Si bien todavía está en formación, la coalición a la izquierda del oficialismo podría cosechar votos entre aquel 59 por ciento de los electores desencantados que no votaron en 2013. El sociólogo Carlos Ruiz, uno de los principales ideólogos del Frente Amplio de Chile, plantea construir esta fuerza política en torno al reclamo por los derechos sociales, a largo plazo, sin quedar atrapado en la coyuntura política. Para lograrlo, el Frente deberá ampliar la base social de la política y “volver a discutir los postulados básicos que la izquierda tuvo en el siglo pasado”.
Carla tiene 23 años y estudia tecnología médica en la Universidad Bernardo O’Higgins, fundada en 1990 por un grupo de militares retirados. En Chile hay universidades de los militares, de los masones, de los evangélicos, de los metodistas, de varios sectores de la Iglesia Católica –desde los salesianos hasta los jesuitas, pasando por el Opus Dei y encabezados por la Pontificia Universidad Católica–, de los comunistas, de los demócrata-cristianos, de los socialistas, de los ecologistas, de la derecha empresarial y de empresas de inversiones extranjeras. Existen también las instituciones estatales, que están en minoría en cuanto al número total de estudiantes y tienen algo en común con las privadas: no son gratuitas. Las universidades privadas se compran, se venden e incluso quiebran como cualquier empresa, en un país donde, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), las familias hacen uno de los mayores gastos del mundo en educación (con aranceles universitarios superados sólo por Estados Unidos).
Carla debe pagar 5.700 dólares al año por sus estudios, además de 300 dólares por la inscripción anual; esto es aproximadamente la mitad del ingreso del hogar, que está a cargo de su madre divorciada, por lo cual ella solventa sus gastos diarios haciendo limpiezas domésticas, a veces en las horas que le quedan libres entre dos clases de la universidad. Para aliviar la carga financiera, Carla recurrió al crédito con aval del Estado que los bancos dan a los estudiantes de la educación superior, con la garantía estatal. Aun así debe pagar a la universidad otros 200 dólares mensuales, y calcula que, cuando termine la carrera y deba comenzar a devolver el crédito con los correspondientes intereses acumulados, soportará una deuda de alrededor de 30 mil dólares. Como esta futura tecnóloga médica, centenas de miles de estudiantes chilenos comenzarán su vida profesional endeudados, algo que según el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar”, de la fundación Sol, especializada en los efectos laborales y sociales del modelo económico vigente en Chile desde la dictadura de Pinochet, resulta ser una forma de “control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes a través de la deuda”, sostenida por la colaboración entre el Estado y el mercado.
CHILENOS DESENCANTADOS. “Yo voy a votar por la Beatriz”, dice Carla mientras termina de sacar el polvo del escritorio de este corresponsal. “La Beatriz” es la periodista Beatriz Sánchez, candidata presidencial de un grupo de partidos que aspira a romper el predominio de las coaliciones de centroizquierda y de derecha que han gobernado Chile desde 1990. Denominada Frente Amplio, esta alianza ha tomado alguna inspiración de su homónima uruguaya, porque varios de los dirigentes fueron miembros del movimiento estudiantil que lucha por cambiar el sistema educacional chileno, el cual observó con interés la experiencia de la educación gratuita de Uruguay, así como la gestión del gobierno del Frente Amplio (FA) uruguayo en la protección de los derechos sociales. Si bien el FA chileno es todavía una colectividad en formación y las últimas encuestas –manejadas principalmente por los medios de la derecha– sugieren la probabilidad de una victoria en primera vuelta del candidato derechista y ex presidente Sebastián Piñera, esta agrupación podría cosechar los votos de aquellos millones de ciudadanos que decidieron no ir a las urnas en las elecciones de 2013 (lo cual significó una abstención récord del 59 por ciento), en disconformidad con las escasas opciones de cambios reales ofrecidas. En esas elecciones Michelle Bachelet llegó al poder con los sufragios de alrededor de la cuarta parte del padrón electoral, convirtiéndose en la mandataria con menos votos desde la vuelta a la democracia.
