Informe de liquidadores de Gas Sayago desacredita auditoría en la que se basa denuncia penal

Jugando a la mosqueta

El directorio de UTE decidió ocultarle a la Justicia un informe interno que desacredita parte de la auditoría de Price Waterhouse Cooper, utilizada como base de la denuncia penal por Gas Sayago. Entre otras cosas, reduce en un 50 por ciento las pérdidas estimadas por la consultora privada.

Planta de Gas Sayago Juanjo Castel

En junio de 2021, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, anunció la presentación de una denuncia penal por la fallida construcción de la planta regasificadora. En esa instancia, aseguró que el proyecto provocó pérdidas por unos 213 millones de dólares. La cifra surgía de un informe de la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), que facturó por 13,1 millones de pesos (unos 300 mil dólares) por sus servicios. Cinco meses después, mientras las autoridades de la anterior administración declaran ante la Justicia, un informe de los liquidadores de Gas Sayago SA –basado en un informe de la consultora Deloitte–, cerrado a junio de 2021, desacredita parte de las conclusiones de PWC mediante una reducción drástica de los números rojos de la empresa. Según los datos a los que accedió Brecha, la baja ronda el 50 por ciento de la pérdida estimada, y con la perspectiva cierta de seguir bajando.

En efecto, el principal impacto en las finanzas refiere a la inclusión de los 100 millones de dólares pagados por el consorcio GNLS (conformado por GDF Suez y Marubeni) al retirarse del proyecto de la regasificadora, que PWC no tuvo en cuenta. Además, con el proceso de liquidación en marcha, las cuentas de Gas Sayago mejoraron a partir de la venta de bienes y de otros ingresos de dinero. Esto permitió cancelar una millonaria deuda contraída con UTE, pagar otras deudas comerciales con el ente energético y con ANCAP, y reducir la provisión de gastos asociados por la liberación del depósito de Puntas de Sayago y su entrega a la Administración Nacional de Puertos, así como un pago a la Dirección Nacional de Aduanas. Todo esto permitió reducir el pasivo en unos 5,8 millones de dólares. Además, se contabilizaron los 6 millones de dólares cobrados en abril de 2021 a la constructora OAS, que se encargó de la obra civil de la regasificadora (como subcontratada de GNLS) y un gasoducto, algo que PWC no hizo.

Pero el trabajo de los liquidadores arrojó otros resultados positivos referidos a eventuales deudas futuras; entre ellas, las vinculadas al retiro de los pilotes, que el informe de PWC estimó en 8 millones de dólares. Tras los informes técnicos el precio de esta acción se redujo unos 115 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares). Además, se muestra una visión positiva sobre el futuro de las acciones judiciales pendientes que tienen a Gas Sayago como demandado, cuyo monto total alcanza los 92 millones de dólares. En los juicios en los que se hizo la conciliación previa –que comprenden reclamos por unos 42 millones de dólares–, la empresa no fue notificada del inicio de ninguna demanda. En virtud del tiempo transcurrido, los servicios jurídicos de Gas Sayago estimaron que la probabilidad de que la demanda civil se concrete es muy baja. El informe también detalla que Gas Sayago corre un riesgo «mayor a la media» de perder el juicio promovido por OAS por unos 30 millones de dólares. Pero apunta que, al tratarse de un juicio en una etapa incipiente, sobre un tema complejo y con la presentación recurrente de hechos nuevos, es difícil prever el monto final de la condena. El informe de PWC daba este juicio como perdido, por la cifra total de la demanda.

El informe de los liquidadores fue elevado al directorio de UTE el 13 de setiembre de 2021 y analizado en la sesión del 7 de octubre. Y quedó por allí. Pero días atrás volvió a estar sobre la mesa, cuando en la sesión del 4 de noviembre el directorio decidió remitir a la Justicia el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública con duras críticas a las exautoridades de UTE y ANCAP por la gestión de Gas Sayago. En esa instancia, la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, planteó incluir en este envío el informe de los liquidadores de Gas Sayago, en el entendido de que podía ser un insumo importante para la Justicia. Sin embargo, la mayoría oficialista rechazó adjuntar esta documentación. Cardona aseguró a Brecha que la negativa obedece a que este informe no coincide con el relato sesgado que la coalición de gobierno quiere instalar sobre Gas Sayago. Y apuntó que reafirma sus críticas al trabajo de PWC y a la decisión del directorio de contratar una consultoría antes de la liquidación final de la empresa.

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