A partir de ayer jueves, los chilenos que se detuvieron a llenar los estanques de sus vehículos se enfrentaron a una nueva realidad: el precio de las gasolinas aumentó de un solo tirón entre 370 (0,4 dólares) y 580 pesos (0,6 dólares) por litro. El lunes 23, el gobierno modificó vía decreto el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), una política pública vigente desde 2014 que atenúa las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y evita traspasar directamente los costos a los consumidores. Para paliar los aumentos de la gasolina, Kast anunció en paralelo algunas medidas de mitigación, como subsidios a taxis y colectivos y congelamiento de tarifas en el transporte público en Santiago.
El cambio en el Mepco se inscribe en un conjunto de medidas adoptadas por Kast en sus dos primeras semanas en ejercicio. La Moneda sacudió el mapa político con una ráfaga de anuncios, varios de los cuales figuran en el llamado Plan de Reconstrucción Nacional, un documento cuyo nombre evoca al mismo concepto utilizado por la dictadura militar tras el golpe de 1973.
«Lo de gobierno de emergencia no se sustenta en los datos», asegura el doctor en Economía Roberto Gormaz, para quien Kast interpreta de forma «poco honesta» los datos de los recursos disponibles en Hacienda. En función de justificar el alza de los combustibles, el gobierno publicó unas gráficas en sus redes oficiales en las que aseguró que Chile estaba «en quiebra» y que recibió la caja del Estado «completamente vacía». Sin embargo, el propio ministro de Hacienda de Kast, Jorge Quiroz, lo negó, tras lo cual el Ejecutivo echó pie atrás y borró la publicación sin dar explicaciones.
«Desde 2008, Chile comenzó a incrementar su deuda pública. Desde 2013 tenemos más deuda que ahorro, y desde 2014-2015 tenemos déficit fiscal. Si bien Boric dejó de lado el crecimiento, no es cierto que la caja fiscal tenía 40 millones de dólares como dijo Kast, quien tomó datos de diciembre de 2025. En realidad, a marzo de 2026, recibió la caja fiscal con 1.400 millones de dólares», asegura Gormaz.
Diagnóstico similar maneja el director del centro de estudios independiente Espacio Público, Benjamín García, para quien la retórica de gobierno de emergencia es «una narrativa útil, pero que no se condice con la realidad del país. Chile tiene desafíos, pero no está al borde de la crisis. Hay mayores gastos que ingresos, pues responden a las medidas que se han tomado en el pasado, pero es una tendencia que se arrastra por 16 años». Gormaz complementa que «Chile tiene un 30 por ciento menos de deuda pública promedio que los países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos]».
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El ministro Quiroz atribuyó la modificación del Mepco no solo a la presunta crisis interna, sino también al aumento del precio internacional del petróleo, como consecuencia de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra Irán. En varias entrevistas con medios chilenos, Quiroz asumió que su misión era sanear las arcas fiscales, a riesgo de ser antipático y de promover medidas impopulares y dolorosas. Conocida la noticia, la encuesta Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo –publicada el miércoles 25– reveló que la tasa de desaprobación al gobierno de Kast creció 30 puntos porcentuales desde el último sondeo del 13 de marzo (de 18 al 48 por ciento). La aprobación, en tanto, bajó del 59 al 42.
«Esto va a tener un efecto importante en el bolsillo de la clase media. Y en la clase trabajadora. Porque no solo afectará a quienes tienen auto, sino que subirá el costo de la vida en general: el transporte público y el precio de los alimentos. Es una apuesta arriesgada del gobierno», advierte Benjamín García. El martes 24, la Cámara de Diputados votó a favor de un oficio al presidente Kast para intentar revertir la modificación del Mepco.
En tanto, el economista Roberto Gormaz percibe que el monto que el Estado ahorrará por concepto de la modificación del Mepco asoma como la contracara de otro anuncio, uno de los caballitos de batalla de la campaña presidencial de Kast, ratificado ahora por el gobierno: la rebaja del impuesto corporativo (a las grandes empresas) del 27 al 23 por ciento. Este mecanismo tributario es una de las principales fuentes de recaudación del Estado chileno.
«Si se juntan ambas medidas, lo que el gobierno quiere es que la clase media pague el ajuste, porque al mismo tiempo piensa bajar el impuesto corporativo. Dice que, con ello, va a existir más inversión, y eso no es así, porque el mercado no da», comenta Gormaz, para quien el anuncio de Kast esconde una trampa.
«El argumento oficialista es que el 23 por ciento del impuesto corporativo es el promedio OCDE. Eso es cierto, pero lo que no dice es que hay tres sistemas tributarios: integrado, semiintegrado y desagregado. Nosotros tenemos el semiagregado, pero Kast quiere pasar a un sistema integrado. Y el promedio OCDE del sistema integrado es de 29,5 por ciento, porque el dueño de la empresa tiene un solo pago de impuesto como único ser tributario. Obvio que el impuesto es más alto porque pagan una sola vez. Pero el gobierno pide bajarlo. Si es así, estaremos 6,5 puntos por debajo de lo recomendado», añadió el economista.
MOTOSIERRA AMBIENTAL
La batería de anuncios de Kast encendió las alarmas en el movimiento social chileno, por lo que interpretan como un retroceso en derechos adquiridos. Entre las acciones se cuentan el recorte presupuestario del 3 por ciento por cada ministerio; la evaluación de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años; la revisión de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, aprobada en el gobierno de Boric; el rechazo a la declaración de protección de derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+ ante la Organización de los Estados Americanos, y, finalmente, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.
Sin embargo, una de las primeras decisiones de Kast, en concordancia con su obsesión por destrabar proyectos de inversión, fue el retiro de 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente solo pendientes de la toma de razón de Contraloría para entrar en vigor. Entre ellas se contaban decretos tan diversos como la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, la creación de varios parques nacionales, el plan de descontaminación de ciudades como Puerto Aysén y de cuerpos de agua como el lago Villarrica, la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo, entre otros. En fin, decretos que llevaban años en la espera de la firma de Contraloría y otros que fueron ingresados en el tramo final del gobierno de Boric.
El gobierno defendió que el retiro de los decretos obedece a una facultad del Estado, cuyo objetivo es evaluar cada uno de ellos en su mérito. Hasta ahora, el único decreto reincorporado ha sido el plan de recuperación y conservación de las ranitas de Darwin. Sin embargo, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, cuya finalidad es propugnar la justicia ambiental en Chile, considera que la decisión del Ejecutivo «demuestra falta de racionalidad y erosiona la protección ambiental cuando debiera ser parte de las obligaciones del Estado, sobre todo porque muchos decretos han sido por décadas trabajados por comunidades, organizaciones, científicos y la academia».