Carlos Ruiz, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile y presidente de la fundación Nodo XXI, es considerado como uno de los principales referentes ideológicos del proyecto del Frente Amplio. Consultado por Brecha, explicó así el pronunciado deterioro de la participación política de los chilenos: “Aquí, a diferencia de otras partes de América Latina, recibimos una transformación a la economía neoliberal ya hecha, y no se revisaron las privatizaciones, no se revisó el desmantelamiento de derechos fundamentales. Los políticos se convirtieron en lo que Norbert Lechner, uno de los estudiosos más importantes de la transición chilena, definió como una clase política ensimismada, centrada sólo en las cuestiones procedimentales de la política. Así se perdió la identificación de la ciudadanía con la política. Por eso lo que está en juego en las próximas elecciones es la salud de la democracia”.
“CAPITALISMO DE SERVICIO PÚBLICO.” Lo que más impresiona a un extranjero proveniente de países con buenos sistemas de derechos sociales que viene a residir en Chile es la falta de tales derechos: no hay educación gratuita, el único sistema de pensiones es privado, la salud pública está en notoria desventaja de calidad frente a la privada, el seguro de paro y los aportes jubilatorios son pagados enteramente por los trabajadores, la tercerización es una forma generalizada de empleo, incluso en el Estado, y la sindicalización está entre las más bajas del continente. Todo ello configura otro factor que contribuye a la desafección por la política, según Carlos Ruiz, porque “la privatización de los derechos sociales en Chile no tiene semejanzas en otras partes, pero el Estado no ha desaparecido, sino que subsidia a las empresas privadas para que presten los servicios que antes daban las instituciones estatales. Hay un capitalismo de servicio público, se multiplica el gasto en salud y educación, por ejemplo, pero son mayores las transferencias hacia los privados que la reconstrucción de los servicios estatales. Es un engendro muy raro, un capitalismo totalmente protegido por el Estado. Por eso el conflicto por recuperar los derechos sociales se transforma en una lucha por democratizar el Estado”.
La izquierda oficialista chilena parece estar muy lejos de lo que fue antes del golpe de 1973. Gabriel Salazar, uno de los historiadores más lúcidos del país y especializado en analizar la historia desde una perspectiva popular, sostiene que las figuras nuevas que llegan a la política con ideas de verdadero progresismo son cooptadas por el sistema que él llama “una oligarquía política”. El Frente Amplio tiene entre sus objetivos cambiar esa situación, pero algunos de sus dirigentes pasaron de ser combativos líderes estudiantiles a parlamentarios. Al respecto, Carlos Ruiz dijo a Brecha que el Frente chileno no es inmune a caer en el juego político dominante: “Existe en las fuerzas nuevas el peligro de que se sobreelectoralicen, y eso es algo que yo le he advertido al Frente: que las fuerzas que lo integran no terminen torciendo sus contenidos programáticos en función del juego electoral inmediato, cuando el Frente está naciendo. Por otra parte, es necesario ensanchar hacia abajo la base social de la política, porque sin una participación amplia no es posible lograr las transformaciones. Si adoptamos los modos de las burocracias decadentes de los partidos tradicionales, habremos comprado boletos en un Titanic que sabemos que se va a hundir”.
