Las irregularidades en el gobierno y la delicadeza mediática

Doble rasero

Para enfrentar la explosión de denuncias, cuestionamientos, acusaciones de negociados y ocultamientos que el gobierno no logra contener desde su irrupción hace algunas semanas, no alcanza ahora con el mágico paraguas de una estrategia comunicacional y de marketing heredada por Luis Lacalle, junto con la correspondiente agencia de publicidad, que le legara el expresidente Mauricio Macri.

Por el contrario, la abrupta caída en la popularidad del gobierno coincide con un sustancial reflujo de la pandemia. Ello sugiere que, una vez pasada la aprensión por la crisis y las restricciones en la movilidad, el gobierno perdió ese margen de benevolencia que se extendió para no complicar la gestión. Algunas cuestiones no escaparon al pedido de explicaciones, pero, visto en perspectiva, el gobierno se benefició de esa «delicadeza» política, porque de otra forma el debate sobre los ajustes y las opacas decisiones (sobre las negociaciones con los laboratorios por las vacunas, por ejemplo, o la designación de jerarquías policiales cuya corrupción fue denunciada por los propios subordinados) habrían agitado las aguas mucho antes.

Quizás el reflujo de la crisis sanitaria fue una simple coincidencia y los enfrentamientos internos en las cúpulas de ministerios e intendencias, como la ola de paros que manifiestan el no va más de los trabajadores, surgen simplemente porque el vaso se desbordó. Hay algo de las dos cosas que confluyen en una nueva realidad: ya no alcanza con una actitud canchera para esquivar responsabilidades.

Sin embargo, el cúmulo de atrocidades que generó este año y medio de gestión gubernamental tiene aún un margen de manipulación: una cierta prensa sumisa que ha aprendido a sustituir el simple ocultamiento por una manera sibilina pero formalmente justificada de comunicar las situaciones urticantes. La compra de un colchón con una tarjeta de crédito corporativa detonó una campaña política y mediática que culminó en la presión para la renuncia de un vicepresidente. La referencia a ese episodio continuará siendo utilizada, así pasen los años, para recordar la «corrupción de antes». En cambio, el intento de la primera dama de apropiarse de los derechos de autor de una iniciativa surgida, elaborada y financiada en Presidencia, pese a su gravedad, quedó en el olvido no bien la primera dama comunicó que desistía del trámite para que Sembrando Emprendedores quedara a su nombre y permaneciera en exclusividad por diez años. Dijo, simplemente, que había resuelto dar marcha atrás en el registro de propiedad intelectual, y eso bastó para que aquella prensa consignara la lacónica explicación y se olvidara del asunto, sin ahondar en la gravedad del episodio que habría seguido su curso si no hubiera sido por la denuncia publicada en Búsqueda.

Esa displicencia periodística de ciertos medios de comunicación suele activarse cuando está en juego la figura del presidente. No se advirtió un especial interés por establecer cómo se ejerció la presión sobre el responsable de los informativos de Canal 10, que fue obligado a renunciar porque en Presidencia no gustaba el sesgo informativo. Tampoco se abundó en las razones por las que el presidente fue benévolo con las contradicciones, omisiones y falsedades del titular de la Administración de Servicios de Salud del Estado, o la decisión de mantener en el cargo al presidente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto después de que se conociera su inaceptable defensa de los intereses de Aratirí en un pleito contra el Estado, o la tolerancia extrema con la actuación del ministro de Turismo, a medida que se acumulaban las denuncias sobre su gestión… y sus «gestiones».

Esa prensa obsecuente se apoya en dos recursos muy trillados: uno, la exoneración presidencial de cualquier supuesta culpa por la vía de «yo lo conozco, es buena persona», o «me explicó cómo son las cosas», y ello alcanza para desviar la atención hacia otros asuntos, y, dos, la aceptación del recurso de justificar lo que pasa hoy hablando de lo que pasó antes.

Una evidencia sobre el grado de sensibilidad gubernamental respecto de los intereses nacionales es la actitud asumida tras la recolección de 800 mil firmas de ciudadanos para habilitar el referendo derogatorio de parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Esa aplastante demostración cívica no alteró la postura oficial: los artículos de la LUC que muy probablemente dentro de unos meses puedan ser derogados no han quedado en suspenso: se aplican con vigor, cuando es posible, de modo que se admite (y se hace terrorismo con) que la derogación podrá eventualmente disparar múltiples juicios contra el Estado.

De manera contradictoria, la intención de evitar un supuesto juicio fue lo que impulsó al gobierno a firmar un convenio con la transnacional belga Katoen Natie, que instala un ilegal monopolio privado en el puerto en una inconstitucional concesión. El implacable desmenuzamiento de este vergonzoso negociado por parte de los senadores del Frente Amplio durante la interpelación del miércoles 18 prácticamente no fue reproducido por la prensa obsecuente, pero sí fue amplificado el enojo sobreactuado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las acusaciones de impericia e ilegalidad, que permitieron hablar de entrega de la soberanía a caballo de una flagrante omisión de consultas y peritajes jurídicos y económicos que facilitó una negociación secreta hasta que la firma asegurara que no habría marcha atrás.

Mientras que a lo largo del país las movilizaciones y las pintadas denunciaban el desmantelamiento del Estado y una política de ajuste que se ceba en los salarios públicos, la discusión en el Senado revelaba dos flagrantes contradicciones del discurso y la filosofía del gobierno. Una: la libre y justa competencia es una bendición para las relaciones productivas y comerciales, salvo en el caso del puerto, donde la competencia entre dos o más empresas atenta contra el desarrollo de la actividad portuaria y, por tanto, contra los intereses nacionales. Y por eso se eliminó a uno de los competidores. Dos: el sistema de monopolio es contrario al progreso, fomenta la corrupción y es oneroso. Es particularmente fatídico en el área estatal, en ANCAP, ANTEL y UTE, por lo que, mediante la LUC y el presupuesto, el gobierno se impone el objetivo de desmantelarlo. En el puerto, en cambio, por razones que no se han fundamentado, el monopolio privado es la panacea de todos los males.

La discusión sobre el acuerdo con la transnacional belga confirma en un grado superlativo lo que se preanunciaba con ANCAP y ANTEL: somos una república bananera liberal.

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