticos. Se han duplicado los cuestionarios e interrogatorios a distancia y sobre fines del año pasado pudimos hacer más de 100 inspecciones presenciales que teníamos previstas desde julio de 2020 en las zonas francas. Hemos aprovechado este tiempo para hacer una reestructura profesional de la oficina, agrandamos el staff de abogados y redujimos el de contadores para trabajar con una mirada más legalista y garantista del debido proceso administrativo, porque si alguna actuación termina en una anulación del TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo], los costos los pagamos todos. Lo que tenemos pendiente como recomendación internacional es avanzar hacia una estructura más formal y estable de la Senaclaft. No es secreto que la estructura depende de funcionarios en comisión y habría que hacer una estructura salarial de cargos de los profesionales. Trataremos de avanzar en eso cuando la situación económica del país lo permita, seguramente en alguna rendición de cuentas.
—¿En qué etapa se encuentra el plan de fortalecimiento del Observatorio de Análisis Estratégico y la evaluación de las áreas de mayor riesgo?
G. M. —Tratamos de mejorar los intercambios de información para tener mejores insumos y fiscalizar donde hay mayor riesgo. Se mejoró el convenio con el BCU [Banco Central del Uruguay] para acceder a las listas de beneficiarios finales y de titulares de acciones al portador; está en trámite para este mes o el que viene un convenio con el Poder Judicial [PJ] y la FGN para intercambiar datos de personas formalizadas por delitos precedentes, para poder ir a fiscalizar a aquellos sujetos que fueron condenados por esos delitos y ver los movimientos previos que hicieron con dinero de actividades ilícitas; rastrear operaciones inmobiliarias, la composición de sociedades y ver la actuación de los sujetos.
—¿Cuál es su evaluación de los cambios que introdujo la LUC a la ley antilavado para flexibilizar los procedimientos de diligencia debida?
P. L. —Todavía no hicimos controles sobre los sujetos obligados en este período, porque recién empezamos en diciembre de 2020. Estamos reglamentando los incisos que se agregaron al artículo 17 [de la ley antilavado]. Hemos insistido en el rol pedagógico, porque esos incisos no modifican el análisis de riesgo que cada sujeto obligado debe hacer de la operación y del cliente. Hoy los bancos tienen un deber un poco mayor en el contralor de sus clientes y alivia la responsabilidad de los controles del sector no financiero, pero el sistema de prevención no cambió sustancialmente.
—En su último informe la UIAF considera que esa flexibilización o simplificación incidió en la caída de un 54 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero. ¿Coinciden con esa evaluación?
J. Ch. —Es un lindo tema que nos ha ocupado. El análisis de la UIAF corre por su cuenta, es su opinión, su hipótesis, pero nosotros tenemos nuestro propio análisis. Los especialistas que representan a los colectivos del sector no financiero no coincidieron para nada con la apreciación de la UIAF. Nuestra evaluación es bastante más matizada y compleja. En el análisis colectivo que hizo Gafilat a los países que la integramos, ya hace un año, se señalaba que seguramente la pandemia iba a influir a la baja en los reportes de operaciones sospechosas y fue lo que pasó.
G. M. —No podemos afirmar ni negar si la LUC incidió en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas, porque entró en vigencia a mediados de julio. Para poder evaluar si esta modificación tiene o no alguna injerencia en los reportes, hay que medir un año entero. Se lo transmitimos a Gafilat y está de acuerdo. No es posible sentenciar porque no pasó una cantidad de tiempo medible.
—El informe de la UIAF también observa que la actividad inmobiliaria se mantuvo, pero los reportes de operaciones sospechosas del sector cayeron 18 por ciento y los de los escribanos 59 por ciento, lo cual no sería atribuible a la pandemia.
P. L. —Según nuestro observatorio, los números no coindicen en algunos puntos. Por ejemplo, en la intervención de los extranjeros en compraventa: las fronteras estuvieron cerradas y hubo menores intervenciones de extranjeros en las operaciones. Además, muchas inmobiliarias e intermediarios en transacciones de inmuebles cerraron durante la pandemia. Y si bien se mantuvo la cantidad de operaciones, fueron por montos mucho menores a los que se utilizaban.
G. M. —La UIAF evalúa el final de la película, ve el total de los números que entran al sistema. Pero la película completa, de cómo funcionan los sujetos obligados o cómo deberían comportarse, la tenemos nosotros. Somos los supervisores directos y no podemos hacer un análisis tan a la ligera. No es una cuestión de diferencia de criterios, es una cuestión de diferencia de percepción. La UIAF hace hipótesis y nosotros no nos sumamos a eso hasta no tener un análisis científico que lo avale.