Ampliar su base social es uno de los desafíos reconocidos por el Frente Amplio de Chile; una tarea compleja, debido a la evolución social del país, que ha sido un laboratorio del neoliberalismo para la región. El desarrollo del consumismo, favorecido por la estabilidad económica, creó lo que algunos apologistas del modelo llaman “el ciudadano consumidor”, que expresa sus preferencias políticas sólo en función de sus necesidades materiales. “Ha cambiado el mapa de las clases y los grupos sociales, la vieja clase media desarrollista y la clase obrera prácticamente han desaparecido”, opina Carlos Ruiz. “Eran las bases sociales de los proyectos de los partidos, y por eso no es casual que los viejos partidos, como el Socialista, ya sean casi irreconocibles. Los trabajadores ahora laboran en las condiciones más precarias que uno pueda imaginar, pero lo hacen en los centros de la modernización, en el Costanera Center, que es el centro comercial más grande de la región. Son la expresión de la nueva pobreza, pero están inmersos en las fantasías de la modernidad y la tecnología. Hay un individuo al cual no se le puede volver a plantear la vieja utopía del sacrificio personal en nombre de la igualdad. La derecha chilena, que es una de las más lúcidas de América Latina, se ha apropiado de la bandera de la libertad, y la izquierda debe demostrar que esa bandera esgrimida por la derecha es falsa, porque sólo se refiere a la libertad mercantil. Para ello hay que volver a discutir los postulados básicos que la izquierda tuvo en el siglo pasado.”
Por el momento el Frente Amplio de Chile es un conglomerado de partidos que no se presenta a las elecciones como un partido único, y ello ha dado origen a disputas internas por las candidaturas, en las cuales no se ve una figura que pueda actuar como árbitro y componedor de conflictos. Una diferencia importante con la evolución del FA uruguayo, como lo anota Ruiz: “Se ha mirado al proceso uruguayo, pero aquí no hay un Seregni. Aquí cada partido sigue una variante propia, y si bien se está considerando la idea de formar un solo partido, esa discusión está un poco aplazada por la urgencia electoral. La experiencia uruguaya fue mirada, porque hay algunos elementos comunes de la historia política, como la ausencia del populismo, partidos de izquierda antiguos e incidentes, sectores de izquierda armada que también pasaron a jugar un papel político”.
UNA BATALLA DOCTRINARIA. Favorecida por las condiciones que creó la dictadura de Pinochet, la derecha tiene en Chile un poder considerable para la difusión de sus ideas. El Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, es financiado por los empresarios más importantes, y su encuesta bimestral de opinión hace y deshace reputaciones políticas; la fundación Paz Ciudadana, creada por el dueño de El Mercurio, el diario que más contribuyó al derrocamiento de Salvador Allende, impone mediante sus estudios la agenda en temas de delincuencia y seguridad pública; los institutos Libertad y Libertad y Desarrollo, de los partidos políticos derechistas, proporcionan los argumentos y justificaciones para mantener vigente el modelo económico. En ese contexto no es fácil promover nuevas corrientes de pensamiento y visiones de la realidad. Como presidente de la fundación Nodo XXI, el sociólogo Carlos Ruiz trata de dar al Frente Amplio los elementos intelectuales para “enfrentar doctrinariamente a la derecha, que en este país no le reconoce estatus intelectual a la izquierda”. Ruiz entiende que de ese modo será posible madurar como fuerza política, porque “no puede envolverse en conflictos y olvidar que allí fuera está la derecha. Hay mucho de conflicto generacional en las discusiones internas del FA, mucha influencia de la cultura televisiva, de la política como espectáculo. Hay que hacer un balance de la izquierda del siglo XX en el ámbito interno, para lo cual la arrogancia generacional es un riesgo. Una diferencia con Uruguay es que no tenemos liderazgos indiscutidos que puedan dirigir el debate”.
Valparaíso, el puerto histórico de Chile, es una ciudad de 250 mil habitantes que, pese a ser la sede del Congreso Nacional, tiene problemas importantes de urbanización, pobreza e higiene. En las elecciones municipales de 2016, en las que hubo una abstención superior a la de las presidenciales de 2013, el Frente Amplio llegó al gobierno local con Jorge Sharp, un abogado de 32 años. Es la primera municipalidad que controla la agrupación y no es difícil establecer un paralelismo con Montevideo, que sirvió al FA uruguayo para mostrar lo que podía hacer como gobierno. No obstante, Carlos Ruiz es cauto al respecto, y si bien reconoce que Sharp está haciendo un buen trabajo, subraya que el proyecto del Frente chileno no puede quedarse en la coyuntura política y debe considerar un trabajo a largo plazo: “Siempre insisto en esas dimensiones, aunque los dirigentes más jóvenes suelen mirar a más corto plazo. Creo que después de estas elecciones presidenciales podrían acercarse grupos que ya no soportan estar en la coalición gobernante actual, y eso puede generar las condiciones para forjar un proyecto de largo aliento”. El próximo 19 de noviembre, el voto de Carla y de tantos otros chilenos que antes protestaron con la abstención bien podría ser el pasaporte al futuro del Frente Amplio.
