«Bitcoin le dio a nuestra generación su propia moneda. Nosotros estamos usando inteligencia artificial [IA] para crear nuestro propio país.» La frase está en la portada de la web de Praxis, que se presenta como la primera nación digital del mundo y que usa IA para entender a sus miembros y coordinar objetivos comunes, guiada por una constitución y con supervisión humana. El 22 de setiembre, la organización anunció que Uruguay será la sede de su primer desarrollo a escala de ciudad, en Colonia, con la intención de movilizar 1.000 millones de dólares en tres años y recibir a los primeros residentes a mediados de 2027 (véase en esta edición nota de Luciano Costabel). La respuesta del gobierno uruguayo llegó rápido. El presidente Yamandú Orsi se reunió con Brown en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, y explicó que, además de Montevideo y Punta del Este, el tercer polo de atracción de inversiones «va a tener que ser Colonia». Orsi propuso consolidar al país como un hub regional confiable para desarrollar y escalar soluciones de IA. Y, al ser consultado sobre cómo regular la IA protegiendo derechos, sostuvo que «no hay que caer en la dicotomía de captar inversión o regular». Se pueden hacer las dos cosas a la vez, agregó.
En el mismo viaje, en un diálogo presidencial sobre IA organizado en Nueva York por el Banco Interamericano de Desarrollo, Orsi fijó un estándar con el que después deberíamos medirlo: «Si una inversión deja únicamente servidores, habrá dejado un depósito de hardware. Si, además, deja investigadores, emprendedores y trabajadores capacitados, habrá construido capacidad». Es una vara exigente y deberíamos también aplicarla a Praxis con la misma exigencia con la que la enunció. No creo que la salida sea espantar inversiones, pero, ya que la vara la puso el propio Orsi, me pregunto: ¿qué deja Praxis, además de servidores, y cuánto deja de cobrar el Estado? ¿Y qué ocurre con otros proyectos que intentan desembarcar en el país? ¿Qué está haciendo el Estado al respecto?
LO QUE VIENEN A BUSCAR
Un país chico, con un mercado interno que difícilmente explique por sí solo una inversión de 1.000 millones de dólares, atrae por motivos menos visibles que el tamaño de su economía. La propia Praxis habla de estabilidad política y económica y de instituciones democráticas. A eso habría que sumarle energía, conectividad, territorio y seguridad jurídica. Una hipótesis es que Uruguay interesa menos como mercado que como base para construir y operar infraestructura hacia una región más grande.
Tomemos con cuidado la palabra hub, que puede significar muchas cosas: centros de datos, empresas de aplicaciones, investigación universitaria, formación de especialistas, modelos locales u oficinas que usan al país como base. Todo eso tiene valor, pero no deja la misma capacidad instalada. Un país puede alojar servidores sin tener nada que decir sobre la arquitectura que los hace funcionar, o usar modelos avanzados sin poder entrenarlos ni auditarlos.
La discusión sobre IA suele arrancar por el modelo, pero eso es apenas una capa. Por debajo hay centros de datos, procesadores, redes, cables submarinos, electricidad y refrigeración; por encima, contratos y legislación. La IA parece algo etéreo, pero necesita territorio de una manera brutal, y Uruguay ya tiene un ejemplo: una investigación sobre el centro de datos de Antel en Pando, en funcionamiento desde 2016, midió que la temperatura del predio subió 2,1 grados respecto a sus alrededores. La mayor parte se explica por el cambio de uso del suelo, pero un 17 por ciento, 0,32 grados, corresponde a la operación de los servidores. A 11 quilómetros, en Ciudad de la Costa, Google está terminando de construir el Proyecto Teros, un centro de escala gigante con una potencia media de 64 megavatios, cinco veces la capacidad máxima de Antel. Sirve para ver dónde empiezan a aparecer los límites, bien terrenales por cierto: electricidad, suelo y agua. El presidente de Antel dijo a La Diaria, sobre el estudio de Pando, que la temperatura sube porque «[el proyecto] sacó verde», no por los servidores.
Y esto no se detiene. El 14 de octubre, el gobierno firmó con la española Solaria un acuerdo para un parque de centros de datos de 500 megavatios, distribuido entre Florida, Canelones y San José, en régimen de zona franca, con una inversión estimada de 5.700 millones de dólares. El acuerdo es confidencial.
