En 1952, los diputados socialistas José Pedro Cardoso y Arturo Dubra presentaron un proyecto para crear un sistema nacional de salud, inspirado en el modelo británico implementado por el gobierno laborista en la posguerra. Muy lejos de cualquier posibilidad de gobierno, el planteo de los dos legisladores reflejaba la importancia de ingresar al debate nacional los planteos programáticos de la izquierda.
En los procesos previos al triunfo electoral del Frente Amplio (FA) en 2004, dicha fuerza política puso en la discusión pública al menos tres grandes temas: la necesidad de un plan de emergencia social para atender la situación generada en la crisis de 2002; la creación de un sistema nacional e integrado de salud, y la necesidad de una reforma tributaria alternativa al modelo impositivo impuesto por los gobiernos de los partidos tradicionales. La primera iniciativa tenía como fin resolver la coyuntura crítica de vastos sectores de la sociedad, pero las otras dos propuestas referían a cambios estructurales de la sociedad uruguaya, que requerían un debate político, cultural e ideológico para que esos proyectos fueran hechos suyos por la ciudadanía e ingresaran como un componente fundamental del sentido común de la gente.
El racconto de estas acciones viene a cuento porque algunos dirigentes frenteamplistas han entendido que el planteo de medidas estructurales corresponde al gobierno y no a la oposición, pues entienden que basta con los errores u horrores, o las promesas incumplidas del gobierno, para que la opinión pública le dé la espalda en 2024. Esta lógica parece ser la del «fruto maduro que cae del árbol por su propio peso» y que solo basta recogerlo del suelo después de su caída. El expresidente Tabaré Vázquez repetía hasta el cansancio que las elecciones no se ganan en una campaña electoral, sino en el trabajo previo de cinco años, y con eso hacía referencia a la batalla política y cultural para ganar la cabeza de los ciudadanos.
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El FA en su tarea opositora ha hecho hincapié en dos aspectos: el rumbo de la política económica del gobierno y episodios de corrupción de la actual administración. En el plano económico ha denunciado, con acierto, que el crecimiento del PBI solo ha favorecido al sector agroexportador, sin que esto derrame al resto de la sociedad, poniendo como ejemplo el crecimiento de la pobreza y el deterioro del salario de los trabajadores. Incluso en determinadas circunstancias propuso aumentar algunos impuestos al gran capital, aunque, con el paso del tiempo, desde la izquierda política no se habló más del asunto.
En cuanto a la corrupción y a episodios oscuros, como el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset o a la existencia de una banda criminal de la que participaba el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, la actitud opositora ha sido muy clara, con llamados al Senado para exigir responsabilidades. En esas convocatorias, quedó en evidencia la falta de transparencia en la acción del gobierno. Incluso, en la mejor de las hipótesis, puede hablarse de la escasa percepción de riesgo del presidente Luis Lacalle Pou, que conocía a Astesiano desde 1999 y había sido advertido por varios referentes del Partido Nacional de los antecedentes de su jefe de seguridad; por ejemplo, por el hoy director de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcé.
Respecto al affaire Astesiano, desde el Frente se han señalado muy claramente las responsabilidades del presidente y su entorno inmediato, aclarando que todo indica que estaban en conocimiento de las actividades delictivas del jefe de seguridad de la presidencia. Sin embargo, en declaraciones al programa Más temprano que tarde, de radio El Espectador, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, ante la pregunta de qué pensaba sobre el episodio, dijo que «no se cuidó al presidente», respuesta de la que puede interpretarse que el intendente se aviene a la explicación de Lacalle Pou de que no estaba «informado» de los antecedentes de su jefe de seguridad.
En esa lógica de ubicar posibles casos de corrupción y opacidad en el manejo de la cosa pública, los senadores del FA anunciaron que retomarán la ley sobre el financiamiento de los partidos, que propondrán que la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) sea un servicio descentralizado o un ente autónomo y otro proyecto sobre enriquecimiento ilícito de jerarcas del Estado.
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La interrogante que tienen algunos referentes frenteamplistas es si la posible corrupción o la opacidad del gobierno multicolor (fundamentalmente herrerista) son el problema principal del debate político en Uruguay. Es que, más allá de los casos que indican problemas en ese aspecto, el modelo neoliberal, sostienen, sigue su marcha. Están en aplicación varias iniciativas que reducen y perjudican el papel del Estado en la economía; por ejemplo, la rebaja del papel de ANTEL en el mercado, que ha habilitado que otras compañías puedan ingresar en la venta de datos, incluso con la posibilidad de que la empresa estatal deba arrendar su cableado de fibra óptica; también con la decisión de que los grandes consumidores de UTE se salteen al ente y le compren energía directamente a los generadores eólicos o fotovoltaicos, o la privatización del pórtland en ANCAP. Asimismo, más allá de las restricciones establecidas en la LUC (Ley de Urgente Consideración) al derecho de huelga, ahora van por la modificación de la Ley de Negociación Colectiva, favoreciendo al sector empresarial.
El FA se ha encargado de señalar las inconsistencias gubernamentales en el tema de la inseguridad pública y ha cuestionado las cifras –que entiende que están maquilladas– sobre la delincuencia, pero no ha indicado cuál es el modelo para resolver el tema de la inseguridad. Es más, a veces parece que la crítica reside en la ineficiencia policial, sin señalar que el problema de la inseguridad trasciende el modelo represivo y exige, además, un abordaje más integral que la simple lógica punitiva.
Otro tema en el que hay una ausencia de una propuesta clara de la izquierda es en la educación. Pero donde es más flagrante la falta de posicionamiento es en la reforma de la seguridad social. El FA resolvió no emitir opinión hasta que el proyecto del Ejecutivo ingrese al Parlamento, por lo que, en este lapso, la sociedad no conoce la opinión de la fuerza política sobre una reforma que todos entienden necesaria. Solo ha habido pronunciamientos, contrarios al anteproyecto conocido, de comunistas, socialistas, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y otros sectores menores, a pesar de que la dirección frenteamplista cuenta con un documento que, elaborado por técnicos de la coalición de izquierdas, hace varias semanas está disponible en su orgánica.
Además, en las líneas programáticas aprobadas por el FA para 2020-2025, el texto propone «diseñar formas de sustitución gradual de la capitalización individual lucrativa en manos de los privados, avanzando en la constitución de un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario no contributivo; de reparto intergeneracional; de ahorro (no individual, no lucrativo y de prestación definitiva)». Sin embargo, hoy nada de esto ha sido sometido al veredicto de la opinión pública y se ha cedido todo el terreno a la iniciativa del gobierno multicolor.
También es justo señalar que la incapacidad de repicar estos planteos no obedece exclusivamente a la decisión de la presidencia del Frente, sino a la falta de acuerdo interno en este y otros temas debido a las posturas diferentes de los distintos bloques que conforman el FA. La necesidad de una síntesis entre las distintas visiones que conforman el Frente va más allá de 2024 y hace a la capacidad de presentar un proyecto estratégico, que trascienda el hecho de acceder al gobierno y explique para qué se quiere volver al poder.