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Unidad en la diversidad
En 2006 las protestas de los estudiantes secundarios chilenos contra el modelo mercantilista de la educación impuesto por la dictadura, en detrimento del sistema educativo público, marcaron el fin de la confianza de la ciudadanía en una clase política que en materia económica se limitó a administrar la herencia del régimen militar. Pocos cambios produjo esa movilización, por la falta de sintonía de los gobernantes y políticos en general con el sentir de la sociedad civil; y en 2011 salieron a las calles los estudiantes universitarios, quienes hasta ahora se mantienen en la lucha para lograr una genuina gratuidad de la enseñanza y el fin de un sistema mercantil que ha convertido a la mayoría de las universidades en empresas administradas bajo las reglas del mercado. A las manifestaciones universitarias se han agregado en los últimos años las de los jubilados y futuros jubilados, quienes rechazan el sistema único vigente de administradoras privadas de fondos de pensiones (Afp); en Chile los aportes son hechos solamente por el trabajador, y las pensiones jubilatorias también están sujetas a los avatares del mercado, ya que pueden subir o bajar de un mes a otro, según los movimientos de la bolsa. Incluso, debido a las tablas de edad hechas por las Afp, es posible que una persona se quede sin jubilación si vive más allá de lo calculado por las empresas.
Es en este clima de protesta y descontento con el sistema que surge el Frente Amplio, que declara ser “una fuerza política y social transformadora cuyo propósito es superar el sistema neoliberal”. Sus principales fundadores son Giorgio Jackson y Gabriel Boric, dos ex líderes estudiantiles que creyeron en la posibilidad de cambiar el sistema desde dentro y fueron elegidos diputados con el apoyo tácito de la Nueva Mayoría, la coalición gobernante de Michelle Bachelet. Ambos se desengañaron pronto de la posibilidad de lograr cambios con las reglas de juego de la clase política dominante. La ruptura definitiva se produjo en mayo de 2016, cuando varios integrantes de Revolución Democrática –el partido creado por Jackson– renunciaron a sus cargos en el Ministerio de Educación. En esa misma época ya estaban en marcha las conversaciones de Jackson y Boric para formar una alianza de partidos que estableciera diferencias claras respecto de la izquierda oficialista, constituida principalmente por los partidos Socialista y Comunista. Uruguay, con su educación gratuita y su protección de los derechos sociales, había sido observado con interés por los líderes de las movilizaciones universitarias, y por ello la coalición que comenzó a formarse a partir de las ideas de Boric y Jackson adoptó el nombre de Frente Amplio (FA). En enero de 2017 este FA tuvo su lanzamiento oficial, con el anuncio de que iba a realizar elecciones primarias para los comicios parlamentarios y presidenciales de noviembre. No obstante, no se ha constituido como un partido único; sólo tres de sus grupos integrantes están inscriptos en el Servicio Electoral: Revolución Democrática, el Partido Humanista, y el Partido Liberal. Este último también tiene un representante en el parlamento, y se integró al Frente con la condición de que se incluya a las corrientes reformistas de centro. Una panoplia de movimientos que va desde algunos cercanos al anarquismo hasta los ecologistas y un improbable Partido Pirata plantea el desafío de establecer un bloque político coherente, capaz de atraer a una ciudadanía que, si bien está descontenta con la política actual, no suele apoyar los cambios radicales.
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