El contraste entre la llegada de Juan Pablo II a Chile, en 1987, y la actual de Francisco ha sido tremendo.
La primera estuvo caracterizada por una gran mística y entusiasmo popular. Más que por la persona del papa, por las expectativas políticas que suscitó en épocas de dictadura; y por la identificación que gran parte de la población tenía con una Iglesia que había sido protagonista en la defensa de los derechos humanos tan gravemente vulnerados.
En cambio, hoy Chile vive un marasmo político con dos coaliciones hegemónicas (Chile Vamos y Nueva Mayoría) que, más allá de sus diferencias discursivas, han efectuado una consolidación del modelo económico-social neoliberal impuesto por la dictadura. Recién se está produciendo una grieta de dicho modelo con el surgimiento de una tercera fuerza significativa: el Frente Amplio. Y, por otro lado, la Iglesia Católica se ha transformado en una institución cada vez más alejada de los sentimientos y anhelos populares. Esto último es un fenómeno latinoamericano, pero ha tenido especial énfasis en Chile. Así, del 74 por ciento de la población que se declaraba católica en 1995 se bajó el año pasado (2017) a 43 por ciento (Latinobarómetro). Y lo que es más, Chile se ubicó en el último lugar de la región en cuanto a su confianza en la Iglesia: 38 por ciento; y fue el país que le puso la peor nota a Francisco (Latinobarómetro).
Sin duda que en la decadencia de la Iglesia chilena –y particularmente del papa– han influido numerosos casos de encubrimientos de delitos de pederastia efectuados por eclesiásticos chilenos. Particularmente del sacerdote Fernando Karadima, que en torno a una parroquia (El Bosque) del sector más acomodado de Santiago constituyó una secta perpetradora de abusos sexuales, psicológicos y financieros. Y también ha repercutido la promoción que ha hecho Francisco de dos obispos “protectores”: el cardenal y ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz; y el actual obispo de Osorno, Juan Barros.
En efecto, entre los ocho cardenales designados para integrar una comisión que estudia una reorganización de la curia vaticana, está Errázuriz. Y esto luego de que él mismo reconociera acciones de protección a obispos y sacerdotes condenados civil y/o canónicamente; o sancionados fácticamente. Así, respecto del caso del obispo Francisco José Cox, quien tuvo que abandonar su cargo en La Serena en 2002 por las denuncias de depredador de niños que en su contra publicó el diario La Nación (3-XI-02), Errázuriz reconoció que Cox “tenía una afectuosidad un tanto exuberante”, la que “se dirigía a todo tipo de personas, si bien resultaba más sorprendente en relación con los niños”. Además, recordó que “cuando sus amigos y sus superiores llegamos a ser muy duros para corregirlo, él guardaba silencio y pedía humildemente perdón. Nos decía que se iba a esforzar seriamente por encontrar un estilo distinto de trato, pero lamentablemente no lo lograba” (La Nación, 2-XI-02). Tanto Errázuriz como Cox pertenecen a la Congregación de Schoenstatt. Por lo que se puede deducir que esta cita se refiere al período en que el primero fue superior de la congregación en Chile (1965-1971). Pese a esta constatación retrospectiva, y a que Errázuriz llegó a ser entre 1974 y 1990 superior mundial de Schoenstatt, Cox fue designado obispo de Chillán (1975-1981). Luego ¡fue designado en el Vaticano como secretario del Pontificio Consejo para la Familia!, desempeñándose en ese cargo entre 1981 y 1985. Posteriormente fue curiosamente “degradado” a obispo auxiliar de La Serena, entre 1985 y 1990, asumiendo en esta fecha como arzobispo de La Serena. También se desempeñó entre 1986 y 1987 como secretario ejecutivo de la comisión organizadora de la visita de Juan Pablo II a Chile en 1987. Finalmente, Cox fue sancionado simplemente con su reclusión en un convento en Alemania, por sus “conductas impropias”.
