La llegada del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), causó una pequeña revolución en México. Abrió la puerta al mar de ansiedad que inunda el cuerpo cuando le urge una respuesta. Una parte de los familiares organizados en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas sintió que esa ola desbordaba la lentitud burocrática del proceso y la mayoría vio una luz de esperanza, un espacio para ser escuchados. Esa fue, tal vez, la consecuencia inmediata de la visita del CED a México o la más evidente: obligó a la gente a contar su situación, a explicarla, a hacerla manifiesta para sí y para el resto.
En la ocasión, el 15 de noviembre, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a 35 colectivos del país, aprovechó para señalar la pobreza de las instituciones del Sistema Nacional de Búsqueda, creado en 2017 por la Ley General de Desaparición Forzada; denunciar que aún no se haya puesto en práctica el dilatado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que debe identificar más de 52 mil cadáveres en custodia del Estado (véase «La mayor crisis forense del mundo», Brecha, 28-II-20), y apuntar al cómplice papel de los fiscales en la perpetuación de la impunidad en miles de investigaciones tardías y mal hechas. La Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, por su parte, manifestó que el contexto de violencia extrema en el estado –que puso a dos de sus ciudades entre las más violentas del mundo en 2020– disparó el número de personas desaparecidas allí. Y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas aportó el análisis sistematizado de más de 2 mil casos ocurridos en Morelos –donde en octubre llevó a cabo su sexta edición (véase «Anoche lo soñé», Brecha, 18-XI-21)–, que evidenció la responsabilidad de las corporaciones policiales en las desapariciones relevadas.
Para Hasta Encontrarles CDMX, el primer colectivo de familiares fundado en la capital mexicana, en junio de 2019, la visita del CED fue un hito. En la mañana del domingo 21 de noviembre convocó a las 20 familias que integran la organización a la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aún con la certeza de que solo tres de ellas podrían hablar durante la media hora que tuvieron disponible con el comité. Esta fue apenas una de las 33 reuniones con familiares que los cuatro expertos independientes que llegaron al país tuvieron en 13 estados de la república, además de otras 48 reuniones con autoridades de todos los niveles del gobierno mexicano, en una maratónica agenda de 12 días.
CIUDAD DE MÉXICO
«Pedimos que se lleve a México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad», dice a Brecha Patricia Manzanares, parada sobre la calzada en la esquina de la calle Serapio Rendón, al salir de la reunión del CED con las familias de la capital. Su hijo, Juan Hernández Manzanares, está desaparecido desde el 23 de febrero de 2011, cuando tenía 23 años y estaba a pocos días de casarse, apostado en un hotel de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, rodeado de policías federales, como él, que habían sido trasladados en una misión.
Con apenas la secundaria completa y sosteniéndose económicamente como estilista, Patricia se convirtió en una de las principales voces de denuncia de los primeros casos, hoy considerados oficialmente de larga data. En esta dolorosa década aprendió a dominar el sutil ejercicio de ser inaccesible, es decir, de saber cuándo ponerse y quitarse del alcance de la exposición pública. «La ONU ya tenía conocimiento de esta situación. La visita es para que oigan a las familias y estudien el caso hasta abril de 2022, cuando van a pronunciarse con recomendaciones. Pero mi sensación es que somos muy poquitos respecto a la problemática que vive Ciudad de México», dice, y acto seguido recita las cifras de memoria: 743 carpetas abiertas en la Comisión Local de Búsqueda, 3.466 denuncias de desaparición en la fiscalía especializada y más de 5 mil cuerpos sin identificar entre el servicio forense y una fosa común del panteón Dolores, ubicado en el norte de la capital.
Tanto Patricia como Juana Garrido son dos de las cinco familiares que en diciembre de 2020 tomaron juramento ante el Congreso capitalino para integrar el primer Consejo Ciudadano Honorario del Sistema de Búsqueda de la Ciudad de México. Juana tiene 30 años y lleva tres en busca de su hermana, Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, quien fue desaparecida a sus 32 años en la tarde del 30 de noviembre de 2018, en el trayecto cotidiano entre su trabajo y su casa. Como parte de sus acciones de denuncia, Juana promovió el proyecto «Muralismo y arte por nuestros desaparecidos», que ha pintado los rostros de las víctimas en los sitios donde fueron vistos por última vez. El de su hermana está sobre el Eje 8 Sur, a pocos metros de la entrada de la boca del metro Ermita.
«En la reunión hubo cinco intervenciones de tres colectivos [Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino, y Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia], de las que quiero destacar la participación del señor Guadalupe Pérez, que vino desde Puebla –donde su papá está desaparecido– a plantear que, ante los casos de desaparición, a los pueblos indígenas se les envía un traductor y nada más», dijo Juana a Brecha. Ella se encargó de escribir la misiva que Hasta Encontrarles brindó al CED, en la que se hace hincapié en las dificultades que sufrió la investigación de las desapariciones tras los cambios institucionales obligados por la sanción de la ley de desaparición en la capital. Con esa norma, los casos pasaron del Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas, lo que implicó su vuelta a foja cero, aunque abrió el campo de lucha para que la autoridad reconozca la comisión de un delito contra los desaparecidos, algo que choca contra el falso paradigma dominante de la desaparición voluntaria.
