La falta de unanimidad en las filas partidarias del Frente Amplio (FA) sobre el plebiscito para reformar el sistema previsional impulsado por diversas organizaciones sociales y presidido por el PIT-CNT se ha convertido en uno de los puntos de disputa en medio de la campaña electoral. El oficialismo se ha empeñado en atacar a la izquierda por su división interna en torno a la iniciativa, que ha intentado saldar, para no dejar a nadie disconforme, con la proclamada «libertad de acción».
La resolución había sido tomada en el Plenario Nacional de la coalición de izquierdas del 14 de octubre, dos meses después de que la convención de trabajadores anunciara que impulsaría la consulta popular que prevé derogar buena parte de la reforma aprobada por la actual administración y, además, la eliminación de las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional), uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa. La medida buscó trazar un camino equidistante entre los sectores que querían acompañar la propuesta y participar de la campaña de recolección de firmas –entre otros, los partidos Comunista y Socialista– y aquellos que la rechazaban tajantemente –como el Movimiento de Participación Popular y el seregnismo–. Con las rúbricas necesarias para que el plebiscito se ponga a consideración en las urnas en octubre, ahora el FA deberá revisar en un nuevo ámbito orgánico si continúa o no con la misma postura, o si se posiciona orgánicamente a favor o en contra de la consulta popular. El presidente del FA, Fernando Pereira, había anunciado que para esto se iba a convocar un nuevo Plenario Nacional. Sin embargo, por estas horas se maneja resolver la situación de forma más ejecutiva en las próximas reuniones de la Mesa Política.
Aunque ha habido planteos desde ambos lados sobre la conveniencia de presentar una postura unificada, la izquierda va a ratificar la libertad de acción, aseguró el nuevo jefe de campaña del FA, el senador Alejandro Sánchez. «Es lo razonable y la mejor solución para el partido», consideró en diálogo con Brecha. Consultado sobre los cuestionamientos del oficialismo acerca de esta decisión, reconoció que «es una complejidad que el FA no haya logrado tener una posición común», aunque no lo ve como «algo que genere una dificultad mayúscula en la campaña». Por otra parte, recordó que la oposición sí ha consensuado como propuesta en materia de seguridad social un «amplio diálogo social, establecido en sus bases programáticas, y que va a ser convocado en cuanto asuma en caso de ganar las elecciones».
Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo
En simultáneo, a partir de aquella primera decisión de establecer la libertad de acción, fue establecida una comisión que se encargó de elaborar el documento con los lineamientos base para determinar las características que tendría la propuesta del diálogo social. Este trabajo se realizó y fue ratificado luego en las bases programáticas de la fuerza política.
Según el texto, la herramienta «busca una reforma integral, como respuesta a la ley regresiva aprobada por el gobierno», y aclara que esta eventual iniciativa tampoco se propone «en contraposición con el proceso de reforma constitucional promovido por organizaciones sociales y políticas». Se plantea una «convocatoria a un diálogo social a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante las transformaciones que nuestro sistema requiere», con «la participación democrática de las principales partes interesadas», que «logre alcanzar amplios acuerdos» y dé «una mayor legitimidad» a lo que luego se convertiría en un proyecto de ley para modificar el sistema previsional vigente.
No por casualidad el grupo de trabajo fue presidido por dos representantes de las dos posturas contrapuestas dentro del FA ante el plebiscito: el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, y el expresidente del Banco Hipotecario Jorge Polgar, de Convocatoria Seregnista Progresistas. Consultados por Brecha, ambos coincidieron en que, por obvios motivos, no fue sencillo llegar a una síntesis sobre qué elementos incluir en el documento.
Quizás a raíz de esto último, en el documento los planteos se presentan como generalidades en lugar de como propuestas concretas. Por ejemplo: «Revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, con el objetivo de corregir las inequidades existentes propiciadas por las actuales normas». Según explicaron, esto se debe a que, precisamente, la forma en la que esa idea se lleve adelante debe surgir de los acuerdos que se den en el diálogo social.
Uno de los puntos que llama la atención es el referido a la edad mínima jubilatoria. A pesar de que su aumento a 65 años en la reforma del gobierno fue uno de los aspectos más criticados por la oposición, el texto propuesto por el FA no apuntó, por ejemplo, a proponer derogar ese artículo de la ley actual. En cambio, sobre este tema planteó que se deberán «generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo».
Ante la consulta sobre cómo construir una síntesis con la multiplicidad de actores convocados al diálogo social (a lo que se suman las diferencias internas en la izquierda), Castillo y Polgar fueron enfáticos en que el diálogo social no tiene un carácter «vinculante». «No es que hay que votar; son eventos de intercambio a partir de lo ya trazado en este documento, pero después la palabra la tiene el Poder Ejecutivo y el Parlamento», explicó el referente del seregnismo. Por otra parte, añadió que, más allá de las diferencias, el texto expresa «con claridad nuestra posición contraria al carácter regresivo de la ley aprobada».
En la misma línea, Castillo reconoció que «si pensáramos todos igual, habría sido más fácil, todos tuvimos que hacer concesiones, yo hubiese preferido que el FA estuviera de acuerdo con el plebiscito, y sé que la otra parte siente que tendría que haber sido al revés, pero primó la unidad y me parece una decisión acertada». Consultado al respecto, el líder comunista descartó que la situación haya supuesto un alejamiento entre la fuerza política y los movimientos sociales, en particular, el sindical.