—¿Qué ocurriría si prospera el referéndum y se anula el artículo 225 de la LUC?
J. Ch. —Lo que decida el soberano será. Para nosotros, la normativa es una pequeña modificación de lo que existía. Ni hay un impacto fuerte porque siga vigente ni la habría en la hipótesis de que cayera. No alteraría para nada los planes de la secretaría.
—¿Qué sectores de riesgo siguen en el cronograma de fiscalizaciones?
G. M. —Realizamos unas 100 inspecciones en zona franca. Para el futuro inmediato tenemos previsto abordar las organizaciones sin fines de lucro, siempre que la pandemia lo permita. Nuestro observatorio está haciendo el análisis sectorial de las organizaciones –similar al hecho para las zonas francas– para clasificarlas y empezar con las fiscalizaciones. Creo que, en principio, no serán más de 60 o 70 para inspeccionar in situ; las otras supervisiones se harán a distancia. El trabajo del observatorio está avanzado y para fines de julio podríamos empezar a fiscalizar. También se harán inspecciones mediante intercambio de datos con el PJ y la FGN, en el sector inmobiliario.
—¿Chediak, en qué sustenta la afirmación de que Uruguay tiene un «escaso o moderado» nivel de lavado de activos?
—Es una percepción, pero es bastante compartida. Con relación a la región, Uruguay tiene indicadores muy positivos en casi todos los rubros y este no es la excepción. El nivel de lavado de activos, incluso por el tamaño de la plaza o por la situación del movimiento de capitales del país, es relativamente bajo. No es por abrir el paraguas, pero si hubiera un nivel relevante de lavado de activos, seríamos los primeros en decirlo. Si alguien quiere argumentar de otra manera, que aporte los argumentos.
—¿Es posible hacer tal afirmación cuando falta controlar los capitales que financian grandes proyectos de construcción, los partidos políticos, las iglesias o las sociedades anónimas deportivas, por ejemplo?
J. Ch. —Coincido en que es un colectivo de sujetos colaboradores u obligados que no se había trabajado, razón por la cual desde el día uno decidimos que por allí tendríamos que avanzar. Pero hay controles muy afiatados en el sistema financiero y cruzamientos de datos que no evidencian la existencia de fenómenos importantes de lavado de activos. En el caso de alto riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos, habrá unas decenas de organizaciones sin fines de lucro en un colectivo de miles y sobre ellas trabajaremos por subsectores –partidos políticos, sindicatos, iglesias– cuando tengamos la lista definitiva.
—¿Cómo explica que buena parte de los casos llevados a la Justicia se detectaran a través de la Justicia extranjera o agencias de inteligencia del exterior? ¿En qué falla el sistema?
J. Ch. —Es inobjetable que los casos más sonados y de mayor envergadura han sido detectados en el exterior. Desde el perfil preventivo, hemos buscado fortalecer los mecanismos de contralor. El sector inmobiliario es de alto riesgo como medio de lavado de activos de gran porte y por eso hemos propuesto hacer un análisis general de origen de fondos y beneficiarios, como el que ya hicimos con las inversiones de cannabis y las obras de participación público-privada. Queremos generalizar la práctica, que se estableció en las administraciones anteriores, de que la Senaclaft analice los orígenes de fondos en las inversiones inmobiliarias de alto porte. Hay un déficit de controles sobre los capitales originales, más allá de que los escribanos controlen el origen del dinero de los adquirientes de unidades.
—La multimillonaria inversión anunciada por Giusseppe Cipriani en San Rafael (Maldonado), en la cual intervendrían capitales rusos y chinos, ¿no es motivo de atención?
J. Ch. —Analizamos la inversión vinculada al casino de San Rafael, con orígenes internacionales variados, porque estaba estipulado en la licitación. Nos llevó seis meses dar un informe favorable con todos los fundamentos requeridos. Tenemos el origen de fondos certificado por nuestros especialistas en relación con la primera etapa, y ha sido particularmente complejo, pero, sin duda, muy positivo. Para aplicarlo a otras inversiones de gran porte hay que modificar la ley, debe haber acuerdo entre el PE [Poder Ejecutivo] y el Parlamento. Ya hemos hecho algún planteo en la comisión coordinadora del PE y en la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados. La propuesta fue bien recibida, pero requiere voluntad de ambos estamentos para instrumentarla. La discusión parlamentaria estaría en determinar cómo sería el proceso y qué organismos estatales, a donde se presentan los permisos, deberían enviar copia a la Senaclaft. Cuando terminemos la reglamentación de las modificaciones agregadas por la LUC, propondremos varias ideas para mejorar la normativa nacional.
1. Véase «Se abre el grifo», Brecha, 9-IV-21.
