En Colombia, dos elecciones de distinto signo, aunque simultáneas, tuvieron lugar el pasado domingo 13 de marzo. Por un lado, la elección de la Cámara de Representantes y el Senado, en un complejo sistema electoral que –por la pionera Constitución de 1991 y tras los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016– reconoce diferentes circunscripciones: las nacionales y las territoriales (equivalentes a las federales y las provinciales o estaduales en otros países), pero también algunas «especiales»: para pueblos indígenas, para las y los afrocolombianos, para la comunidad raizal, para los colombianos y las colombianas en el exterior, para las víctimas del conflicto y para el partido Comunes (antiguo partido FARC), tras la desmovilización de la guerrilla homónima. En total: 108 senadores y 188 miembros de la Cámara de Representantes fueron elegidos el domingo.
Además, en un mecanismo reciente y cada vez más consolidado en el país, tuvieron lugar las consultas partidarias (internas) de las principales coaliciones electorales que concurrirán a la elección presidencial del 29 de mayo: por la izquierda y el progresismo, el Pacto Histórico, por el centro, la Coalición Centro Esperanza y por la derecha, la Coalición Equipo por Colombia.
LA IZQUIERDA: VICTORIA HISTÓRICA, PERO INSUFICIENTE
El exguerrillero y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro se impuso al frente de la consulta del Pacto Histórico sin sobresaltos, con un contundente 80,51 por ciento previsto en todas las encuestas. Sin embargo, notable fue también el desempeño de Francia Márquez, lideresa afrocolombiana y defensora medioambiental del Cauca, una de las zonas álgidas del conflicto armado interno: sin aparatos partidarios, con 14 por ciento de las preferencias y casi 800 mil votos, aventajó incluso a figuras de la política tradicional, como el ganador de la coalición de centro y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo.
El debate ahora es si Petro consentirá que sea Márquez quien lo acompañe en la fórmula de las presidenciales, al tratarse de dos figuras que han resultado netamente complementarias en los debates públicos y que podrían ser capaces de conciliar la difícil representatividad de un país que es como un mosaico roto, entre el activismo y la ciudadanía llana, entre las grandes urbes y las zonas rurales, entre las regiones centrales y las zonas más postergadas y golpeadas por la violencia, o si Petro buscará, en cambio, recostarse en un acuerdo con sectores liberales que puedan ampliar su margen de acción parlamentario, lo que parece deducirse de sus primeras declaraciones luego de estos comicios, en torno a la necesidad de configurar «una coalición de mayorías progresistas».
Sin embargo, el escenario no resulta tan promisorio como se esperaba a nivel parlamentario, más aún considerando la cercanía de las presidenciales: el Pacto Histórico logró tan solo 16 de los 22 curules previstos en el Senado, pese a haber contado con una primera línea de candidatos y candidatas de peso. Particularmente sensible fue el corrimiento de sectores progresistas, como el movimiento Fuerza Ciudadana y la organización feminista Estamos Listas: sus 600 mil votos reunidos podrían haber asegurado tres asientos extras en el Senado. Las corrientes feministas apoyaron a Márquez en la consulta interpartidista, pero se presentaron en soledad en las legislativas, precisamente en un momento en que el Congreso deberá reglamentar la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, recientemente aprobada (véase «Cinco veces sí», Brecha, 25-II-22).
De todos modos, en términos históricos, la izquierda celebra la mejor de las elecciones de toda la historia nacional, aunque se trata de una historia truncada por la violencia y las políticas de exterminio contra la oposición, como el asesinato de tres candidatos presidenciales y 5.430 militantes de la Unión Patriótica en la década del 80. En 2002 el candidato Luis Eduardo Garzón supo cosechar poco más de 600 mil voluntades en elecciones primarias: 20 años después, el Pacto Histórico, consolidado ahora como la primera fuerza nacional, supera los 5 millones de votos.
LA DERECHA AMORTIGUA EL GOLPE, EL CENTRO SE DESPLOMA
Como es su costumbre, la derecha colombiana presentó infinidad de rostros y perfiles en las legislativas, para ampliar su base electoral hacia el centro, capitalizar algo del descontento contra el presidente Iván Duque –herido de muerte tras el sacudón del Paro Nacional (véase «Masacrados», Brecha, 7-V-21)– y después tender a unificarse hacia la derecha en la primera vuelta presidencial (y más aún en un probable balotaje contra Petro). De cara a la conformación del propio parlamento, el rendimiento de la estrategia es notable: si bien el Pacto Histórico fue la coalición más votada y tendrá una de las primeras minorías, con 15 curules, del otro lado del fiel de la balanza hay que considerar a unos 70 curules entre el Partido Conservador, el Partido Liberal (de no mediar alianzas con Petro), el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U y MIRA, resultado nada despreciable considerando que la derecha ha tenido una de las peores gestiones gubernamentales de toda su historia.