Horacio Ravenna, experto argentino del CED, que se reunió con los familiares capitalinos, quiso saber si había un protocolo con perspectiva de género para los casos de mujeres desaparecidas y si el gigantesco sistema de cámaras de vigilancia de Ciudad de México, llamado C5, colabora de forma eficiente en las búsquedas. En ambos casos las respuestas fueron negativas. Sigue Juana: «Me pareció importante que nos dividieran geográficamente, porque las dinámicas de desaparición cambian; también que reconocieran que la situación que enfrentamos es muy complicada y que pueden pasar años antes de que logren algo. La gente va a seguir desapareciendo y no vamos a terminar con esta crisis sin presionar al Estado. Eso nos toca a nosotros: pensar cómo vamos a seguir haciéndole frente».
ESTADO DE MÉXICO
Mientras Juana y Patricia, Gerardo y Oliveria, Araceli, Fernanda, Aída, Carmela y don Jesús desplegaban las fotos de sus hijos y hermanos en el centro de la capital, bajo el sol tibio del otoño del norte, a 30 quilómetros de allí el relator ecuatoriano del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, buscaba un espacio donde platicar a solas con las mujeres que sostienen la búsqueda de restos óseos en el Gran Canal, en el Estado de México, periferia y zona conurbada de la capital. «Me comentó que se sentía un poco incómodo de que todo el tiempo lo estuvieran custodiando [efectivos de la Guardia Nacional]. Pero aquí es así: es de cuidarse. De todos modos, fue con nosotras a donde tenemos nuestra mesita y, a pesar de que desde el inicio sabíamos que no venían a ver casos particulares, sentí su interés, porque se sentó a escucharnos», dice a Brecha Verónica Rosas, madre de Diego Rosas Valenzuela, desaparecido desde el 4 de setiembre de 2015, cuando tenía 16 años y fue secuestrado en su barrio, Llano de los Báez, en el municipio de Ecatepec.
Verónica les dijo a sus compañeras del colectivo Uniendo Esperanzas Estado de México que la llegada del comité era una oportunidad para entregarle una misiva sobre sus necesidades, y eso hicieron. Habló sobre las dudas y la inseguridad que siente respecto al método de búsqueda usado para revisar la basura dragada del Gran Canal por la Comisión Nacional del Agua como parte de la construcción de un puente vehicular de acceso para el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Las familias del colectivo y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México pidieron que se revisara ese material fangoso antes de que fuese descartado, y lo vienen haciendo durante un mes, día a día, en jornadas que van de las ocho de la mañana a las tres de la tarde. El jueves 25 de noviembre hallaron un hueso ilíaco y un fémur. «No me gusta hablar de restos: son personas», expresa.
La llegada del experto al Gran Canal fue gestada por las autoridades y tomó por sorpresa a las familias. Verónica intuye, incluso, que la propia búsqueda se concretó por la visita del CED a México, ya que la tarea llevaba meses demorada y un día antes de la llegada del comité al país les avisaron que iniciaban el trabajo al día siguiente. «Que ellos vinieran movió todo. De pronto, ese día, algunas autoridades que no se habían levantado de la silla en estas tres semanas de la diligencia de búsqueda hicieron presencia», dice, en referencia al fiscal de Desaparecidos del Estado de México, Roberto Camacho Lovera.
La otra sorpresa para las familias de Uniendo Esperanzas fue la confirmación –por la secretaría del CED– de la recepción oficial de las cartas que entregaron al experto ecuatoriano: «Todas nos pusimos contentas de que nos llamaran para confirmarnos su recepción, porque les hemos escrito a muchísimas autoridades mexicanas y nunca nos contestan ellos: nos mandan con el particular del secretario de no sé quién. Esa apertura con nosotras se me hizo muy humana, me dio fe. Y me impresionó que, de cientos de familias que les hablaron en estos días, se tomaran el tiempo de llamarnos. ¿No se te hace esperanzador?».
LESA HUMANIDAD
Juan Carlos Gutiérrez es el director de la organización civil I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que presentó el primer caso mexicano ante el CED: el de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 19 años, desaparecido el 11 de diciembre de 2013. Ese día un grupo de policías de Veracruz lo sacó por la fuerza de su casa, en el fraccionamiento popular Formando Hogar, frente a los ojos de su madre, Angélica Berrospe, como parte de un operativo coordinado por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita (véase «La banda del Capitán Tormenta», Brecha, 15-II-18). «Ese día se llevaron a varios jóvenes que están desaparecidos. Fueron sacándolos de sus casas con una lista y subiéndolos a camionetas policiales, acusándolos falsamente de haber robado celulares. Nosotros denunciamos que estamos frente a un acto de limpieza social», dice Gutiérrez a Brecha.
Como litigante de casos de desaparición forzada, Gutiérrez también se reunió con la delegación del CED y aportó la información del caso Mendoza Berrospe, que, como otros sucedidos en el país, «se da en un contexto generalizado y sistemático». «Para nosotros, es clave que el comité se refiera a lo que pasa en México como crímenes de lesa humanidad, porque, a pesar de la discusión ardua y profunda cuando se sancionó la ley general de desaparición en el anterior gobierno, no logramos que se incluyera en nuestro ordenamiento jurídico interno la conducta de lesa humanidad vinculada a las desapariciones», concluye.
La visita del CED a México se hizo en cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, luego de que en octubre del año pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconociera formalmente la competencia de ese organismo. También se abrió, en 2020, la posibilidad de que el CED reciba información de casos particulares, como ya lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