ARRIBA Y ABAJO
El 24 de setiembre, Donald Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca, con la IA y los controles tecnológicos como asuntos centrales. Días antes, Huawei había presentado Peerium, una arquitectura que promete unir hasta 1 millón de procesadores en una sola computadora. La competencia ya no pasa solo por fabricar un chip comparable al de Nvidia (principal fabricante mundial de chips para IA), sino también por la arquitectura y el ecosistema que permiten convertir miles de procesadores en cómputo a gran escala.
En las últimas semanas, Washington dejó ver otra forma de gobernar la IA. El 29 de setiembre, los jefes de varias de las mayores empresas de IA firmaron en la Casa Blanca un compromiso voluntario que Trump definió como «moralmente vinculante». El 4 de octubre anunció la Super Intelligence Force, un organismo encabezado por el director de Inteligencia Nacional y el presidente de la Federal Trade Commission, entre otros, para «coordinar» la relación del gobierno federal con esas empresas, consumidores y otros actores. Coordinar no es regular, y en el anuncio no aparecen reglas ni sanciones.
Uruguay no puede controlar por sí solo las capas más críticas de esa cadena, y la pregunta que queda es cuánto margen consigue conservar dentro de la parte que sí puede encarar.
EL ESTADO YA ESTÁ ADENTRO
La IA ya entró al Estado uruguayo: a través de pedidos de acceso a la información pública, Amenaza Roboto solicitó a 24 organismos un inventario de sus proyectos de IA. Nueve entregaron listas o remitieron a ellas, cuatro se negaron. El Banco de Previsión Social (BPS) reconoció usar modelos predictivos para elegir contribuyentes a fiscalizar, pero reservó fechas y alcance por ciberseguridad. El Ministerio del Interior dejó vencer el plazo legal sin responder, aunque en sus propias publicaciones describe reconocimiento facial, lectura de matrículas, detección acústica de disparos y un proyecto para clasificar llamadas al 911. El Observatorio de Inteligencia Artificial de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) no se actualiza desde abril de 2025.
Una segunda investigación fue a lo cotidiano: qué hacen los funcionarios con ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot. De los 24 organismos consultados, apenas cuatro declararon tener una política formal sobre su uso. Nueve tienen constancia de que sus funcionarios los usan y otros seis lo presumen. Agesic, que coordina la estrategia nacional de IA, ni siquiera había relevado el uso de estas herramientas entre sus funcionarios. Cuando los organismos ofrecen una alternativa institucional, en cinco de siete casos se trata de Microsoft o Google, proveedores ya presentes en los paquetes de ofimática contratados. Solo el Banco Central del Uruguay declaró utilizar modelos en infraestructura propia; Antel invocó una reserva y no informó.
Una denuncia, una historia clínica o un expediente pueden quedar a merced de un servicio de IA generativa que procese los datos fuera del país, con condiciones que varían según
la cuenta. Muchas veces la dependencia no llega por una gran decisión estratégica, sino por una licencia que ya estaba comprada.
También la dependencia puede aparecer por convenio. El Laboratorio de IA para el Bien, impulsado por Microsoft y el gobierno –junto con Antel, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Agesic y el Ministerio de Industria, Energía y Minería–, avanzó en seis meses con ocho proyectos, tres ya terminados, para la Dirección General de Registros, Ceibal, UTE, el Tribunal de Cuentas y el Hospital de Clínicas, capacitó a 120 personas y otorgó 200 mil dólares en créditos de nube. La presidenta del LATU, Lucila Arboleya, sostiene que los acuerdos de confidencialidad con Microsoft dejan los datos bajo control del Estado. Sin embargo, una cláusula de confidencialidad no define dónde se procesan: ¿en qué región y con qué servicios?, ¿también en el caso de las historias clínicas de pacientes en diálisis? Tampoco dice de quién son los prototipos ni qué pasa cuando los créditos se acaben. Y Antel, que construye un centro propio para que los datos sensibles no salgan del país, integra el tercer grupo del laboratorio, que arranca en noviembre. ¿Cómo se concilia una cosa con la otra?
LA CAPACIDAD DE SALIDA
Creo que podemos medir la soberanía tecnológica con preguntas concretas. Quién es dueño del hardware, quién administra la infraestructura, qué ley aplica al proveedor, si puede cambiar las condiciones del servicio y, sobre todo, si el Estado puede llevarse sus datos y sus procesos a otro lado cuando haga falta.
