Recuerdos selectivos - Brecha digital
Gas Sayago: cuestionan declaraciones de Enrique Antía y José Amy

Recuerdos selectivos

La defensa del expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla analiza presentar una denuncia penal por falso testimonio contra uno de los exdirectores del organismo. Para probar este extremo, se solicitó agregar diversos documentos internos del ente energético que fueron obviados en la denuncia penal del organismo.

José Amy adhoc, Javier Calvelo

Con la declaración del expresidente de ANCAP Raúl Sendic la Justicia cerró una nueva etapa de la indagatoria penal sobre presuntas irregularidades en el proceso de construcción de la planta regasificadora y la gestión de Gas Sayago SA. En su breve comparecencia, el jueves 25 de noviembre, el exvicepresidente de la república –que solo contestó preguntas del fiscal Luis Pacheco– dijo que el proyecto «no fue un capricho», sino parte de «un análisis concienzudo» sobre la posibilidad de incorporar el gas natural a la matriz energética de Uruguay, y que existen varios estudios que confirman la viabilidad del proyecto.

La construcción de una planta regasificadora era parte del acuerdo multipartidario en el área de energía. Como resultado de una licitación internacional, en 2013, el Poder Ejecutivo adjudicó su construcción al consorcio GNLS, conformado por GDF Suez y Marubeni. Esto representaba una inversión de 3.400 millones de dólares; el adjudicatario cobraría un royalty de 14,5 millones de dólares, durante 20 años, por la gestión.

Sin embargo, el proyecto quedó trunco cuando la constructora brasileña OAS, contratada por GNLS para la obra civil, que incluía muelle y escollera, quedó inmersa en la operación Lava Jato, el escándalo de corrupción de Petrobras. Al retirarse, GNLS pagó una garantía de 100 millones de dólares al Estado. Los intentos del gobierno de reflotar el proyecto fueron infructuosos, por lo que a fines de 2019 resolvió la liquidación y el cierre de Gas Sayago SA, empresa propiedad de UTE y ANCAP, encargada de tramitar el proyecto.

El caso llegó a la Justicia en 2013, después de una denuncia del abogado Gustavo Salle, pero tuvo pocos avances. Este año la jueza María Helena Maynard retomó la indagatoria, tras la denuncia presentada por el directorio de UTE con base en un informe de la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC) en el que se señaló que el proyecto no tenía un estudio de factibilidad ni un modelo económico financiero sustentable y que provocó una pérdida de 213 millones de dólares para el Estado.

La denuncia siguió el relato construido por la entonces oposición sobre este tema. Su eje vertebral es que las abultadas pérdidas económicas fueron resultado de un accionar arbitrario de las exautoridades, que tuvieron cuatro oportunidades para discontinuar el proyecto, pero decidieron seguir adelante. «No cabe duda de que existieron una continuidad y persistencia de actos arbitrarios y abusos funcionales en la toma de decisiones, sin sustento racional ni documental, que afectaron gravemente los fondos públicos», sostiene el escrito firmado por el abogado Jorge Barrera. Días después se sumó una denuncia de ANCAP.

Con estos elementos, la Justicia interrogó a los principales partícipes del frustrado proyecto. Entre octubre y noviembre declararon Sendic, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla y Marta Jara, expresidenta de ANCAP y exgerenta de Gas Sayago. También el exdirector de Energía Ramón Méndez y los exdirectores de UTE por la oposición Enrique Antía (actual intendente de Maldonado) y José Amy (hoy director del Instituto Nacional de Colonización), entre otros. Estos últimos concurrieron como testigos.

Después de escuchar estas declaraciones, la defensa de Casaravilla presentó un escrito en el que reclamó que UTE agregara al expediente varias resoluciones del directorio y un informe de los servicios técnicos referidos al proyecto que fueron omitidos en la denuncia penal. Con esto se apunta a demostrar que los exdirectores Antía y Amy aportaron información errónea en su declaración judicial, afirmó el abogado Juan Pablo Decia a Brecha.

Ante la Justicia, Antía cuestionó la viabilidad económica del proyecto y afirmó que este asunto se abordó con una celeridad inusitada y con estudios técnicos incompletos y que, por eso, votó en contra de la adjudicación. Esta valoración crítica de Antía fue registrada en un acta del directorio del ente de mayo de 2013.

