El 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, acusó sin pruebas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el jefe de tres estructuras criminales disímiles, rivales entre sí y, en algunos casos, enfrentadas con el propio Estado venezolano: el Tren de Aragua y los cárteles de Sinaloa y de los Soles, y anunció que la Casa Blanca elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.
Al día siguiente, The New York Times reveló que Donald Trump instruyó en secreto al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra los ocho cárteles de la droga de México, Venezuela, Haití y El Salvador que su gobierno clasificó, en febrero, como «organizaciones terroristas», y apuntó que la orden ejecutiva ofrecía la base oficial para desplega...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