«Sí me habría gustado que el FA hubiera tenido una posición más mayoritaria a favor de trabajar el tema, porque podríamos haber participado en la redacción de los contenidos de la papeleta. No hubo margen de tiempo, la ley del gobierno se aprobó el 27 de abril, en medio de un paro general, y el 1 de mayo el PIT-CNT anuncia que va a ir a plebiscito. Si hubiésemos coincidido en el tiempo o tenido la oportunidad, tal vez habríamos participado del debate, llegado a un consenso en la papeleta, vaya a saber», sostuvo.
Otras miradas
Un ejemplo emblemático de diálogo social consolidado institucionalmente es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), único organismo mundial de estructura constitucionalmente tripartita desde su fundación. La OIT «congrega a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para que diseñen conjuntamente normas de trabajo, políticas y programas» a través de la promoción de «consensos y la participación democrática de los actores clave del mundo del trabajo», como lo define el propio sitio web de la agencia de las Naciones Unidas.
En esta línea, Marcos Supervielle, magíster en Sociología y profesor de la Universidad de la República (Udelar), que se ha dedicado a estudiar el fenómeno en Uruguay, señala que el caso de la OIT «es el gran orientador de ese concepto, que además suele estar orientado a un tema central, que es el trabajo». En diálogo con Brecha, subrayó que en el caso de la seguridad social hay una «gran necesidad de transparentar estas cuestiones, de ampliar las miradas, y que no sea solamente la económica la que prime».
Según entiende, el verdadero ejercicio del diálogo necesita de una «muy fuerte transparencia y credibilidad de quienes lo impulsan», así como de una «verdadera disposición a escuchar» de las partes involucradas. «Si no lo tocás desde muchos ángulos, con todos los actores de la sociedad civil, es muy difícil llegar a algo que tenga viabilidad, aunque el consenso nunca va a ser absoluto», analizó.
Consultado sobre cuál es la mejor forma de llegar a estos consensos, Supervielle evaluó que, para que «la cuestión no se vuelva meramente formalista, la conversación tiene que ser sustantiva, y debe estar la disposición a cambiar de opinión». Aun así, remarcó que, al final de cuentas, quien presida la instancia –el gobierno que la convoque, en este caso– tendrá que «bajar línea y decir: “Bueno, se terminó. Acordemos”».
En este caso, analizó que «la propaganda se está intentando polarizar en términos de “plebiscito sí” o “plebiscito no”, cuando lo que tendría que plantearse es si se quiere una nueva ley de seguridad social o no». «Me parece que ese es el corazón del tema: si la legislación actual es aceptable o no. Y si no lo es, entonces, qué mecanismos hay para cambiarla», resumió.
Saludo a la bandera
Desde una mirada más bien escéptica, el investigador del Instituto de Ciencia Política de la Udelar Guillermo Fuentes entiende que el diálogo social presenta problemas no por su potencialidad, sino porque se lo suele utilizar «más como un fin en sí mismo y no como una herramienta para llegar a algo».
Meses atrás, en una columna de opinión para este semanario, Fuentes planteaba, sobre el diálogo social que se propone de cara a una eventual segunda reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, que «cuando se convoca un diálogo social, en cierto sentido se está partiendo del supuesto de que es posible arribar a soluciones compartidas o consensuadas, y que, además, hay una suerte de paridad en la capacidad de cada actor en influir en las decisiones. Este es, de manera resumida, el planteo del pluralismo liberal». Fuentes argumentaba que «lo que termina ocurriendo al convocar en un mismo espacio a actores con recursos de poder tan dispares en términos de tiempo, acceso a información, capacidad de organización, etcétera, es que se consolida un escenario de bloqueo a cualquier intento de cambio sustantivo». Consultado a raíz de esta nota, Fuentes reconoció que su mirada sobre el uso de la herramienta para reformar la seguridad social «es muy similar» (véase «¿Hacia una nueva reforma del sistema de salud?», Brecha, 16-II-24).
«El problema es que, en la medida en que vos tenés una heterogeneidad de actores, lo que termina pasando es que se llega a acuerdos en cosas muy lavadas, que termina siendo solo un saludo a la bandera, y que sigue sosteniendo el statu quo en tanto quedan mejor parados los actores que tienen más peso», analizó en diálogo con Brecha. En ese sentido, consideró que una política eficaz frente a un tema de esta magnitud supone necesariamente «hacer una propuesta» que contenga los elementos que como gobierno se quieran priorizar y, a partir de ello, «conseguir socios, construir coaliciones» con aquellos actores que se verán alcanzados por los cambios propuestos.
«Yo estoy convencido de que, si el FA hubiera tenido una alternativa concreta a la reforma del gobierno, el PIT-CNT no se habría movido para juntar firmas», arriesgó, y consideró que el que no lo haya hecho «es un indicador de las dificultades que ha tenido y aún tiene el FA de construir propuestas programáticas transformadoras, como lo fue la agenda reformista de 2004». Fuentes sumó al análisis que, en aras de la expectativa de triunfar en octubre, a la izquierda «le cuesta proponer cosas que no se reduzcan a retomar políticas de sus períodos anteriores». En paralelo a esto, observó una «separación en estrategias de acción entre el PIT-CNT y el FA», en la que «la verdadera oposición del gobierno durante casi todo el período ha sido el movimiento sindical y no la izquierda». A modo de ejemplo, recordó que fue desde la convención de trabajadores que se impulsó, por ejemplo, la recolección de firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración, iniciativa a la que, por cansancio, se sumó el FA luego de un también intenso debate interno sobre si promover la derogación de todo el articulado o solo lo no votado por la oposición parlamentaria.
