La actual crisis de la inflación que sacude al mundo es distinta a las anteriores. Un grupo de grandes economías está intentando dejar atrás los combustibles fósiles para evitar el cambio climático. Ese viraje tuvo una incidencia determinante en los mercados globales de carbón e hidrocarburos, en muchos minerales y en la agricultura, y todos ellos contribuyeron a la inflación. Al mismo tiempo, esa alteración climática que se quiere contener ya tiene consecuencias, tales como sequías e inundaciones, que producen una mayor volatilidad y el aumento de los precios de algunos alimentos, lo que contribuye a la inflación. La invasión de Rusia a Ucrania aceleró y acentúo todas estas problemáticas.
Estamos ante reordenamientos y cambios en el uso de las materias primas. Unos cambios que no siempre son comprendidos por los economistas convencionales, pero que los inversores y los analistas de mercado advierten desde el año pasado. Entendieron que el concepto de estanflación, esa combinación entre una alta inflación y un bajo crecimiento económico o estancamiento, no era el más apropiado. Propusieron calificarla como una verdeflación, una inflación verde. Lo confirma el Banco Mundial, que acaba de advertir que nos encaminamos a los más altos precios de las materias primas de los últimos 50 años.
El proceso está en marcha desde hace más de un año y se debe a distintos factores, varios de los cuales operan en oposición. Muchos países industrializados, y en especial los de la Unión Europea, con el propósito de evitar el cambio climático, impusieron planes de transición energética que pasan por abandonar los combustibles fósiles, como el carbón y los hidrocarburos.
En paralelo a esa intención, y en parte alimentada por ella, los precios de esas energías aumentaron. Los petróleos más accesibles y de mejor calidad se están agotando, y los que los reemplazan son más caros y difíciles de extraer y procesar. Los grandes inversores están abandonando ese sector porque saben que tiene los días contados. Los países petroleros reaccionaron y aprovecharon sus condiciones de oligopolios, pujando por los mayores precios posibles antes de que se universalice la despetrolización. Al mismo tiempo, ciertos sectores que queman combustibles fósiles se encarecen, en unos casos porque deben pagar tasas por emitir gases de efecto invernadero y en otros por impuestos transfronterizos. La guerra en Ucrania entreveró más la situación, dadas las medidas europeas para reducir su consumo de carbón, petróleo y gas ruso.
Esa misma transición energética apostó a otras fuentes de energía, lo que incrementó la demanda de minerales esenciales para los molinos de viento, los paneles solares y las baterías. La voracidad por el cobre, el litio, el cobalto, el níquel y otros minerales hizo subir sus precios; por ejemplo, en el litio el alza fue de aproximadamente un 1.000 por ciento en los dos últimos años. A la vez, en muchos casos esa minería se hace en América Latina y otros países del sur, donde enfrenta una creciente resistencia ciudadana, por sus impactos ambientales y sociales, lo que aumenta los costos de operación o vuelve a algunos yacimientos inexplotables. Entretanto, no pocos gobiernos quieren disputar una tajada más grande de esas ganancias y elevan las regalías. El resultado es que los precios de casi todos los minerales se ha disparado, y ello también alimenta la inflación.
El aumento del precio de los hidrocarburos afecta directamente a los sectores agropecuarios, ya que incide desde en los fertilizantes hasta en los costos de operación de la maquinaria. El cambio climático que se quiere evitar de todos modos tiene consecuencias que afectan directamente a la producción agropecuaria, encareciendo los precios de algunos alimentos. La guerra en Ucrania acentuó estos problemas, y ahora encontramos que el precio del trigo aumentó proporcionalmente más que el del petróleo, y los fertilizantes más que cualquiera de ellos.
Por todas estas razones, la verdeflación es distinta a las anteriores. Se mezclan restricciones en la oferta, por ejemplo, en hidrocarburos, con las consecuencias de mayor inversión, como ocurre con la expansión en la producción de baterías. El Banco Central Europeo lo reconoce, pero advierte que no solo no renuncia a la transición energética, sino que desea acelerarla. Contempla medidas adicionales, tales como limitar el endeudamiento que pueden tener emprendimientos contaminantes o favorecer más las inversiones en energías renovables. En cambio, en América Latina estas cuestiones casi no se discuten, y en Uruguay es una incógnita si nuestras autoridades financieras las conocen.
Como es una crisis de otro tipo, los ministros de Economía y los directores de los bancos centrales no podrán solucionarla por sí solos. No está en sus manos resolver la guerra en Ucrania ni pueden decretar que mágicamente habrá más yacimientos de cobre o litio. Esas son condicionalidades políticas a su vez insertadas en contextos ecológicos. Para abordarlas es indispensable pensar la economía de un modo radicalmente distinto.