Antel parece ensayar una respuesta concreta a estas preguntas. Construye un nuevo centro de datos en Las Piedras, operativo en 2029, para «correr» modelos abiertos y evitar que datos de salud, infancia, gobierno e información estratégica salgan del país. Su presidente, Alejandro Paz, entrevistado por La Diaria, prometió, además, que tendrá techos verdes, aunque no dijo si se corregirá lo de Pando. Resumió el alcance así: «La soberanía tecnológica absoluta para Uruguay es imposible […], pero sí queremos hacer que, en las cosas de nicho en las que podemos destacarnos, tengamos las herramientas para que se pueda trabajar acá». Falta saber cuáles son esas capacidades, con qué presupuesto, quién controla que se cumplan y si alcanzan para ganar independencia real o quedan en una promesa o mera intención.
Un centro de datos puede depender de chips fabricados en Asia, software de Estados Unidos y servicios administrados desde otro continente
sin que eso sea un problema en sí mismo, siempre que se conozca la dependencia y haya margen para modificarla. Un país conserva capacidad cuando puede cambiar de proveedor sin quedar paralizado, auditar sus sistemas y mover sus datos: esa capacidad de salida es una forma bastante concreta de soberanía.
El BPS ya lo padeció: a fines de 2003 renovó con IBM y sin licitación, pese a las observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas, porque el traspaso a otra empresa «implicaría la caída del sistema». En 2023, por resolución de directorio 38-6/2023, amplió por unos 2.180 millones de pesos los contratos con IBM y Bull (hoy Atos), con etapas de «tutoría y transferencia de aplicaciones», y en setiembre autorizó otra compra directa a Atos por no poder sustituirla.
LO QUE SE CONSTRUYE
El 7 de setiembre se inauguró el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Uruguay. Su director ejecutivo, Diego Garagorry, lo definió como un «Institut Pasteur de la inteligencia artificial», pensado para conectar academia, Estado y sector productivo, y desarrollar modelos de lenguaje especializados en salud, agro y educación, sin competir por escala con los grandes modelos.
El valor está menos en el modelo más grande que en contar con datos adecuados y conocimiento del contexto para adaptar la tecnología a la realidad concreta. Pero un centro de investigación no alcanza si el resto del Estado no sabe qué IA usa, no tiene especialistas que entiendan el sistema y depende de la explicación de quien se lo vende, si no puede auditar porque depende de la auditoría del proveedor, si el organismo no puede reemplazarlo.
Investigadores argentinos vinculados a la Fundación Vía Libre, en un informe encargado por la Unesco para la educación, propusieron pensar la soberanía de la IA en cinco dimensiones: epistémica y pedagógica, lingüística y cultural, de datos, de infraestructura y fiscal, y jurisdiccional y tecnológica. Su argumento: la soberanía se construye con conocimiento de base y capacidades locales, no con el mero acceso a herramientas comerciales de IA. Aplicado a Uruguay, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Uruguay aporta en la dimensión epistémica; las otras cuatro dependen de decisiones que todavía no están tomadas.
LA INVITACIÓN
En enero del pasado año escribí en estas páginas sobre lo que el filósofo Miguel Benasayag llama colonización algorítmica: la dependencia de plataformas diseñadas afuera que terminan modelando decisiones, economías e identidades locales. En ese momento pensaba, sobre todo, en buscadores, redes sociales y servicios en la nube. No imaginaba que la invitación podía llegar en forma de desarrollo inmobiliario, de la mano de una comunidad que promete gobernarse con IA y ofrece, sin vueltas, la economía de la IA a los gobiernos. Según Marta Peirano, escritora e investigadora especializada en tecnología de El País de España, a propósito del libro The Nerd Reich, de Gil Durán, el movimiento de tecnócratas de Silicon Valley que iba a abandonar la democracia ahora quiere reemplazarla para gobernar. Una hipótesis es que Praxis sea parte de ese giro: primero irse a construir algo aparte, después ofrecerlo a los Estados.
Praxis, los centros de datos, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Uruguay y los asistentes que ya usan los funcionarios públicos son parte de la misma historia: cada uno trae, usa o construye piezas de una infraestructura de la que el país va a depender cada vez más. Uruguay no va a fabricar sus chips ni entrenar modelos de frontera (los sistemas más avanzados, como ChatGPT, de OpenAI; Gemini, de Google, o Claude, de Anthropic, cuyo entrenamiento cuesta miles de millones de dólares), y no tiene por qué hacerlo.
Lo que Uruguay sí debería tener claro es qué capacidades no puede delegar, qué dependencias puede diversificar y en qué términos recibe a quienes llegan ofreciendo el futuro. La pregunta de fondo es cuánto margen quiere conservar Uruguay para decidir de qué IA va a depender.
