En una sociedad que cada vez más resuelve sus conflictos de forma violenta, es buena cosa que el Estado, a la hora de habilitar a los ciudadanos a portar armas legalmente, compruebe que están preparados psicológicamente para una tenencia responsable. Sin embargo, ¿hasta dónde llega la efectividad de ese mecanismo preventivo? Un caso de Salto da cuenta de que la presentación del certificado de aptitud psíquica puede volverse un paso burocrático más sin que los jerarcas policiales de turno presten demasiada atención, que deja incluso un presunto beneficio económico irregular a los funcionarios encargados del trámite.
En noviembre de 2023, la Organización de la Prensa del Interior entregó al periodista Pedro Rodríguez el premio a mejor artículo periodístico del año. El motivo: la publicac...
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