Por su parte, la coalición de centro tuvo un resultado decepcionante: apenas 2 millones de votos para quienes intentaron hacer política «más allá de la polarización»: sin ningún tipo de unidad programática, sin plan económico, con la implosión escandalosa de candidaturas como la de Íngrid Betancourt, sin respuestas comunes para tópicos tan acuciantes como la guerra, la paz, la política agraria y los cultivos ilícitos. Sergio Fajardo terminó imponiéndose con menos holgura que los que serán sus contendientes en las presidenciales y tendrá muchas más dificultades que ellos para aglutinar los votos de una coalición que, carente de liderazgos, puede pulverizarse fácilmente entre el arrastre de la derecha y la izquierda.
Por su parte, el oficialista Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del actual presidente, Iván Duque, sufrió un evidente voto castigo. Este impulsaba en soledad la candidatura de Iván Zuluaga, por fuera de la coalición derechista, y pasó de ser la fuerza más votada en el Senado en 2018 a ocupar el cuarto lugar en la actualidad. Sin embargo, tras una reunión expeditiva convocada por el propio Uribe, Zuluaga anunció que declinaría su candidatura para apoyar la de Federico Gutiérrez, vencedor de la interna del Equipo por Colombia, con el 54,18 por ciento de las preferencias, lo que confirma que Fico Gutiérrez siempre fue para el uribismo una ficha propia en tablero ajeno.
Como suele ocurrir, Antioquia volvió a ser la antítesis de Bogotá. En términos regionales, la zona cafetera volvió a posicionar a la ultraderecha en el escenario legislativo. Esta es una de las regiones más importantes del país, no solo porque el empresariado de Medellín controla un polo económico gravitante, sino por el abigarramiento de las estructuras paramilitares. El departamento de Antioquia ha generado importantes cuadros para el proyecto narcoparamilitar de Estado, desde Pablo Escobar hasta el mismo Uribe. Tampoco es sencillo el escenario en el Caribe, donde el petrismo esperaba mayores niveles de aprobación: al menos en el Senado y la Cámara Baja, los clanes familiares de derecha retuvieron la mayoría de las preferencias.
Como resultante, la derecha clásica sigue gobernando con fuerza el panorama regional. Es evidente que el uribismo ha logrado reinventarse al interior del Partido Conservador, así como lo es la gran influencia territorial que mantiene el Partido Liberal. Tras 20 años de uribismo, la hegemonía regional vuelve a las estructuras tradicionales, en un giro no exento de atavismos, solo comprensible por las fidelidades de un país marcado a fuego por la violencia bipartidista.
ELECCIONES EN GUERRA O DEMOCRACIA PARA LA PAZ
Para propios y extraños, la ponderación del resultado parlamentario es inseparable de la proyección de las próximas presidenciales: hasta el momento, y de conquistar Gustavo Petro la presidencia el próximo 29 de mayo, las fuerzas conservadoras mantendrán su mayoría parlamentaria y su capacidad de veto a las iniciativas de un histórico, eventual y nunca conocido gobierno progresista en Colombia. Sin embargo, toda precaución es poca en un país con una elite magnicida y una enorme tradición de violencia política y fraudes electorales.
Las elecciones de este domingo, desde la mirada de los progresismos y las izquierdas, habilitan un muy buen escenario para ganar (incluso en primera vuelta) y uno muy complejo para gobernar (esto sin contar con los factores de poder extrademocráticos, como los paraestatales, los paramilitares y los delincuenciales). La medida de los desafíos colombianos –imposible de equiparar a las de otros progresismos emergentes de la región– puede ilustrarse con lo sucedido con las circunscripciones especiales de paz, por las que 16 víctimas del conflicto social y armado tendrían que acceder a un lugar garantizado en el Congreso. Por el contrario, en la región de la Guajira, los líderes y las lideresas sociales no pudieron concretar sus candidaturas por el hostigamiento de bandas paramilitares. Finalmente, el escaño quedó en manos de Jorge Tovar, hijo del narcoparamilitar conocido como Jorge 40, perpetrador de innumerables masacres, hoy preso, pero activo en la campaña de su hijo. También en otras regiones, como Arauca, el Catatumbo y Caquetá, los victimarios pudieron quedarse con las vocerías reservadas para víctimas de escenarios de alta conflictividad.
Es decir que como telón de fondo de los desafíos electorales está la guerra: esa misma guerra que hace ya tiempo dejó de conmover al mundo. Pero también la posibilidad de la paz, de cumplir y revitalizar los Acuerdos de La Habana, de iniciar una negociación tendiente a la desmovilización de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, de discutir el estatus de Colombia como socio extraterritorial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de estimular una política de tierras que haga el vacío a un paramilitarismo que goza de buena salud, miles de efectivos, recursos infinitos y amplia cobertura política.
Lo que suceda en los próximos meses tampoco será ajeno a la nueva situación geopolítica regional y global y a la necesidad de Estados Unidos de distender el frente latinoamericano, asegurarse el control de materias primas y sumar aliados a la política de sanciones aplicadas contra Rusia. Tampoco a la emergencia de gobiernos con publicitadas afinidades con Petro, como el de Gabriel Boric en Chile, y a una tenue segunda oleada progresista que, aunque ya no disponga de grandes fuerzas motrices, al menos podrá acompañar en algo a un país que será el vórtice del huracán regional en los próximos meses.
(Publicado originalmente por América Latina en movimiento [alainet.org].)
