Sobre fines de noviembre, las tres compañías de telefonía móvil operativas en Uruguay (ANTEL, Claro y Movistar) firmarán el contrato con el consorcio Cleartech Ltda.-Cietel SA para la implementación de la portabilidad numérica. Si bien cada empresa celebrará un convenio propio con el consorcio brasileño-uruguayo, al tratarse de contratos espejo, cuyo valor está íntimamente ligado, la firma se concretará en forma conjunta. Mismo día, misma hora, mismo lugar.
La portabilidad numérica es un sistema establecido en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que permite a los usuarios de telefonía móvil conservar su número telefónico «sin deterioro de la calidad y la confiabilidad» en caso de cambiar de compañía. La norma estableció la obligación de las tres empresas de telefonía móvil de brindar este servicio y dispuso la creación del Comité de Portabilidad Numérica, dependiente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), que hizo la selección del Administrador de la Base de Datos (ABD).
Las disposiciones que crearon el sistema forman parte de los 135 artículos de la LUC que –de confirmarse la recolección de firmas– serán sometidos a referéndum entre marzo y abril de 2022. Sin embargo, el gobierno decidió seguir adelante con el proceso y proceder a la firma del contrato, bajo el argumento de que el referéndum no tiene efectos suspensivos sobre las normas impugnadas. Esto puede implicar un riesgo económico para el ente de las telecomunicaciones.
Según datos a los que accedió Brecha, ANTEL lleva gastados 1,5 millones de dólares para habilitar este sistema. Los principales costos refieren a la adquisición del manejador de la base de datos (adquirido al consorcio Isbel-Sixtra Chile SA por 253 mil dólares) y el cambio en el SMS-Center para adaptar el servicio de mensajería a la portabilidad (adjudicada por compra directa a la empresa Ericsson por 474 mil dólares).
También se debió adquirir una licencia a Ericsson para ajustar su software y se pagó por el desarrollo de los programas que permitirán la interconexión de sus sistemas con el ABD y las restantes telefónicas. El precio de la licencia está asociado a un costo por servicio (es decir, se incrementa cuanto mayor sea la cantidad de servicios portados). El monto fijado por Ericsson fue de 176 dólares por cada 1.000 usuarios portados; una estimación con base en 277 mil usuarios implica un costo de 39.500 dólares.
Otros gastos conciernen la contratación de una agencia para una campaña de marketing sobre la portabilidad, por la que se pagarán 670 mil dólares, y la contratación –a través de la firma ITC, propiedad de ANTEL– de los consultores argentinos Guillermo Rivaben e Ignacio Nores, ambos vinculados a la empresa Personal-Telecom, para asesorar en asuntos relativos a la portabilidad. Por este servicio se pagaron 61.228 dólares.
Los costos, no obstante, se siguen sumando. Para instalar la base de datos, Cleartech-Cietel cobrará un precio, que se dividirá en partes iguales entre las tres operadoras de telefonía móvil; en el caso de ANTEL, la inversión sería de unos 390 mil dólares. A su vez, el ABD cobrará por cada transacción. En este caso, el pago lo hará la compañía que reciba la portación: el precio inicial para el tramo 1 (entre una y 5.000 portaciones) será de 33,55 pesos por cada una, que se reducirá en forma progresiva con el aumento de las portaciones hasta llegar a los 29,28 pesos cuando haya más de 45 mil de ellas. Según datos internos, ANTEL pagará más de 28 millones de pesos (unos 700 mil dólares) en los cinco años de extensión del contrato.
Las empresas, sin embargo, tienen la potestad de tercerizar este costo. El decreto 26/2021, que reglamentó la implementación del sistema, establece que la empresa receptora «podrá cobrar al usuario un precio por el servicio de portación, que corresponde a los costos de operación y administración derivados del proceso de portación». Este precio, de acuerdo al decreto, no puede contemplar los costos derivados de la adecuación de las redes y los sistemas operativos de las empresas. Además, la URSEC podrá fijar un precio máximo de cobro por el servicio de portación «a efectos de que [este] sea razonable [y] no se desestimule» la portabilidad.
OTRO PRECIO
Los perjuicios económicos para ANTEL, sin embargo, trascienden los costos asociados a la adecuación de su sistema operativo. La empresa estatal es, por distancia, la compañía con mayor participación en el mercado de la telefonía móvil, por lo que es la que tiene más posibilidades de perder clientes y menos de recibirlos. Del otro lado, la compañía con mejores perspectivas de crecimiento es Wireless Uruguay SA (Claro), del poderoso grupo Slim, la principal lobbista para la instalación del sistema.
Un estudio de opinión pública de Equipos, elaborado para ANTEL, estableció que el «neto de predisposición al cambio» es negativo para ANTEL y positivo para la competencia. El estudio se llevó adelante entre setiembre y octubre sobre 511 empresas que contratan o utilizan con fines laborales líneas de ANTEL, Claro o Movistar (se calcula que son 140 mil empresas en todo el país, de las cuales el 72 por ciento contrata servicios con la estatal). Si se cumple con el pronóstico de portación del número, ANTEL perdería 10,6 puntos de share, Movistar ganaría 7 puntos y Claro, 4 puntos (Búsqueda, 11-XI-21). A esto se le debería sumar el costo por cada abonado individual que decida cambiar de compañía.
Un informe elaborado por Daniel Larrosa, director de ANTEL en representación del Frente Amplio, en tanto, estimó que la portabilidad numérica puede provocarle pérdidas de entre 11 millones y 39 millones de dólares cada año a la telefónica estatal, de acuerdo a la cantidad de servicios perdidos.
En este contexto, Larrosa dijo a Brecha que la implementación del sistema desde diciembre «es totalmente inconveniente». «Se debe esperar que el pueblo uruguayo se expida en el referéndum. Ahora se gasta plata cuando todavía no se sabe si eso va a quedar firme –adujo–. Y lo más perverso es que, de alguna forma, se condiciona el voto de 100 mil personas.» Para Larrosa, esa es la cifra de personas que podrían portar su número antes del referéndum y que quedarían «en un limbo jurídico» en caso de un triunfo del Sí.
Además, el jerarca expresó dudas sobre el efecto de la claúsula que se obligó a firmar al ABD tras la presentación de las firmas contra la LUC. Según esta cláusula, en caso del triunfo del Sí, el contrato entre el ABD y las empresas de telefonía quedará sin efecto «de pleno derecho», sin responsabilidad alguna de las partes, al tiempo que salvaguarda la responsabilidad de los organismos estatales que participaron del proceso (como la URSEC, el Ministerio de Industria o la Agencia de Gobierno Electrónico). Sin embargo, todas las partes tienen el derecho constitucional de reclamar los perjuicios que sufran en la vía judicial. Y, allí, el resultado es incierto.