Otro reconocimiento de “protección” de Errázuriz fue al sacerdote José Andrés Aguirre (el cura “Tato”), condenado en 2005 a 12 años de cárcel por nueve abusos contra menores de edad y un estupro. Ya en 1994 el arzobispado de Santiago sabía que había dejado embarazada a una niña (La Nación, 15-X-04). Y “consultado por qué el cura Tato no había sido expulsado de la Iglesia apenas se supo que había cometido abusos (…) Errázuriz dijo que en ese momento se creyó posible su rehabilitación y posterior reinserción pastoral uniéndolo a un movimiento en el extranjero que ‘brindaba un excelente acompañamiento espiritual’” (El Diario de Atacama, 18-VII-04). De este modo, Aguirre fue enviado a Costa Rica y Honduras en 1994. A su vuelta, en 1998, se lo nombró en la Vicaría Pastoral de Quilicura, al norte de Santiago; y en 2000, párroco de Nuestra Señora del Carmen de la misma comuna, donde continuó con sus delitos.
Además, cuando se destapó este último caso, en 2002, la madre de tres de las niñas abusadas por Aguirre en Quilicura, Silvia Leiva, contó que en 1999 fue a denunciarle los hechos al obispo auxiliar de Santiago, Sergio Valech. Según ella, éste le dijo “que no creyera todo lo que se decía, que no expusiera a mis hijas porque las iba a asediar la prensa, y ‘ellos son buitres que donde tienen comida, comen’. También dijo que si contaba algo, sería acusada de injurias porque la Iglesia es un elefante y yo sólo una hormiga”(La Nación, 21-X-02). El mismo diario relató que –pese a los insistentes pedidos– Valech se negó a ser entrevistado al respecto.
Por último, Errázuriz protegió a Karadima, ya que la primera denuncia –de José Andrés Murillo– que recibió sobre los abusos de dicho párroco fue en 2003.1 Sin embargo, recién en 2005 Errázuriz inició un proceso canónico. Y cuando Murillo buscó acelerarlo con el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga (cercano a Karadima), éste descalificó totalmente su denuncia y trató de intimidarlo señalándole que “en la parroquia de El Bosque tenían buenos abogados”.2
Y el mismo Errázuriz, según una declaración efectuada ante la justicia (ya que finalmente cuatro víctimas querellaron contra Karadima), reconoció que frenó el proceso canónico: “El receso del procedimiento administrativo entre los años 2006 y 2009 es de mi responsabilidad y fue una decisión que tomé luego de haber oído el testimonio de monseñor Andrés Arteaga respecto de los denunciantes”.3 Dado el escándalo público, finalmente se obtuvo de Roma una condena canónica para Karadima y el fin de la virtual secta de El Bosque. Pero de todas formas, la dilación de Errázuriz hizo que los casos presentados ante la justicia prescribieran.
Respecto del caso de Juan Barros, éste fue formado espiritualmente por Karadima y fue parte de su círculo más cercano, clave en la configuración de la secta abusadora. Además hay denuncias de que como sacerdote y secretario del arzobispo de Santiago (Juan Francisco Fresno) ocultó denuncias presentadas en contra del párroco ¡ya en 1983!,4 que participó en “juicios” públicos dentro de la secta en al menos dos casos,5 y que orquestó un sórdido desprestigio contra un seminarista, que a su vez fue víctima de Karadima (Juan Carlos Cruz) en 1987, como secretario de Fresno y a instancias del párroco.6
Por todo ello ha sido terriblemente desmoralizador para la Iglesia chilena que Francisco lo haya designado obispo de Osorno en enero de 2015 (ya era obispo, designado por Juan Pablo II). Generó una resistencia pública y permanente de significativos sectores católicos de Osorno; y hasta críticas de los jesuitas y de la Congregación de los Sagrados Corazones chilenos. Pero sin duda lo peor fueron los dichos de Francisco que pudieron presenciar todos los televidentes chilenos en 2015, de que la grey de Osorno era “tonta” por no acoger a Barros y de que estaba manipulada en ese sentido por “zurdos”.
Además, Francisco ha mantenido a otros dos obispos formados espiritualmente por Karadima y que participaron en el círculo dirigente de su virtual secta: Tomislav Koljatic, en Linares, y Horacio Valenzuela, en Talca; diócesis de ciudades relevantes del Chile central.
- Véase Los secretos del imperio de Karadima, de Mónica González, Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia. Editorial Catalonia, 2014.
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