Sin embargo, la defensa pidió agregar otro documento que contradice estas afirmaciones. Se refiere a la resolución 13-1490, del 26 de setiembre de 2013. Ese día, el directorio de UTE mandató a sus representantes en Gas Sayago SA a aprobar la adjudicación del contrato con GNLS. Este documento muestra que Antía votó a favor. «La resolución de setiembre está firmada por Antía. Si bien en su momento cuestionó la adjudicación, al momento de firmar el contrato lo consintió», explicó Decia.

Los cuestionamientos a la declaración de Amy tienen puntos en común. El dirigente colorado aseguró ante la Justicia que al ingresar al directorio encontró varias advertencias que sugerían que, tras la decisión de Argentina de retirarse del negocio, había que terminar con el proyecto, pues esto hacía que la viabilidad del negocio fuera nula. «Una cosa que también noté era la ausencia de un informe sólido que justificara una obra de esta envergadura», afirmó Amy (El Observador, 23-X-21).

Ante esto, la defensa pidió agregar al expediente un informe elaborado por los servicios técnicos de UTE denominado «Actualización de evaluación del Proyecto Gas Natural Licuado para el sector eléctrico nacional». Este informe, fechado en noviembre de 2015, está incluido en el expediente 1201231 de la empresa estatal, que no fue agregado en la denuncia penal. En este texto, que fue declarado reservado,1 los servicios técnicos avalaron la viabilidad económica del proyecto incluso con la ausencia de Argentina. Según este informe, la construcción de la planta regasificadora tendría un beneficio de 300 millones de dólares para el país en un período de 15 años.

En la audiencia, Amy fue interrogado por el contenido de este informe y dijo desconocerlo; por eso, la defensa pidió agregar la resolución 16-585, de marzo de 2016, en la que se dispuso la reserva y confidencialidad del expediente, así como de las actas de sesión del directorio. «Nos interesa probar que este informe de 2015 era algo conocido por el directorio en pleno», alegó Decia. El abogado explicó que este informe es el que da «sustento y fundamento» a todas las decisiones adoptadas sobre el proyecto.

Finalmente, se pidió agregar una copia fiel de la resolución 18-1071, del 7 de mayo de 2018. Allí se encuentra el plan de reposicionamiento, cuyo objetivo fue reducir el pasivo de la empresa. Sobre esto se pide añadir el acta del directorio, así como la constancia de voto de cada director, para demostrar que Amy también estaba al tanto de este proceso. La incorporación de estas pruebas ya fue autorizada por el fiscal Pacheco.

En función de estos elementos, la defensa analiza presentar una denuncia penal por falso testimonio contra Amy. El abogado explicó que los exdirectores opositores declararon como testigos y, por eso, están obligados a decir la verdad. «Un testigo puede olvidarse de una situación, pero no puede decir que desconocía un informe y que después aparezca que aprobó un acta en la que se analiza ese informe. Pareciera que se actuó con un ánimo deliberado de ocultar información», argumentó Decia.

Siguiendo esta línea, el abogado afirmó que en la denuncia de UTE existe una constante en cuanto a la presentación de información parcial sobre el proyecto. Todos los documentos agregados «tienen un sesgo en favor del interés que se persigue», que es lograr la responsabilidad penal de las anteriores autoridades. «Si lo que se busca es llegar a la verdad de lo que sucedió, se debió remitir toda la información, íntegramente, no hacer una selección parcial», dijo.

Al decir del abogado, esto puede verse en que la denuncia omite todas las constancias de votos discordes de la directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, con cuestionamientos a la auditoría de PWC y al informe de la Junta de Transparencia, así  como también la decisión de la mayoría oficialista en UTE de ocultarle a la Justicia un informe de los liquidadores internos de Gas Sayago que desacredita parte de la auditoría de PWC (véase «Jugando a la mosqueta», Brecha, 11-XI-21). «Se mandó información parcializada y con un sesgo muy claro», afirmó Decia.

1. La declaración de reserva se adoptó al amparo del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

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