Keiko Fujimori, hija mayor del autócrata Alberto Fujimori, afrontaba un proceso judicial por lavado de activos y organización criminal debido a millonarios aportes de campaña no declarados en 2011 y 2016. Este mes ha sido una de las favorecidas por la eliminación del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. Ya lo había sido anteriormente por tres decisiones del Tribunal Constitucional, nombrado por el Congreso, dominado por la bancada fujimorista.
Por otro lado, la gestión del actual presidente encargado, José Jerí, se tambalea desde el 8 de enero debido a reuniones clandestinas con empresarios chinos, pero también está protegido por el régimen y el fiscal general interino Tomás Gálvez.
Gálvez y Jerí llegaron a sus respectivos cargos en octubre. Desde entonces, la cantidad de asesinatos de choferes de transporte público amenazados por extorsionadores ha ido en aumento, al igual que los crímenes vinculados con la minería ilegal.
Jerí, hasta entonces presidente del Congreso, reemplazó a Dina Boluarte en el Poder Ejecutivo y repite el papel que cumplió su predecesora: simula gobernar. Integrante de un grupo político sin doctrina sometido al fujimorismo, afronta una investigación fiscal por desbalance patrimonial debido a pagos ilegales que recibió de proveedores del Estado durante su gestión como parlamentario. En agosto, Gálvez archivó una investigación contra él por violación sexual.
Como fiscal supremo, Gálvez fue destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia debido a que era investigado desde 2018 por pertenecer a la red de corrupción Cuellos Blancos del Puerto, una mafia que estaba formada por jueces, fiscales, empresarios y miembros del consejo de la judicatura. Uno de sus hombres clave, un juez supremo que bloqueó la investigación fiscal contra Keiko Fujimori en el caso Odebrecht, está prófugo en Bélgica.
La década pasada, el Ministerio Público creó el Equipo Especial de Fiscales a cargo de los casos de los Cuellos Blancos, pero Gálvez lo eliminó, al igual que al Equipo Especial Lava Jato, creado en 2018.
Los miembros de la Junta Nacional de Justicia nombrados por el actual Congreso anularon la sanción a Gálvez en 2025 y lo repusieron como fiscal supremo en setiembre. En simultáneo, suspendieron por seis meses a quien era la fiscal general titular, Delia Espinoza, cuyo despacho investigaba a más de la mitad de los congresistas. Gálvez la reemplazó y el régimen capturó una institución más.
En los años que estuvo fuera del Ministerio Público, el actual fiscal general interino participó en campañas de desinformación y hostigamiento contra el equipo fiscal Lava Jato, una fuerza de tarea anticorrupción que se enfrentó a caudillos de todas las tendencias y a empresarios, y que ha logrado 62 sentencias condenatorias. Algunas de estas han llevado a prisión a tres expresidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, y a exgobernadores regionales. De manera adicional, el equipo logró el pago de más de 1.300 millones de dólares en reparaciones civiles, abonadas principalmente por la brasileña Odebrecht, entre otras constructoras.
EL CASO CÓCTELES-LAVA JATO
Keiko Fujimori es la política con más poder desde el frustrado autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y lidera el régimen autoritario que empezó con Boluarte y sigue con Jerí. Era la principal procesada en el caso Cócteles-Lava Jato tras una investigación fiscal transnacional de gran complejidad en la que los testigos eran dueños de los principales grupos económicos peruanos, además de ejecutivos de Odebrecht.
Keiko Fujimori es candidata a la presidencia por cuarta vez y cuenta no solo con el favor del fiscal general interino, sino con el del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Autoridad de Control del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La bancada fujimorista, además, aboga por la prescripción y la amnistía de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, noviembre de 2020 y las masacres de 2022-2023.
Un juez de investigación preparatoria, amigo de un político aliado de Fujimori, decidió la semana pasada, ejecutando una decisión del Tribunal Constitucional, archivar el caso Cócteles-Odebrecht.
En este panorama, para las elecciones de abril, los peruanos no saben a quién elegir. Entre el 47 y el 54 por ciento de los electores afirma no tener candidato. El primero que aparece en la lista, con apenas el 10 por ciento de la intención de voto, es un mal imitador de Donald Trump, el empresario de extrema derecha Rafael López Aliaga.
