Desde la asunción de Michelle Bachelet, en 2006, todos los presidentes chilenos cruzaron la cordillera hacia Buenos Aires como primer viaje oficial fuera del país. El lunes 6 fue el turno de José Antonio Kast, que en una visita relámpago se reunió con su amigo y correligionario Milei.
A Kast le preocupa sobremanera la extradición de Galvarino Apablaza, un exdirigente guerrillero acusado de la muerte, en abril de 1991, de Jaime Guzmán, redactor de la Constitución de la dictadura de Pinochet, y del secuestro del heredero del diario derechista El Mercurio Cristián Edwards, en el mismo año. Guzmán fue el padre político de Kast y quien lo introdujo en la Unión Demócrata Independiente, la formación en la que el hoy presidente militó durante 20 años hasta que la abandonó, por «moderada», para fundar el Partido Republicano. El caso del exguerrillero es, para Kast, hasta personal, y el tema de su extradición estuvo en buen lugar de la agenda con Milei y también de la de los dos cancilleres, el argentino Pablo Quirno y el chileno Francisco Pérez Mackenna.
Desde 2010, Apablaza goza del estatuto de refugiado en Buenos Aires, donde se casó y tiene tres hijos argentinos. Cuando se le concedió, en épocas del kirchnerismo, pesó que la acusación en su contra provenía de una confesión bajo tortura obtenida por la policía de la dictadura cuando el exmilitante estuvo preso, entre 1974 y 1975, según recordó el exembajador argentino en Chile y excanciller Rafael Bielsa en una nota publicada esta semana por el diario Perfil de Buenos Aires. La presencia clandestina de Apablaza en Argentina había sido denunciada a Interpol por el exagente de inteligencia argentino que operaba en Automotores Orletti Miguel Ángel Furci. Reciclado en democracia, Furci se dedicó a rastrear a los sobrevivientes del Plan Cóndor, entre ellos a Galvarino Apablaza.
El gobierno de Milei tiene de qué agarrarse para satisfacer el pedido de Kast: la jueza María Servini concedió la extradición de Apablaza desconociendo todo lo decidido anteriormente por otros organismos del Estado. La semana pasada la policía fue a detener al chileno a su casa del Gran Buenos Aires. Como no lo encontró, el Ministerio de Seguridad Nacional consideró que se había fugado y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por su captura. El lunes 6, mientras Milei y Kast estaban reunidos, el abogado del exmilitante, Rodolfo Yanzón, se presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU reclamando que intervenga para evitar una extradición que «vulneraría toda la legislación internacional a la que ha adherido el Estado argentino».
Pero la fugaz visita de Kast a Buenos Aires tuvo otro eje: el minero. «El crecimiento de la actividad minera en Argentina es acelerado y nosotros podemos asesorarlos para facilitar la integración», se ofreció solícito el ultra chileno en la Casa Rosada. Varias multinacionales operan ya a ambos lados de la cordillera, incluso colaborando entre sí, como la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, que comparten yacimientos de cobre a través del Proyecto Vicuña, con un pie en San Juan, Argentina, y otro en Atacama, Chile. El triángulo del litio también convoca a otras corporaciones: la china Ganfeng Lithium y la estadounidense Albemarle están presentes tanto en Jujuy y Salta como en Atacama. Y la australiano-británica Río Tinto y la sudafricana Anglo American explotan oro y cobre en los dos países. Milei les ha puesto una alfombra roja a las mineras desde que llegó al gobierno, en 2024. Y ahora está desmantelando protecciones ambientales que les planteaban obstáculos: la ley de glaciares, por ejemplo, fue «flexibilizada» esta semana por el Congreso con el apoyo de los gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, muy «sensibles» a las presiones de las transnacionales. «Se trata de eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impiden el progreso», dijo Milei al anunciar su iniciativa. Lo mismo dijo Kast cuando, apenas llegó al poder, hace un mes, eliminó decenas de normas ambientales, entre ellas unas que establecían áreas protegidas en la región de Atacama, epicentro mundial de la minería de cobre y litio.
