Cada tanto, cuando los recursos destinados a la vivienda social son marcadamente insuficientes, a las autoridades responsables de su política o a las que dirigen la economía del país se les ocurre que el problema no está allí, sino en el costo de las viviendas, y de eso a buscar la varita mágica hay un solo paso. Generalmente, esa varita se llama sistemas constructivos no tradicionales (SCNT).
La lógica es simple: si en un cociente (recursos disponibles dividido por el costo de una vivienda con los servicios urbanos correspondientes es igual al número de soluciones completas alcanzadas) el numerador está acotado y es pequeño, una manera de mejorar el resultado es disminuir también el denominador, o sea, el costo de cada vivienda.1 Sólo que no es tan fácil, porque el denominador se resiste, más de lo esperado y deseado, a ser disminuido.
Esta situación ya la vivimos en los noventa y la volvimos a vivir 20 años después, y ahora reaparece nuevamente, pasada otra década. En ningún caso se logró el resultado buscado, porque el problema fundamental no está en los materiales ni en los sistemas, sino en la gestión: si ella está dirigida a mejorar el producto, la rebaja del precio es parte de la mejora, pero si está dirigida a aumentar el lucro, la rebaja del precio no es solución.
La Facultad de Arquitectura tiene, desde hace casi 30 años, en su Instituto de la Construcción, un equipo de investigación multidisciplinario que se dedica a la evaluación de programas y tecnologías para la vivienda social, que tuve la satisfacción de integrar durante mucho tiempo, desde su creación misma, bajo la dirección de la profesora arquitecta Felicia Gilboa. En ese lapso, dicho equipo tuvo la oportunidad de evaluar integralmente (esto es, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el social y urbano-arquitectónico) un importante número de programas públicos de vivienda llevados adelante en todos esos años, entre ellos, 15 sistemas constructivos distintos, tradicionales y no tradicionales, empleados por empresas constructoras o cooperativas en todo el país.
Toda esa información está disponible y, en particular, el último trabajo señalado fue publicado como libro2 bajo el título ¿La tecnología es la solución? Evaluación integral de las viviendas realizadas por el MVOTMA, 1993-2002, empleando sistemas innovadores. La, resaltado en cursiva, porque el mensaje era justamente que la tecnología no es una varita mágica que lo arregla todo por sí sola, sino uno de varios factores que definen el resultado.
En la contratapa de dicho libro se lee: «La conclusión fundamental del trabajo […] es que la tecnología puede aportar de manera importante para optimizar los procesos de producción y el mejoramiento de viviendas, haciendo más eficiente la utilización de los recursos, pero que no hace ni puede hacer milagros y que su perfeccionamiento debe complementarse con una gestión también eficiente, pública y privada, y, sobre todo, con la participación de los destinatarios, en definitiva, la herramienta más fuerte que se posee». Y ya en el texto: «Estas consideraciones reproducen en gran medida las que corresponden a [otras evaluaciones] y vuelven a mostrar la importancia de la gestión por encima de la rebaja de costos en algunos ítems que permite la utilización de elementos seriados».
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) sigue buscando la solución por el lado de las empresas constructoras y no de la autogestión, individual o, mejor aún, organizada en cooperativas. En una conferencia de prensa llevada a cabo hace unos días, en efecto, la ministra Irene Moreira presentó el Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada (que se conocerá como CIR, Certificado de Ingreso al Registro), «una nueva herramienta que permitirá facilitar y dinamizar la construcción de viviendas en todo el país», según pone la web del organismo en boca de la ministra. «El objetivo es construir viviendas a menor costo sin perder calidad, avalando los SCNT en un plazo de 90 días», agrega.
¿Cómo se llega a brindar estos certificados exprés? Pues muy simple: eliminando el estudio del sistema, que se sustituye por una declaración jurada del interesado. El ministerio no hace un estudio del sistema propuesto, sino de la documentación presentada por el interesado, al solo efecto de verificar que está completa y no ofrece dudas. Por lo tanto, traslada toda la responsabilidad al interesado y el derecho al pataleo por los problemas que puedan sobrevenir a los potenciales destinatarios. Se puede incluso otorgar un CIR a un sistema que no tenga antecedente alguno, en este caso limitado a la construcción de hasta 100 viviendas, un programa que podría evaluarse en 7 a 8 millones de dólares. Si existen antecedentes con dos años o más de antigüedad, el permiso puede llegar al triple de esos valores.
¿Qué se busca con esto? También es muy simple y también lo explica la ministra Moreira, esta vez según la versión de la página de Cabildo Abierto: «Según el tipo de sistema alternativo utilizado, es cuánto se puede abaratar. La auditoría interna informó que la vivienda social estaba entre 2.200 y 2.400 dólares el metro cuadrado. Entendemos, desde el ministerio, que eso deja de ser social y como máximo no puede superar los 1.000 o mil y algo de dólares el metro cuadrado». Sólo que está tomando como referencia los precios de las empresas privadas en el sistema llamado de vivienda promovida, con exoneración total de impuestos, instaurado en 2011, entonces bajo el nombre de vivienda de interés social, rápidamente desmentido por los precios de venta. Porque los 1.000 o mil y algo de dólares a que aspira la ministra, y aún menos, ya son los que obtiene el sistema cooperativo, como lo prueban los propios valores de tasación de los programas del MVOT.
En 2010-2011 se había ya enfilado el camino de usar los SCNT para abatir los costos (se soñaba con hacerlo casi a la mitad, en aquel caso tomando como referencia los costos de las cooperativas, lo que era mucho más exigente). La vida probó rápidamente que ello no era posible: sólo uno de los muchos sistemas ensayados llegaba a ese nivel de costos y era justamente el que más dudas suscitaba, por las deficiencias del producto obtenido. Pero aquel intento tuvo un complemento muy prudente, que fue que, para financiar programas construidos con SCNT, el entonces Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), ahora MVOT, exigía poseer un documento de aptitud técnica que avalara la propuesta y asegurara su calidad. La expedición de ese documento requería una serie de estudios, en los que incluso intervenía la Facultad de Arquitectura, estudios que ahora se obvian, sustituidos por la declaración jurada del interesado, sin que quede claro quién pagará los costos de los fracasos.
En la Ley de Urgente Consideración se buscó resolver el problema de las garantías en los contratos de arrendamiento, eliminándolas, pasando a que la seguridad para el propietario fuera la posibilidad de tramitar desalojos y lanzamientos exprés de una singular ferocidad.
Siguiendo por la misma vía, ahora la demora en la expedición de probanzas de aptitud técnica se soluciona eliminando las probanzas. Laissez faire, laissez passer.
1. Otra manera es sumar a la producción de viviendas completas las incompletas (como reparaciones menores, conexión de servicios, regularizaciones de deudas, etcétera), de menor costo, y por eso ahora no se habla de viviendas, sino de «soluciones habitacionales».
2. Alonso, N. et al. (2016), Biblioteca Plural, Universidad de la República.
